Gobierno y Generalitat chocan en el relato de las primeras horas de la gestión de la DANA
La consellera desmiente que la delegada del Gobierno le ofreciera el despliegue de medios ante el temporal
Carlos Mazón, Presidente de la Generalitat Valenciana. | Carlos Luján (Europa Press)
Gobierno y Generalitat Valenciana discrepan en el contenido de los mensajes intercambiados entre ambas administraciones en el fatídico día 29 de octubre, cuando se produjo la DANA. La consejera valenciana de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha negado este jueves que la delegada el Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, le ofreciera el despliegue de medios ante el temporal el mismo 29 de octubre, como se publicó este miércoles. Además, ha denunciado que no les dieron ninguna información de cómo evolucionaba el temporal.
En declaraciones a À Punt recogidas por EFE, la televisión autonómica valenciana, la consellera ha indicado que Bernabé comunicó que acababa de tener una reunión con su equipo, pero en ningún momento le trasladó ningún dato alarmante ni le ofreció el desligue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
«No nos dan ninguna información de cómo evoluciona esa DANA y es por parte del alcalde de Utiel como nos enteramos de que están empezando las inundaciones en Utiel», ha señalado, y ha dicho que tras esa comunicación, reaccionaron inmediatamente y pidieron activar la UME.
Unas horas más tarde, la delegada del Gobierno ha querido dar por zanjada la polémica al afirmar que los ciudadanos «no se merecen» que las Administraciones estén discutiendo ahora sobre qué se hizo el 29 de octubre, el día de la dana, sino que se merecen que sigan trabajando en ayudarles. «No voy a perder ni un minuto dedicado a explicar en este momento nada, ya llegará», ha afirmado en rueda de prensa.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado por su parte que el pasado 29 de octubre estuvo «comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría«. Ante varias informaciones publicadas referidas a que ese día estaba en un cumpleaños a la hora de la comida, el president ha aseverado ante los medios: «¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente».
Esta mañana, en una entrevista en À Punt y tras una información adelantada por la Ser, la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha señalado que desde que a las 12 horas se conoció la alerta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) empezaron «las llamadas de la delegada del Gobierno a la consellera», que es la que tiene las competencias en Emergencias, para ofrecerle los medios que necesitara.
Desde la Conselleria de Justicia e Interior han señalado que es cierto que Pradas recibió una llamada de Bernabé a las 12:23 horas en la que trataron y hablaron sobre la situación provocada por las lluvias en la provincia de Valencia, y quedaron en seguir en contacto ante cualquier evolución.
«En esa conversación la delegada no plantea nada específico ni nada referido a la UME», han afirmado para añadir que la consellera le comunicó que se iba a reunir de forma inmediata con todo su equipo de emergencias en el Centro de Coordinación de l’Eliana (Valencia).
A las 12:48 horas ambas volvieron a mantener una conversación telefónica para seguir tratando la situación. En ese momento la consellera estaba con su equipo de emergencias en L’Eliana, y trasladó a la delegada la preocupación que había por la situación en la población de Carlet, adonde Pradas se desplazó.
Las mismas fuentes indican que pasadas las 14:00 horas, en una nueva llamada telefónica con la delegada del Gobierno, Pradas le solicitó la intervención de la UME, y por la delicada situación que atravesaba Utiel, cuyo alcalde acababa de avisar a la consellera del desbordamiento del río Magro, planteaba dirigir allí la UME. Según la Conselleria, la CHJ no había informado de los caudales del Magro a su paso por la comarca de Utiel-Requena.
Salomé Pradas acudió a Carlet pasadas las 13:00 horas para observar y analizar de primera mano la situación del municipio afectado por las fuertes lluvias en esos momentos, donde había un equipo de Bomberos forestales activado. Antes de las 15:00 horas, la situación estaba en nivel 1, por lo que el mando recaía sobre el Consorcio Provincial de Bomberos y fue a partir de esa hora cuando se pasó a nivel de emergencia 2 porque la situación en Utiel se agravaba, de forma que se solicitó oficialmente a la Delegación del Gobierno la intervención de la UME, aunque ya se había adelantado la petición vía telefónica.
