El «disparatado» asalto para controlar TVE: abrir el proceso antes del aval del Congreso
Letrados de la Cámara advierten de que «no hay precedentes» y que supone una «falta de procedimiento»
El interés del Gobierno por aprobar a toda costa este miércoles en el Congreso de los Diputados el decreto ley que permite a Pedro Sánchez y sus socios el control político de la Radio Televisión Española ha supuesto traspasar una nueva línea roja en los procesos reglamentarios de la Cámara Baja. Un «disparate», así lo califican los letrados a THE OBJECTIVE, el hecho de que la Mesa del Congreso, controlada por la socialista Francina Armengol y el letrado mayor, Fernando Galindo, permitieran abrir el plazo para presentar candidatos a consejeros del ente público sin que el pleno hubiera convalidado el decreto ley.
La polémica celebración este miércoles del pleno en la Cámara Baja, por el empeño del PSOE de mantenerlo a pesar de la tragedia de Valencia, ha ocultado un «brutal precedente» que nadie recuerda en la tramitación parlamentaria de iniciativas de los grupos políticos. Los socialistas tenían la necesidad imperiosa de atar cuanto antes a sus socios y aprobar un cambio en la elección de los miembros del Consejo de Administración que le garantizara el control, durante seis años, del ente público. Once representantes nombrados por el Congreso, donde tienen mayoría el PSOE y sus socios de investidura, y cuatro el Senado, donde la tiene el Partido Popular. Un total de quince, la mayoría de izquierdas.
El primer paso para llevar a cabo este control se produjo en la Mesa del Congreso que se celebró este martes. Saltándose todos los procedimientos, se acordó, con el rechazo del Partido Popular, abrir el plazo para la presentación de candidatos a consejeros de RTVE, con un plazo que finalizaba a las dos de la tarde del miércoles. La advertencia del PP fue que no se podía acordar abrir ese plazo hasta que el Congreso no convalidara el decreto-ley. Una sugerencia que se desoyó. La Mesa se convocó el miércoles por la mañana, después del pleno, tras la decisión del martes, y las candidaturas se presentaron a mediodía.
El argumento que se puso sobre la mesa y que sostienen letrados del Congreso es que aunque el letrado mayor, Fernando Galindo, afín al PSOE, justificó la apertura del plazo en que el decreto ley estaba en vigor porque lo había aprobado el Consejo de Ministros no es así, porque «lo que está en vigor es una medida del Ejecutivo que tiene que hacerse del Legislativo y lo que se ha hecho es una imposición del Ejecutivo al Legislativo. Es un precedente brutal».
Letrados consultados por THE OBJECTIVE se muestran muy críticos con esta decisión de la presidenta Francina Armengol, siguiendo instrucciones del Gobierno: «Es un disparate y nulo de pleno derecho porque la Mesa no está habilitada hasta que no se acuerde la convalidación. Antes no existe el órgano que tiene que proponer los candidatos».
Estas fuentes insisten en que «si la entrada en vigor del decreto ley que modifica la composición del Consejo de Administración de la RTVE no se produce hasta la convalidación, no puedes anticipar al momento de la convalidación la proclamación de los candidatos. Por una razón: aunque esté publicado en el BOE, hay un trámite previsto de convalidación en el Congreso de los Diputados que lo primero que ordena es que no puedes plantear candidatos hasta que no sea real».
La razón es que «habría que anular la propuesta de candidatos si no hay convalidación, y eso es una cosa absurda. Hay una razón de vigencia temporal de la norma que te dice que, aunque lo hayas publicado en el BOE, está sujeto a convalidación y no puedes plantear candidatos hasta que no se convalide. Si no tuvieras a la vista una previsión para la convalidación por el pleno, sería más o menos defendible. Si tú tienes abierto el plazo para la convalidación porque tú mismo decides convalidar rápido, no puedes anticipar la apertura de plazos y la presentación de la candidatura».
La conclusión es que hay «una falta absoluta de procedimiento. Cuando se prescinde del procedimiento, lo que es nulo es el acto final». Por ello, los letrados coinciden que es «nulo porque se está jugando con un resultado positivo de la convalidación que no se puede dar por supuesto. Si el decreto ley hubiera agotado el plazo de 30 días para llevarlo al pleno del Congreso más o menos podrías defenderlo, pero si has convocado el pleno rápido para convalidarlo porque te interesa políticamente, tienes que tener la mínima prudencia de no abrir ningún plazo hasta que ser produzca la convalidación. Ahí se han precipitado».
Finalmente, señalan que la tramitación de la Mesa es recurrible porque es «insostenible en Derecho. Si has dicho que se va a votar el miércoles, tienes que esperar a ese día para fijar el plazo de presentación de candidatos; si no, pasas por la vergüenza de que no se convalide por un voto y la Mesa podría haber hecho el ridículo de que tiene que anular la apertura del plazo».