Alvise se arriesga a cuatro años de cárcel y una multa de 500.000 euros por financiación ilegal
El juez señala al líder de SALF como «cooperador necesario o cómplice» en esta presunta estafa «agravada»
Luis 'Alvise' Pérez en la última manifestación de Madrid contra Pedro Sánchez. | Foto: EP
El eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez se arriesga a una pena máxima de cuatro años de cárcel y una multa económica que oscilaría entre los 300.00 y 500.000 euros, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE, si se acredita un presunto delito de financiación ilegal por haber recibido 100.000 euros en metálico para su agrupación de electores -Se Acabó la Fiesta (SALF)- en vísperas de la campaña electoral del 9-J.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitió este viernes la denuncia presentada por el empresario investigado Álvaro Romillo contra Alvise. En el auto de 12 páginas, al que tuvo acceso este periódico, se apunta que el activista antisistema pudo cometer dicho delito en calidad de «cooperador necesario o cómplice» en dicha «estafa agravada».
El magistrado excluye el delito de organización criminal, pero subraya que «los nuevos hechos puestos de manifiesto en la denuncia formulada por Álvaro Romillo Castillo, en este momento inicial, conforme a lo ya expuesto, podrían ser constitutivos de un delito de financiación ilegal de partidos políticos». Y menciona, en concreto, los artículos 304 bis y tercero, en los que se castiga «a aquellas personas que acepten y reciban donaciones ilegales o que participen en estructuras u organizaciones cuyo principal objeto sea el de financiar ilegalmente a un partido».
Alfredo Arrién, penalista en Paredes&Asociados, esgrime el 304 bis como el más adecuado para este caso. El artículo indica que la financiación ilegal será castigada «con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor», es decir entre 300.000 euros y el medio millón, junto con «una pena de prisión de seis meses a cuatro años».
Calama explica en el auto que el caso que afecta a Alvise y Romillo, «se trata de un delito de mera actividad, por lo que no requiere que se produzca el resultado y tampoco cabe su comisión por omisión, por lo que se entiende consumado con la mera conducta, sin necesidad de que se dé el resultado», dando poco margen para la estrategia procesal del eurodiputado.
«En orden a la consumación la mera entrega, o la recepción, consumaría el delito, de forma que, conociendo que la aportación va destinada al partido, y que además infringe alguna de las prohibiciones de los artículos 5.1 y 7.2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, se estaría cometiendo el delito. No hace falta la aceptación o trámite alguno añadido, sino sólo el hecho fáctico de la entrega del donativo en cuestión», insiste sobre el entramado financiero generado en torno a Madeira Invest Club y la entrega de dinero al líder de SALF.
El magistrado instructor ha ofrecido a Alvise declarar voluntariamente el próximo 20 de noviembre. Para investigar estos hechos, el juez acuerda abrir una pieza separada, independiente de la principal, en la que se investiga la supuesta estafa piramidal de Romillo en su «chiringuito financiero». Este último ha pasado de testigo a la condición de imputado tras este auto y también ha sido citado ese día en la Audiencia Nacional para su primera comparecencia judicial.
En el caso de que Calama encontrase indicios suficientes contra el eurodiputado, debería elevar el caso al Supremo mediante una exposición razonada al estar aforado Alvise, tal y como ha procedido recientemente Ismael Moreno en la investigación que ha afectado al exministro José Luis Ábalos.
Además, recoge lo relatado en la denuncia de Romillo, donde hablaba de distintos contactos mantenidos con el líder de SALF con la intención de que el empresario promocionara sus servicios y el eurodiputado pudiera «financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal». Así, tras diversos contactos, el 27 de mayo le comunicó a Alvise que podía pasarse por las oficinas madrileñas de Sentinel, también de su propiedad, para recoger en efectivo la cantidad de 100.000 euros, a lo que este último respondió: «100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío».
Cuando Romillo recibió la confirmación de un empleado de que, efectivamente, dicha cantidad había sido entregada, le escribió a Alvise para volvérselo a confirmar, respondiendo este último que «todo ok» y que «100.000 gracias». La entrega de dinero ya se había producido.
