El Gobierno, sorprendido por los «inusuales» argumentos para rechazar la querella a Peinado
Se ha rechazado por unanimidad la demanda impuesta contra el juez del caso Begoña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Dirk Waem (Europa Press)
El Gobierno respeta la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de rechazar la querella por prevaricación presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez, pero discrepa de su argumentación y se sorprende de algunas manifestaciones «inusuales» e «innecesarias» para la motivación del auto.
Fuentes del Ejecutivo han hecho estas consideraciones después de que el citado tribunal rechazara por unanimidad estudiar esa querella presentada por la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de prevaricación contra Peinado.
Subraya el Ejecutivo que la querella se interpuso en defensa de la institución de la Presidencia del Gobierno y respeta la decisión del TSJM, pero discrepa de sus razonamientos jurídicos y de su argumentación.
También asegura que sorprenden algunas manifestaciones «inusuales e innecesarias» para la motivación jurídica del auto, máxime cuando la Presidencia del Gobierno y la Abogacía del Estado recalca que solo pretenden preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución y ver si su vulneración podría constituir un ilícito penal.
Recuerdan además que en la querella ya se advertía sobre el verdadero fin de llamar a declarar de forma presencial al presidente del Gobierno: convertir esa declaración en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial.
Esa sospecha, se asegura desde el Gobierno, «lamentablemente, se ha revelado cierta«.
Así, explica que el mismo día que el juez envió a las acusaciones particulares (que recuerda que son diversas organizaciones ultraderechistas, fundamentalistas y antivacunas) la declaración, esta fue filtrada a numerosos medios de comunicación.
Confía el Gobierno en que lo sucedido contribuya al necesario debate social sobre las consecuencias de la estrategia «de la derecha ultra y la ultraderecha basada en el envenenamiento de la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares».
«Nuestra obligación como Gobierno -subrayan las fuentes- es, como siempre, defender la legalidad, el Estado de derecho y las instituciones».
