El INE alertó de que en 236 municipios se infló el censo antes de las elecciones del 28-M
Las provincias castellano-leonesas de Burgos (111) y León (38) acapararon más de la mitad de los casos
Una urna electoral en un municipio de Burgos en 2023. | Tomás Alonso (Europa Press)
El Instituto Nacional de Estadística (INE) alertó a un total de 236 municipios de aumentos «no justificados» de sus respectivos censos electorales en los meses previos a las elecciones municipales de mayo del pasado año. Las provincias castellanoleonesas de Burgos (111) y León (38) acapararon más de la mitad de los casos, que se concentran en localidades de menos de un millar de habitantes, según una respuesta a través del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Para que existan sospechas de inflar el censo electoral se tiene que detectar un aumento de más del 10% de los empadronados en un municipio en el lapso de seis meses. Además, el INE solo computa los incrementos sospechosos si se producen más de cinco altas en un determinado ayuntamiento en el mencionado período. El organismo que cruza los datos censales y lanza las alertas es la Oficina del Censo Electoral (OCE), dependiente del INE.
Cuando se detecta una subida inusual en un censo, la OCE informa al municipio concernido para que intente explicar lo ocurrido. La mayoría de localidades responde sobre el incremento de residentes y solo un pequeño número se abstienen de ello tras varios requerimientos, lo que puede conllevar la anulación de dichas inscripciones. Estos últimos casos, los más sospechosos, son comunicados a la Junta Electoral Central (JEC) y entre los que responden, hay algunos que también van al órgano electoral, ya que se considera que el incremento no está debidamente justificado.
Por ejemplo, en el último informe de este mismo mes de octubre aparecen tres localidades con un incremento de electores «significativo y no justificado» -ver abajo- que han acabado en la JEC. Se trata de los municipios leoneses de Trabadelo y Aldea de la Valdoncina, dependiente este último de Valverde de la Virgen, junto con la localidad turolense de Cabra de Mora. El primero cuenta con 337 habitantes, mientras que los otros no llegan a los 82 y 71 vecinos, respectivamente.
Antes de los comicios municipales y autonómicos del 28-M, la situación fue bien distinta, ya que la OCE tramitó 235 expedientes a la JEC con aumentos anómalos en el semestre previo al cierre del listado de personas con derecho de voto, de los que una veintena de localidades no llegaron a contestar a los requerimientos de la oficina que controla el censo en los plazos establecidos.
La provincia de Burgos fue la que más denuncias registró, con un total de 111. Ninguna es una localidad de gran tamaño, sino que la gran mayoría son pequeñas pedanías. Le sigue León, con las citadas 38, entre ellas un pueblo –Congosto– que cuenta con 1.533 habitantes. El problema de las alteraciones inusuales del censo se circunscriben a esas dos provincias de Castilla y León, pues el resto apenas tienen expedientes: Palencia (9), Soria (7), Segovia (2), Salamanca y Ávila (1 cada una), mientras que Valladolid y Zamora no aparecen en la lista.
En Castilla-La Mancha destacan los 17 municipios de Guadalajara. Entre ellos se encuentra Brihuega, que tenía 2.734 vecinos en el censo del año pasado, por lo que registró un llamativo incremento de más de 200 habitantes en vísperas de los comicios municipales. En el resto de provincias hubo fluctuaciones sospechosas en una decena municipios de Cuenca, seguido de ocho casos en Albacete –Higueruela cuenta con más de un millar de censados- y dos en Ciudad Real.
En el resto de España hubo 14 expedientes en Cantabria y cinco en Extremadura -Badajoz (3) y Cáceres (2)-. Galicia solo cuenta con dos municipios en la lista, pero son urbes de más de un millar de habitantes: Castrelo de Miño (Orense) y Creciente (Pontevedra). Lo mismo ocurre en Andalucía, con solo dos casos: Otívar (Granada) y Moclinejo (Málaga), si bien también superan el millar de vecinos.
La Comunidad Valenciana apenas registró tres casos: dos en Alicante y uno en Castellón, pero este último –Sacañet– es un clásico en las listas sospechosas del INE. En 2003, la JEC abrió un expediente al municipio por inflar el censo y lo remitió a la Fiscalía, sin que tuviera ninguna repercusión, según Eldiario. En las elecciones de 2019 no superaba los 60 habitantes y tras bajar a 51 en septiembre de 2022, luego se incrementó en febrero del año pasado hasta los 94 vecinos censados -un 83% más en apenas medio año-. Se da la circunstancia de que este municipio fue uno de los veinte que antes del 28-M no respondieron a los requerimientos de la Oficina del Censo Electoral.
