La Abogacía sale en defensa de la fiscal de Madrid imputada por el caso del novio de Ayuso
La abogada del Estado que se querelló en nombre de Sánchez contra el juez que investiga a su esposa firma el recurso
Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. | EP/ Diego Radamés
La abogada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro, que presentó en nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la querella contra el juez Peinado por investigar a su esposa, Begoña Gómez, ha presentado un recurso de súplica en defensa de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, según el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Esta fiscal está imputada por un delito de revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, relacionado con sus datos fiscales.
Con el escrito presentado con fecha 22 de octubre, la abogada del Estado pide al juez instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que «aprecie el error a la hora de delimitar el elemento de sospecha frente a mi mandante como presunta autora de un delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal, toda vez, que, no existe ningún indicio sólido que indique que la fiscal Pilar Rodríguez Fernández (ni ningún otro miembro del Ministerio Fiscal) haya filtrado correo alguno y que, más al contrario, resulta palmario por la documentación aportada a la causa, que la filtración del correo de fecha 2 de febrero de 2024 a los medios de comunicación tuvo lugar con anterioridad a que la fiscal jefe provincial recibiera el correo mediante la oportuna dación de cuenta ex artículo 25 EOMF por parte del fiscal Julián Salto Torres y posteriormente fuera remitido por mi mandante al fiscal General del Estado, y que por tal motivo los hechos examinados por la Sala no son constitutivos de delito, procediendo el archivo de la presente causa especial».
Igualmente, se señala que ha quedado acreditado mediante el soporte documental al que todos nos debemos, que al contenido de los correos dirigidos por la defensa del señor González Amador con el área de delitos económicos de Fiscalía de Madrid, primero, y después con el señor Salto, tuvieron acceso, al menos un medio de comunicación con anterioridad al momento en el que lo tuvo mi mandante, (y sin contar, evidentemente, el entorno del señor González Amador), no puede entenderse cumplimentado el criterio exigente de indicio cualificado, que se mantiene por la Sala del Tribunal Supremo a la hora de resolver y aceptar exposiciones razonadas que se le plantean.
El escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE está firmado por Fernández Toro, la misma que redactó en julio la querella contra Peinado en nombre de Sánchez. El presidente del Gobierno se querelló contra el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por un presunto delito de prevaricación. Fernández Toro también fue la encargada de abortar cualquier acuerdo de conformidad entre el novio de Isabel Díaz Ayuso y el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid para cerrar el procedimiento penal contra Alberto González Amador por supuesto fraude fiscal. Esta abogada del Estado ya solicitó en junio «el inmediato alzamiento» de la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros investigados del caso Tsunami en aplicación de la ley de amnistía pactada por el Gobierno de Sánchez y los independentistas.
El Supremo abrió una investigación contra el fiscal general el pasado 16 de octubre por un presunto delito de revelación de secretos. García Ortiz anunció ese mismo día que seguía en el puesto a pesar de que dos de las tres asociaciones profesionales solicitaron su dimisión. Argumentó esa decisión como «la más prudente para la institución a medio y largo plazo» porque «refuerza» su independencia.
La defensa de González Amador envió un email solicitando el pacto a una dirección genérica de la Fiscalía el pasado 2 de febrero. La Fiscalía General del Estado emitió el 14 de marzo una nota que desvelaba los detalles sobre el acuerdo con el novio de Ayuso, imputado por fraude fiscal y falsedad. La instrucción estuvo precedida por horas de gran tensión. Las fuentes consultadas aseguran que el equipo de García Ortiz presionó para que se publicara el comunicado que ha conllevado su imputación, ya que consideraba necesario desmentir «un bulo».
No obstante, el fiscal del caso comunicó al abogado del novio de la presidenta madrileña que no sería «obstáculo» para llegar a un acuerdo «si usted y su cliente lo estiman posible». Además, revelaba que para alcanzar dicho pacto era necesario que González Amador admitiera dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documentad a cambio de una multa y una pena de cárcel que no implicase su ingreso efectivo.
