Carlos Bautista (fiscal): «Es un bulo que hubiese que cambiar la ley para beneficiar a los etarras»
El ahora abogado siempre se opuso a la concesión del tercer grado cuando no estuvieran arrepentidos
Carlos Bautista es fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia, con una amplia experiencia de 32 años en Derecho Penal Económico internacional, especialmente extradiciones, al frente de causas que han marcado un antes y un después como el caso Faisán, el 11M y los asesinatos de ETA. También ha sido, hasta hace poco más de un mes, fiscal coordinador de vigilancia penitenciaria en la Audiencia Nacional. Ahora acaba de incorporarse a firma Chabaneix Abogados Penalista.
Pregunta.-Usted se oponía a la libertad de los etarras, a la solicitud del tercer grado, cuando no estuvieran arrepentidos. ¿Qué le parece la última propuesta del Gobierno para beneficiar a etarras, que se suma a la última cesión como las competencias de instituciones penitenciarias al País Vasco? ¿Qué le parece esta ley?
Respuesta.- Esta ley parece una actualización de una transposición previa de una directiva europea. Los cambios más relevantes afectan al artículo 14.1, que hace referencia a la ejecución de penas y a la supresión de la disposición adicional 7/14, que hasta ahora impedía tener en cuenta sentencias previas de la Unión Europea antes de octubre de 2010. Respecto a lo que se ha dicho sobre una «desigualdad», debo aclarar que todos los internos españoles, independientemente de su delito, estaban en una situación de igualdad en cuanto a la ejecución de penas. No se acumulaban condenas de manera automática para quienes fueron condenados en otros países de la UE; cada caso se trataba de manera individual, no de forma automática. Así que la afirmación de que se trataba de una situación de desigualdad es completamente falsa.
P.– ¿Y también es falso que fuese una directriz que tenía que cambiarse? Europa sí que había avalado esa disposición adaptada en el gobierno de Mariano Rajoy, y esa es la excusa que ponen por parte del Ejecutivo para ceder una vez más a Bildu.
R.- Eso es un bulo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya desestimó una demanda contra España en relación con esta ley. Ese tribunal, que es muy garantista, validó la disposición adicional de la ley 7/14. Si el Tribunal Europeo no vio problema alguno en la aplicación de la ley, no se justifica que el Gobierno argumente que la modificación era necesaria. De hecho, la decisión del tribunal demuestra que no había una obligación de cambio por parte de España.
P.- ¿Qué le parece esta ley que beneficia a miembros de la banda terrorista ETA sin una justificación adecuada para haberla cambiado?
R.- La modificación de la ley se deriva de una directiva, pero hubo una enmienda que se introdujo de manera poco transparente, prácticamente al final de julio, cerca de agosto. Los motivos detrás de esta modificación pueden ser interpretados de diferentes maneras, pero, personalmente, considero que no era necesaria. Aunque no soy fiscal activo y ahora ejerzo como abogado, me cuesta hacer valoraciones políticas. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que no había una razón jurídica sólida para cambiar la ley. Para comprender lo que estaba ocurriendo, hace falta una especialización en derecho penitenciario, ya que, sin esa experiencia es fácil pasar por alto detalles importantes. A simple vista, la enmienda parecía normalita, pero en realidad no lo era.
P.- Durante los últimos años se ha opuesto a la concesión del tercer grado de varios etarras, ¿Por qué se oponía? ¿Qué hacían ellos para justificar la solicitud del tercer grado? Porque creo que un requisito fundamental es el perdón y ni siquiera se sentían arrepentidos de los delitos cometidos.
R.- En 2021 comencé a coordinar la vigilancia penitenciaria en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En ese momento hay una doctrina de la Sala, que es incipiente, pero se está consolidando, referida a los permisos penitenciarios. Con esa doctrina consolidada, se planteaba el tercer grado y la Fiscalía estableció cuatro requisitos clave para concederlo: primero, que el interno haya cumplido al menos las tres cuartas partes de la condena; segundo, que haya disfrutado previamente de permisos penitenciarios sin incidencias; tercero, el compromiso de pago de la responsabilidad civil; y cuarto, la solicitud de perdón. Esto no se trataba de una cuestión personal, sino de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica de Vigilancia Penitenciaria (artículos 72.5 y 6). ¿Qué es lo que ha cambiado del 2023 al 2024? Que los escritos ya eran concretos. Esto es, que esa disputa jurídica la ha ganado la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
P.- Para los asuntos que se encargaban de las causas perdidas de ETA había varios fiscales; hasta hace unos meses, estaba usted y también otros compañeros que han decidido cambiarse dentro de la fiscalía. Tras algunos cambios recientes, ¿cree que la Audiencia Nacional perderá su firmeza respecto a los presos de ETA? ¿Habrá un cambio en la postura de la Fiscalía?
