El 9-N cumple diez años con los socialistas en el poder y el independentismo dividido
La votación tuvo consecuencias judiciales y económicas para sus impulsores, con Artur Mas al frente
El expresidente de la Generalitat Artur Mas vota en el 9-N
El proceso participativo del 9-N de 2014, impulsado por el entonces presidente del Govern, Artur Mas, cumple este sábado una década en un contexto político marcado por la división en el independentismo y con los socialistas en el poder, con Salvador Illa al frente del Palau de la Generalitat.
Más de 5,4 millones de catalanes mayores de 16 años fueron llamados a participar en la votación para responder a una doble pregunta, acordada por el Govern, CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP: ‘¿Quiere que Cataluña sea un Estado? –con dos opciones, ‘sí’ y ‘no’–, y los que optaran por el ‘sí’ debían responder a una segunda cuestión: ‘¿Quiere que este Estado sea independiente?’.
Las urnas, a las que acudieron más de 2,3 millones de personas, arrojaron que el 80,76% de los ciudadanos que participaron votaron ‘sí’ a las dos preguntas, mientras que el ‘sí-no’ contó con el apoyo del 10,07% y el ‘no’ llegó al 4,45%.
Fue el 12 de diciembre de 2013 cuando Mas y los entonces líderes de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP anunciaron una consulta de autodeterminación para el 9 de noviembre del año siguiente, algo que intentaron por dos vías: pidiendo al Congreso que cediera a la Generalitat la competencia para celebrar referéndums, y desarrollando después una Ley catalana de Consultas no Refrendarias.
Rechazo del Congreso
La Cámara Baja rechazó la proposición de ley del Parlament para pedir autorización para convocar un referéndum, por lo que la Cámara catalana agilizó la elaboración de una Ley de consultas. El 19 de septiembre de 2014, 106 de los 135 diputados del Parlament aprobaron la Ley de Consultas no Refrendarias, norma de la que se sirvió Artur Mas el mismo 27 de septiembre para firmar un decreto de convocatoria en el que llamaba a los catalanes a participar en una consulta sobre el futuro político de Cataluña el 9 de noviembre.
Pocos días después, el Gobierno de Mariano Rajoy –tras recibir un informe del Consejo de Estado– recurrió de urgencia ese decreto ante el Tribunal Constitucional (TC), que ese mismo día se reunió de urgencia para admitirlo a trámite y suspender el decreto de convocatoria y parte de la Ley de Consultas.
Sin campaña institucional
Tras suspender la campaña institucional, el Govern inició los contactos para consensuar con las fuerzas proconsulta la respuesta a ese recurso, unas reuniones culminadas en tres cumbres que acabaron con la ruptura de la unidad tras un encuentro en el Palau de Pedralbes. Mas comunicó entonces al resto de fuerzas que no podía celebrar el 9-N en base a la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria, y planteó un escenario alternativo que en un primer momento rechazaron ERC, ICV-EUiA y CUP, llevando al propio presidente catalán a reconocer que se había roto el consenso.
Un día después, Mas compareció para explicar públicamente su alternativa para llevar a cabo el 9-N, un proceso participativo con urnas y papeletas convocado en base al marco general de competencias exclusivas de «fomento de la participación ciudadana» como paso previo a una ‘consulta definitiva’ en forma de elecciones plebiscitarias.
Se recompuso la unidad
Pese a las críticas iniciales, tras introducir algunos cambios –como ampliar el número de puntos de votación y admitir que no se trataba de una consulta– ERC, ICV-EUiA y CUP se sumaron de nuevo al proceso participativo, así como las entidades sociales que formaban parte del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Los cambios en el proceso participativo despertaron los recelos también del Gobierno central encabezado por Rajoy, que tras unas primeras semanas restándole trascendencia, acabó acusando al Govern de realizar una consulta encubierta y presentó un nuevo recurso ante el TC, que lo admitió a trámite y suspendió la jornada.
Pese a todo, la Generalitat presentó diversas alegaciones al Alto Tribunal y mantuvo los preparativos del 9-N al entender que no se podía suspender algo que no existía, alegando que el Gobierno central consideraba que se estaba haciendo una consulta cuando no era así. El Ejecutivo catalán, además, llevó al Gobierno central ante el Tribunal Supremo (TS) al opinar que hacía un «uso torticero» del TC por impugnar un proceso participativo con el único afán de impedir que se celebrara, una demanda que el Supremo rechazó.
Pese a todo, la votación se llevó a cabo y el Govern se erigió como responsable último de la jornada, cuya logística recayó en manos de más de 40.000 voluntarios y contó con el apoyo de las entidades que formaban parte del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, entre las cuales estaban ANC, Òmnium y la Associació de Municipis per la Independència (AMI). Antes de todo ello, el precedente de una votación por la independencia en Cataluña fue la consulta popular que se celebró el 13 de septiembre de 2009 en Arenys de Munt (Barcelona), y tres años después del 9-N se celebró el 1-O.
Consecuencias judiciales
El 9-N tuvo consecuencias judiciales y económicas para algunos de sus principales impulsores, empezando por Mas, y también para la entonces vicepresidenta, Joana Ortega; la titular de Educación de la Generalitat, Irene Rigau; el conseller de Presidenica y portavoz, Francesc Homs, así como para otros altos cargos de la administración catalana.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó por desobediencia a Mas con 2 años de inhabilitación y una multa de 36.500 euros; a Ortega, a 1 año y 9 meses de inhabilitación y 30.000 euros, y a Rigau, a 1 año y 6 meses de inhabilitación y 24.000 euros, pero quedaron absueltos del delito de prevaricación.
Por su parte, el Supremo condenó a 13 meses de inhabilitación a Homs, también sin prevaricación, lo que supuso que perdiera el escaño que ocupaba en el Congreso cuando se publicó la sentencia. En junio de 2015, el TC declaró inconstitucionales los actos impugnados destinados a la celebración del 9-N, alegando que no corresponde a las comunidades la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones «que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional».
Tres años después del 9-N, el Tribunal de Cuentas también condenó a los cuatro dirigentes a pagar 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable por los gastos generados, y desestimó en 2023 los recursos de apelación presentados para rebajarles la pena. Este mismo 2024, el TSJC ha rechazado amnistiar a Mas, Ortega y Rigau y ha argumentado que no había antecedentes penales de cancelación.