Las mismas fuentes afirman que en ese momento se convocó a todos los equipos de emergencias, UME, CHJ, Delegación del Gobierno, Cuerpos y Fuerzas del Estado, Diputación de Valencia y Consorcio de Bomberos, entre otros, en el seno del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), que coordina la emergencia por la DANA.
La reunión comenzó a las 17:00 horas pero antes la atención de todo el dispositivo ya estaba centrada en lo que pasaba en Utiel, donde el desbordamiento del río Magro implicaba un riesgo extremo para el municipio por inundaciones, destacan desde Justicia e Interior.
La reunión del CECOPI, según la Conselleria, era «plenamente operativa» y los técnicos de Emergencias evaluaron la situación «desde el rigor y el análisis». Según Pradas, en esa reunión no estaban presencialmente ni la delegada del Gobierno ni los representantes de la CHJ, lo que lastraba la comunicación ya que verbalmente no se les comunicó nada sobre la situación de la rambla del Poyo hasta pasadas las 19 horas, cuando se hablaba ya directamente de la posibilidad de rotura del embalse de Forata.
En declaraciones en À Punt, la consellera ha afirmado que la alarma a los móviles se envió después de una llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica a las 20 horas, en la que le dijo que estaba en Colombia y enterándose de la situación, y que no podía asegurar que no se rompiera esa presa.
«No se puede entender que durante el CECOPI unicamente nos enviaran e-mails; es más, el e-mail que nos envían advirtiendo de que el río Magro y el barranco del Poyo van a desbordarse lo recibimos cuando ya se está desbordando ese barranco», ha denunciado este jueves.
Desde Justicia afirman también que es «falso que un político de la Generalitat planteara lanzar el mensaje masivo a la población después de que telefoneara la alcaldesa de Paiporta». De hecho, apuntan, «no consta ninguna llamada de la alcaldesa de Paiporta al CECOPI».
Mazón propone un plan para inundaciones
Por otro lado, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha presentado este jueves al Gobierno un documento con seis actuaciones fundamentales frente a inundaciones en los próximos cinco años, presupuestadas inicialmente en 2.390 millones de euros. Según la Generalitat, el Ministerio para la Transición Ecológica se ha comprometido a estudiar el documento y ambos equipos se han emplazado a una reunión la próxima semana para seguir avanzando en la puesta en marcha de estas actuaciones.
El proyecto contempla una inversión media de 500 millones al año y la puesta en marcha de una unidad de simplificación y activación de actuaciones para la prevención del riesgo de inundación. Esta unidad estaría compuesta por la administración del Estado y la Generalitat, con funcionarios y personal laboral de ambas administraciones especializados en materia hidráulica y medioambiental, y podría incorporar coyunturalmente personal de otras administraciones afectadas por una actuación.
Se propone la puesta en marcha de un sistema de alarmas en los cauces con gran impacto urbano que estén conectadas con los servicios de Protección Civil de los municipios para su rápida respuesta. Entre las medidas contempladas, destacan las actuaciones de defensa frente a inundaciones en las cuenca del Túria, el Poyo y otros cauces cortos. Incluye la ejecución de la presa de Vilamarxant, acciones en la cuenca alta y media del barranco del Poyo y otras en cuencas cortas, que supondrían una inversión de 500 millones.
Paralelamente, se plantean actuaciones de conservación en cauces de fuerte impacto en caso de inundaciones sobre el medio urbano, con 60 millones al año. A todo ello se suman actuaciones de defensa y encauzamientos en otros sistemas que supondrán 370 millones de presupuesto y se plantea el refuerzo contra la vulnerabilidad del canal Júcar-Túria (abastecimiento del área metropolitana de Valencia y Ribera del Júcar) que ya dispone de anteproyecto y contaría con un presupuesto de 450 millones.
