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El jefe de Barcelona Turisme cobra un alquiler de 400.000 euros al consorcio que preside

El principal hotelero de Cataluña suscita críticas por el «aprovechamiento descarado» de su cargo con fines privados

El jefe de Barcelona Turisme cobra un alquiler de 400.000 euros al consorcio que preside

Jaume Collboni, Jordi Clos y Xavier Trias. | EP

El consorcio que gestiona la promoción turística de Barcelona está presidido por el patrono de los hoteleros de la ciudad, Jordi Clos, que es a la vez su casero. La empresa Papire SA, de la que el empresario catalán es administrador único, cobra un alquiler de 395.328,96 euros anuales al ente que él mismo capitanea, un órgano público-privado bajo la tutela del Ayuntamiento, que sufraga la mayor parte de su actividad. Teniendo en cuenta la fecha de inicio del arrendamiento, se puede estimar que la suma total desembolsada por Turisme de Barcelona (TdB) a una de las sociedades de este alto cargo ronda los cinco millones de euros.

Clos recibe cada año a través de una de sus firmas privadas un pago por parte del consorcio que casi cuadruplica el salario del alcalde, Jaume Collboni, que es a su vez el presidente del consejo de este órgano. Ello a pesar de que el puesto de Clos no le da derecho a remuneración alguna, pues los miembros de los órganos de gobierno de esta organización no perciben ninguna retribución, ni siquiera de dietas por su asistencia a las reuniones, a diferencia del director general, Mateu Hernández, que sí cobra un salario de 130.000 euros anuales.

El contrato de alquiler fue firmado hace 13 años por el entonces presidente de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, también expresidente del Barça y empresario hotelero condenado por la quiebra del grupo Husa. La sentencia, que no es firme, le inhabilita para gestionar bienes ajenos y le obliga a devolver el sueldo que cobró y que, según la justicia, no debería haber antepuesto a la satisfacción de las deudas de la compañía en su proceso concursal. 

El empresario hotelero y presidente de Turisme de Barcelona, Jordi Clos. | EP

Cobra el alquiler desde Madrid

Esta situación no ha impedido que Gaspart renovase su puesto como vocal en la cúpula del consorcio el año pasado, cuando se designó la nueva dirección. Fue entonces cuando el dueño de la sede de Turismo de Barcelona, situada en el número 7 del céntrico pasaje de la Concepción, pasó de ser vicepresidente del consorcio, el cargo que tenía cuando empezó a arrendar el inmueble al organismo, a presidirlo

Cuando Clos todavía no había sido ascendido al más alto cargo de esta entidad, una información de Economía Digital desveló que el entonces vicepresidente hacía negocio desde su grupo hotelero privado con el alquiler de la sede. Gracias a una petición de acceso a la información pública basada en la ley de Transparencia, THE OBJECTIVE ha tenido acceso al importe exacto de la renta. El dato pone de manifiesto que Turisme de Barcelona paga al grupo hotelero de su presidente -que trasladó su domicilio social a Madrid, según algunos por el procés y según otros «para evadir impuestos»-, el 70% del presupuesto con el que cuenta para sufragar los alquileres de todas sus instalaciones, según la memoria económica de 2023.

Consorcio: «No hay conflicto de intereses»

Al ser consultados por este medio, los portavoces del consorcio han subrayado que «es un alquiler que está dentro de los precios de mercado y el contrato, que se firmó antes de que él fuese presidente, es con una empresa, no a nombre de Clos, y ha pasado por todos los procesos de compliance [cumplimiento normativo]». Como se ha explicado, no era presidente sino vicepresidente en el momento de cerrarse esta operación inmobiliaria a través de la sociedad mercantil Papire SA, de la que es administrador único. Es una de las empresas que componen el imperio hotelero Derby Hotels, del que Clos es presidente y consejero delegado y que le ha permitido ser una de las 100 mayores fortunas de España, y la primera del sector turístico en Cataluña.

