Vox pide ejecutar la sentencia que anula las zonas de bajas emisiones en Madrid
Ortega Smith acusa a Almeida de una «manera dilatoria» para ganar tiempo y seguir «recaudando» con multas
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith | Gabriel Luengas (Europa Press)
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha acudido al Tribunal Superior de Justicia (TSJM) para solicitar la ejecución provisional del fallo judicial de este mismo órgano que anulaba las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), un paso que dan para evitar «multas diarias de entre 300 y 600 euros» y ante la maniobra «dilatoria» del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con la que pretende «ganar uno, dos, tres, cuatro años hasta que resuelva el Supremo».
Respaldado por todo el grupo municipal, el edil ha aplaudido el fallo del pasado 17 de septiembre –la anulación de las ZBE a partir de un recurso presentado por Vox al advertir una «insuficiencia» relativa al informe de impacto económico en la ordenanza municipal de Movilidad Sostenible–, «pero desgraciadamente el alcalde no quiere cumplirla», según recoge Europa Press.
El portavoz de Vox ha cargado contra el recurso presentado ante el Supremo por el Gobierno municipal, «absolutamente dilatorio» y más «cuando el alcalde sabe perfectamente que no lo van a estimar, que no tiene ninguna razón» dado que la sentencia que dictó el TSJM «se basa en la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo».
«Pero él recurre de manera dilatoria para ganar uno, dos, tres, cuatro años hasta que resuelva el Tribunal Supremo y, mientras tanto, su terrible maquinaria de recaudación sigue avanzando, sigue prohibiendo circular, sigue coartando las libertades y sigue recaudando dinero y perjudicando a los más vulnerables», ha lamentado el líder municipal de Vox, una situación en la que se vería afectado «uno de cada tres vehículos de España, esos 12 millones de vehículos que no tienen etiqueta ambiental, que suponen el 32% del parque móvil y que no podrán entrar en la capital» a partir del próximo 1 de enero.
«Hay un plazo perentorio que está ahí, que amenaza, que es el 1 de enero», ha subrayado Ortega Smith. «Si el 1 de enero no se ha parado, hay muchas personas que recibirían entre 300 y 600 euros de multa todos los días. Es inviable. No hay una persona que pueda pagar eso para venir a trabajar o para venir al médico o para venir a ver a su familia», ha advertido.
«Ordenanza desproporcionada»
Ortega Smith ha insistido en que el fallo del TSJM apuntaba a que la ordenanza aprobada por el equipo de Almeida, apoyados por el entonces Grupo Mixto, integrado por ediles escindidos de Más Madrid, había salido adelante «sin la más mínima previsión de los terribles efectos económicos que iba a suponer a la economía de millones de madrileños y españoles».
«Era una ordenanza absolutamente desproporcionada, que no daba ninguna alternativa, que no entendía la necesidad de una justa transición para que aquel que no tenía recursos a lo largo de los años para ir cambiando su vehículo y que especialmente hacía un terrible daño en la economía de los más vulnerables», ha argumentado, en referencia a «los autónomos o las personas con menores recursos, a las que esta ordenanza directamente priva no solo de su libertad, sino también de su modus vivendi».
Javier Ortega Smith ha subrayado que su partido no consiente esta «situación intolerable» y que no se quedan «de brazos cruzados», aunque tengan «que ir solos hasta el final» porque «es un daño terrible a las economías, irreparable. Muchas empresas tendrán que cerrar. Muchas personas no van a poder continuar con su vida como hasta ahora e incluso muchos van a tener que cambiar su lugar de residencia y de trabajo».
«Hasta 400.000 madrileños no van a poder circular»
La decisión que ha tomado Vox es presentar ante el TSJM una demanda de ejecución provisional de sentencia para «que la haga cumplir al alcalde de Madrid» pensando «en transportistas, autónomos, en el transporte de personas, en el transporte de mercancías y, sobre todo, en esos miles y miles de madrileños» porque «400.000 empadronados en Madrid no van a poder circular con su vehículo y otros 438.000 que viven en el entorno de la capital y que vienen a trabajar todos los días también el 1 de enero podrían ver cerradas las puertas».
La demanda la interponen «por justicia, por sentido común y por responsabilidad», ha explicado Ortega, que ha atacado al alcalde por «seguir coartando libertades bajo una excusa que ya se ha demostrado en los informes periciales que es falsa porque la calidad del aire en Madrid es muy buena y no se necesitan ni las multas ni las restricciones».
De conseguir el apoyo del TSJM, Vox lograría «paralizar todas las restricciones y las multas que suponen esta ordenanza de inmovilidad, de recaudación de multas». Lo que no ha podido avanzar es en cuánto tiempo respondería el Tribunal Superior.
No pudieron presentar antes la demanda
«El plazo que tiene el Tribunal es el que le da la capacidad de trabajo y de los asuntos que tenga adelante. Hay otras ejecuciones provisionales que tienen que resolver y va a depender del número de asuntos que tenga. Esperamos que sea un plazo breve, sobre todo porque hay un plazo perentorio, el 1 de enero», ha insistido.
Ante las preguntas que les hace la ciudadanía, Vox les contesta que «crucen los dedos y confíen en que este tribunal paralice esta locura antes de que tengas que achatarrar el vehículo. Si el 1 de enero no se ha parado hay muchas personas que recibirían entre 300 y 600 euros de multa todos los días», ha remarcado.
También ha explicado Ortega Smith que no han podido presentar antes la demanda «porque el alcalde, de una manera torticera, ha esperado a agotar el plazo para presentar su recurso de casación dejando correr el tiempo». «Una vez que ya hay constancia de que se ha recurrido en casación, nosotros inmediatamente nos hemos puesto a preparar esta demanda de ejecución presentada ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia», ha explicado.