R.– En los dos últimos casos que se han resuelto desde que me fui, al menos en uno de ellos, sé que se cumplían todos los requisitos legales. El otro caso no lo conozco. Sin embargo, no creo que, tras mi salida, la Fiscalía cambie su postura y empiece a ceder. Sería poco inteligente que, justo después de que un fiscal abandone, se cambie radicalmente la dirección establecida. Los criterios que dejamos establecidos eran claros, y fueron respaldados por la institución y la superioridad. Estos criterios fueron aceptados por toda la Fiscalía, así como por los abogados de los acusados. Por lo tanto, no creo que haya un cambio en la línea que habíamos trazado.
Pr.- Usted ha llegado a decir públicamente que nunca ha visto a un preso de ETA colaborar con la justicia…
R.- Es cierto. Existe una diferencia clara entre lo que establece el Código Penal y lo que dice la Ley Orgánica General Penitenciaria. El Código Penal contempla la posibilidad de reducir penas por colaboración, mientras que la Ley Penitenciaria establece tres condiciones para acceder a beneficios como el tercer grado: colaboración con la justicia, arrepentimiento y un informe del centro penitenciario en el sentido de desvinculación de la organización. La primera parte no la he visto nunca, es decir, la colaboración. A lo mejor algunos compañeros históricos, en otra época en la que yo no estaba, sí la han podido ver, pero yo no he visto colaboración en la organización terrorista ETA. En otras sí, pero en ETA nunca he visto colaboración. El segundo escalón para el tercer grado era la petición de perdón específica, y el último era los informes del centro penitenciarios en sentido de desvinculación de la organización. Entonces no teníamos nunca ninguno de estos tres escalones. El primero, la colaboración, se sigue sin tenerlo.
Ahora con esta reforma en la cual las condenas impuestas en el extranjero van a poder ser incluidas en un expediente de acumulación de condenas, no va a tener consecuencia punitiva que las personas que han intervenido en determinados hechos criminales digan “sé cómo se hizo, intervine y se hizo de esta forma”. Sobre todo, porque además habrán pasado los 20 años de prescripción. Y y eso haría mucho bien a las víctimas. Creo firmemente en la reinserción y en el perdón, pero para que exista perdón, la persona debe hacer algo por ello. No basta con salir de prisión y guardarse todo lo que sabe. Si un preso no colaboró en su momento, ahora, con la prescripción de las penas, sería esencial que dijera lo que sabe para que todo el mundo descanse, para que las víctimas descansen. Eso sería transcendental.
P.– Ha dejado la Audiencia Nacional para unirse a lo que popularmente se llama «el lado oscuro». ¿Por qué decidió unirse a un despacho de abogados y abandonar su carrera en la Audiencia Nacional?
R.- Mi amigo Eduardo Torres Dulce dice que el «lado oscuro» se está aclarando, porque cada vez más gente se pasa a este lado. En mi caso, decidí cambiar porque sentía que había llegado al tope de lo que podía lograr en la Audiencia Nacional. Llevaba 19 años, 8 meses y 4 días como fiscal, y me planteé si quería seguir hasta los 70 años. La respuesta fue que no. Mi aspiración era llegar al Tribunal Supremo, pero eso no fue posible. Después de varias frustraciones, sobre todo después de cada consejo fiscal, donde una vez más me quedé sin apoyo, surgió una oferta. Tras el consejo fiscal del 11 de junio, donde nuevamente no recibí ni un solo voto, decidí aceptar la propuesta de Luis Chabaneix. Me ofreció un proyecto muy estimulante, con un equipo excelente, y tras darle muchas vueltas, acepté. Aunque no fue una decisión fácil, especialmente después de varias noches sin dormir, hoy puedo decir que estoy contento con mi elección.