Desde el consorcio reiteran que «los contratos de alquiler no están sometidos a la ley de Administraciones Públicas» y que «no hay conflicto de intereses porque ha pasado por compliance y por todos los procesos». “Nosotros también somos ayuntamiento, ya que somos un ente consorciado con el ayuntamiento, la Cámara y la Fundación”, señalan en referencia a la Cámara de Comercio de Barcelona y la Fundación Barcelona Turisme.

Se decidió «sin saber de quién era»

Sin embargo, fuentes consultadas en el mismo consorcio contradicen la versión oficial, reconociendo que no se tomó ninguna medida interna, ni de asesoramiento jurídico ni de activar el comité de buenas prácticas, a pesar de que el reglamento del ente obliga a ello en casos de posibles conflictos de intereses. Aun así, justifican la decisión de trasladar la sede del consorcio a un edificio propiedad del entonces vicepresidente porque las instalaciones anteriores se habían quedado pequeñas.

Según este relato, el director de la época, Pedro Durán, hizo «prospecciones» en el centro de Barcelona para dar con «el local más barato» que permitiese alojar las oficinas de Turisme de Barcelona. «Cuando lo habíamos acordado y decidido, nos enteramos de que Jordi Clos era uno de los socios de la propiedad», detalla el mismo interlocutor, que incide en que el inmueble se eligió «sin saber de quién era». Ante esta desafortunada coincidencia, se pidió «un descuento» al propietario, que habría accedido a aplicar «un precio especial».

«Un aprovechamiento descarado»

Fuentes jurídicas ven en este caso «un aprovechamiento descarado» y, aunque dan la razón al consorcio en el argumento de que la ley no prohíbe este tipo de prácticas, recuerdan que una organización sí tiene obligación de cumplir sus propios estatutos y normas internas cuando se regula el conflicto de interés. En este caso, consideran que en el código de buenas prácticas del que dispone Turisme de Barcelona «sí que encajaría en algún supuesto» el cobro del alquiler por parte de un directivo y, por tanto, «puede haber un conflicto de interés según define el propio código» en su artículo 16 cuando habla de «operaciones que tienen un contenido económico como es la del contrato de arrendamiento con uno de los miembros del consorcio».

Este reglamento interno deja claro que «habrá interés personal cuando una situación afecta a un empleado o a una persona o entidad con él vinculada», como es el caso. Y, para cualquier situación en la que se genere aunque sea «alguna duda» sobre si existe el conflicto de interés, debe informarse al comité de buenas prácticas con el que cuenta el ente público-privado para examinar estos casos. Un comité que, al menos según el testimonio de dos de las fuentes preguntadas, no se consultó esta cuestión.

El hotelero Clos (2i) y el alcalde Collboni (3i).

Las instituciones, un inquilino seguro

En cuanto al valor del inmueble, fuentes del mercado dan por buena la versión oficial en lo que respecta a que el importe de alquiler no es superior al de mercado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el negocio hotelero de Clos a través del grupo Derby consiste en adquirir edificios, reformarlos y explotarlos como alojamiento, un modelo en el que se fusionan la figura del patrimonialista y el gestor hotelero.  En el caso de la finca en cuestión, según la información disponible en el Registro de la Propiedad, las escrituras imponen una limitación que impide construir por encima de una altura de diez metros, lo que restringe su potencial como activo hotelero.

Colocarlo como oficina permite darle una rentabilidad al activo sin necesidad de reconvertirlo en alojamiento turístico. Además, el experto jurídico expone que con esta solución, Clos se asegura «una rentabilidad de ese edificio» a través de «un alquiler continuo», ya que las instituciones son un cliente «que no va a fallar», algo en lo que se tiene un nivel de garantía todavía superior cuando «formas parte antes como vicepresidente y ahora como presidente». Derby Hotels adquirió el edificio en 2004, por lo que lo ha tenido arrendado a Turisme de Barcelona durante la mayor parte del periodo en el que ha tenido este inmueble en cartera. La pregunta que surge es si no existía en toda la ciudad otra propiedad que permitiese llevar a cabo las actividades del consorcio sin producirse la anómala situación de que parte del dinero aportado por los contribuyentes a las arcas municipales termine en la cuenta de una de las empresas privadas del encargado de gestionar y promocionar la marca Barcelona.

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