Canarias critica que el Gobierno no haga ni «una llamada» sobre los nuevos centros de migrantes
Fernando Clavijo muestra su descontento por no recibir «nada» de información y enterarse por el Consejo de Ministros
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado este miércoles su descontento con el Gobierno central por no haber sido informado de manera anticipada sobre la inversión de 7,4 millones de euros destinada a la apertura de dos nuevos centros de inmigrantes en Tenerife y Fuerteventura. El líder canario ha lamentado la falta de comunicación, destacando que ha «echado de menos una llamada de algún ministerio, un poco para hablar».
Esta declaración se ha producido después de descubrir la iniciativa a través de la solicitud tramitada por la Autoridad Portuaria para el centro en Granadilla. Clavijo ha comentado que, aunque suele discutir estos temas con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien coordina la interministerial migratoria, no recibió «nada» de información y se enteró por los acuerdos del Consejo de Ministros.
El presidente canario aboga por una mayor transparencia y diálogo, subrayando que los migrantes «son personas, no son objetos». En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de que la información fluya especialmente en temas delicados como este.
El Gobierno de Canarias planea contactar con el ministro Torres este mismo miércoles para obtener más detalles, y si no es posible, con la ministra de Migraciones, Elma Sáiz, para discutir las intenciones y previsiones del Gobierno español respecto a la llegada de migrantes a las islas.
En Fuerteventura, se reconoce la necesidad de establecer un centro de atención temporal de extranjeros (CATE) con capacidad para 600 personas, mientras que en Tenerife, la capacidad actual del CATE de Adeje es «insuficiente», lo que ha llevado a la necesidad de habilitar nuevas instalaciones modulares que albergarán aproximadamente a 350 personas en terrenos del Ministerio del Interior.
Además, el Gobierno central se ha comprometido a «reforzar, mejorar y ampliar» los servicios y suministros de los CATE en las islas de Lanzarote, El Hierro y Gran Canaria, en un esfuerzo por mejorar la atención y las condiciones de los migrantes en estas áreas. Este conjunto de medidas busca responder a las crecientes necesidades de las islas en materia de gestión migratoria, aunque la falta de comunicación previa ha generado tensiones entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias.