La opacidad de Gobierno y autonomías obliga a Transparencia a aumentar su plantilla un 50%
Los incumplimientos de las resoluciones del organismo se han disparado y alcanzan hasta septiembre el 11,5%
La falta de transparencia se ha convertido es habitual, con destacables silencios administrativos.Los ministros López y Bolaños en el Congreso. | Agencias
El número de efectivos en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha aumentado un 47,62% desde el desembarco de Pedro Sánchez en Moncloa. Sin embargo, la carga de trabajo de esta entidad se ha incrementado, en los diferentes ámbitos que le incumben, en casi un 70%. El crecimiento de la plantilla de este organismo independiente que vela por garantizar el derecho a la información de los ciudadanos está justificado por la cada vez mayor carga de trabajo y la opacidad del Estado, y también de las administraciones regionales. El presupuesto del organismo se amplió el pasado año algo más de un 12,5%, hasta alcanzar los 3,37 millones.
El silencio administrativo y múltiples excusas apoyadas en la supuesta confidencialidad de los datos son cada vez más frecuentes en un contexto en el que cada vez es más necesaria la transparencia. El Gobierno ignora el 34% de las demandas de información de ciudadanos en Transparencia, lo que muestra su opacidad en asuntos de interés. Sin embargo, hay que destacar que el silencio administrativo se eleva a casi un 85% en las comunidades.
Los viajes de los miembros del Gobierno, los encuentros en Moncloa entre empresarios y Begoña Gómez, los contratos de la covid o el nombre de los asesores de Sánchez son para el Ejecutivo materias reservadas. Las respuestas, cuando las hay, son vagas, llenas de excusas. No disponer de personal para elaborar las peticiones, aunque los datos deberían estar guardados en bases de datos, se ha convertido en otro argumento sorprendente para negar información.
La actividad de Transparencia
Los datos analizados por THE OBJETIVE, muestran que la plantilla de este organismo, que preside José Luis Rodríguez Álvarez, ha pasado de 21 a 31 efectivos desde 2018. De estos 31 efectivos, nueve tiene nivel 29 y 30, los más altos en la Administración. Mientras, las resoluciones de Transparencia, en las que se exige información ante la falta de respuesta adecuada de las administraciones, han pasado de 1.338 en 2018 a 2.259 en 2023. Esto supone un 68,8% más.
Destaca también que 2024 puede convertirse en el año en el que más incumplimientos de las resoluciones de Transparencia –exigencias de información– se produzcan. Hasta septiembre, el porcentaje de expedientes en los que no consta cumplimiento por parte del estado superaba el 13,5%. En todo 2023, el porcentaje fue prácticamente la mitad.
Mayor opacidad
La última memoria de Transparencia muestra el notable incremento de actividad. Además de la función de salvaguardar el derecho a la información pública, el CTBG también supervisa el cumplimiento de las obligaciones de la ley de transparencia por parte de los sujetos obligados. Las reclamaciones resueltas en 2023 se incrementaron en un 36,7% con respecto a 2022. Mientras, el año pasado se evaluaron los cumplimientos de 254 entidades públicas y privadas. El objetivo es conocer si se actualizan las webs institucionales y el Portal de Transparencia. En 2023 se evaluaron las páginas de 35% de organismos más que un año antes.
Destaca el organismo en su última memoria que el 36,4% de las entidades evaluadas en 2023 no cuenta con un portal de transparencia, eso supone una gran dificultad para encontrar determinados datos. Entre los que disponen de un portal, en el 43% de los casos la información se encuentra desorganizada. Las entidades que no tienen portales de transparencia siguieron aumentando el pasado año con respecto a los precedentes. Mientras, las entidades que desoyen las recomendaciones de Transparencia suponen una de cada tres, un porcentaje que se reduce considerablemente en el caso de los entes perceptores de subvenciones.
Poca información… y deficiente
Los incumplimientos son relevantes en la Administración General del Estado (AGE), aunque algo menores. El Portal de Transparencia de la AGE no publica un 20% de la información legalmente obligatoria. Mientras, las entidades perceptoras de ayudas y subvenciones ocultan un 63% de la información; las integrantes del sector Público Estatal, el 45%.
Junto a esto, no toda la información proporcionada es la adecuada. Los criterios de calidad de los datos publicados obtienen una valoración que, en general, se sitúa en torno al 44%. Esta puntuación se explica, además de por la omisión de publicación de contenidos obligatorios, por los problemas de accesibilidad a la información como consecuencia de la forma de publicar las informaciones. La memoria destaca la falta generalizada de referencias que permitan saber si la información publicada está vigente.
En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó a mediados de septiembre un nuevo Plan de Acción por la Democracia. El paquete incluye 31 medidas que afectarán a numerosas leyes existentes. El plan tiene como objetivo, según el Gobierno, fomentar la transparencia en las instituciones públicas y los medios de comunicación. El Ejecutivo todavía tiene muchos matices que definir sobre este plan y sobre cómo prevé tramitarlo. La medida llega mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue batiendo récords en denegar peticiones de información, según los datos recogidos por THE OBJECTIVE del Portal de Transparencia, dependiente del propio Ejecutivo.
