Mañueco agotará la legislatura en Castilla y León salvo que Sánchez convoque generales
El barón ‘popular’ mantiene su promesa política de abrir las urnas en marzo de 2026 en su región
Alfonso Fernández Mañueco, en una manifestación contra la amnistía en Salamanca. | Manuel Laya (Europa Press)
Las elecciones autonómicas en Castilla y León son las siguientes en el calendario electoral español. Alfonso Fernández Mañueco mantiene su promesa de agotar la legislatura y abrir las urnas en su región en marzo de 2026, pero ahora no descarta adelantarlas si Pedro Sánchez convoca generales en las próximas semanas, subrayan fuentes autonómicas a THE OBJECTIVE.
Los ciudadanos de Castilla y León fueron llamados a las urnas el 13 de febrero de 2022 en un adelanto electoral que pilló a todos con el pie cambiado, pero que dejó a Mañueco lejos de la mayoría absoluta. Al final, tuvo que cambiar de socio parlamentario – Ciudadanos por Vox- para poder seguir en el poder, pero desde el verano gobierna en solitario por la salida unilateral de Juan García Gallardo y la mayoría de los consejeros de Vox tras una orden directa de Santiago Abascal.
El barón popular se encuentra «cómodo» en esta situación. Puede prorrogar los presupuestos de este 2024 y cree que los votantes penalizarán a Vox por esa actitud del verano y un posible ‘no’ a las cuentas regionales que aquí a finales de año. Además, el PSOE regional es un polvorín tras el desafío de Luis Tudanca a Pedro Sánchez convocando un congreso regional a principios de noviembre que Ferraz tuvo que abortar. Finalmente, el pacto entre Tudanca y la dirección nacional ha aplazado el cónclave a febrero del próximo año, cuando las aguas estén más calmadas.
Las citadas fuentes dan por seguro que Mañueco podría quedarse muy cerca de la mayoría absoluta -o incluso superarla- si ahora hubiera elecciones, pero el presidente castellano-leonés prefiere esperar y solo se plantea convocar comicios si Sánchez aprieta el botón electoral, porque el PP lleva meses subiendo en las encuestas ante la corrupción que rodea a los socialistas. En la práctica, sería casi una disolución de las Cortes de carácter técnico, pues la legislatura se encuentra ya en la recta final.
En enero de 2023 sí que se especuló con el adelanto electoral en Castilla y León. Se hizo con gran intensidad, tras el choque entre PP y Vox por el alcance del plan de natalidad que ambos partidos habían aprobado por aquellas fechas y que provocó una virulenta reacción del Ejecutivo central y las formaciones de izquierda.
En aquel momento, Mañueco manejó esa opción si Vox decidía romper el pacto de gobierno y abandonar el Gobierno castellano-leonés. En ese escenario, el PP se hubiera quedado en minoría parlamentaria con 31 procuradores. Muy lejos de la mayoría absoluta que está en 42. Fueron días convulsos, en los que la tensión entre los dos partidos de la derecha no se calmaba. El pulso empezó con la dura advertencia que lanzó el portavoz del PP, Borja Sémper, a la formación de Abascal y que fue secundada, aunque con modales más suaves, por Alberto Núñez Feijóo cuando dijo que Vox se había equivocado «profundamente» en su estrategia con la interpretación política que hizo del alcance del plan de natalidad.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, respondió con la advertencia de que su partido revisaría «si seguir o no» en la Junta de Castilla y León en el caso de que no se cumpliese el acuerdo sobre el protocolo anunciado en rueda de prensa, pero el órdago no llegó a consumarse. Horas después, el entonces portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, suavizó la amenaza al dejar claro que «revisar el pacto y romper el Gobierno son cosas distintas».
Aquel pulso entre PP y Vox se asemejó a los primeros enfrentamientos que hubo entre los populares y los naranjas de Francisco Igea en la corta legislatura anterior, que acabó en elecciones anticipadas de febrero de 2022. Mañueco tomó nota el año pasado de la actitud de su vicepresidente García-Gallardo, al que le reprochó no haber apagado la polémica pese a varios toques de atención que se le dio. En los siguientes meses, cada vez que Vox amagaba con tensar la cuerda en Castilla y León, el propio presidente recordaba en privado a los suyos que la opción de adelantar comicios de nuevo estaba ahí.
Sin embargo, una decisión de este tipo ponía en peligro al resto de gobiernos autonómicos en los que PP y Vox gobernaban en coalición —Aragón, Extremadura y Murcia— o con el apoyo externo a los populares del partido de Abascal —en el caso de Baleares—. Además, Mañueco tenía difícil explicar a los votantes de Castilla y León ese récord de convocatorias electorales —tres elecciones en menos de cinco años—, por mucho que las encuestas le dieran bien al PP. Ese escenario demoscópico ya se dio hace casi tres años y al final, se quedó lejos de la mayoría absoluta por el empuje de Vox. Pero ahora ya se está en el tramo final de la legislatura y no tendría coste político el ir de la mano de Sánchez con una segunda urna en los colegios electorales.
El PP lleva gobernando esta región más de 37 años de forma ininterrumpida. Concretamente, desde la victoria electoral de José María Aznar en mayo de 1987. En los últimos años, han surgido escisiones —caso de Por Ávila— y movimientos locales —el ejemplo más claro es Soria Ya!— que han debilitado a los populares. En 2019 ya estuvieron a punto de pasar a la oposición y solo les salvó que el entonces presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no dejó a Igea negociar con el PSOE castellano-leonés de Tudanca. Sin embargo, las tornas han cambiado y el PP se encuentra con un suelo más sólido en estos momentos.
