El Ejército suspende de forma cautelar el contrato de uniformes que reveló sus unidades
Tierra toma esta decisión después de que el tribunal administrativo recibiese la impugnación de una empresa
El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat, y la ministra Margarita Robles. | Foto: Diego Radamés (Europa Press)
El Ejército de Tierra ha suspendido de forma cautelar el procedimiento de contratación del megacontrato de casi 300 millones de euros para renovar todo el vestuario y accesorios de los casi 75.000 militares que forman parte de esta rama de las Fuerzas Armadas. Se trata de una licitación dividida en 19 lotes, a lo largo de 2.116 páginas, que prevé el suministro de ropa de trabajo y complementos durante dos años a partir del 1 de octubre de 2025, con opción a otros dos más.
La publicación de este megacontrato fue polémica ya que inicialmente se detalló en la Plataforma de Contratación del Sector Público todas las unidades y efectivos en territorio nacional y el extranjero. Un hecho que provocó estupor y sorpresa dentro del Ministerio de Defensa ya que durante unos días puso en bandeja una información sensible que ambicionan las agencias de inteligencia que operan en España, sobre todo la marroquí.
La decisión de Tierra se produjo el pasado 13 de noviembre, según una nota informativa firmada por el teniente coronel intendente José Amador Rosa Aranda, quien ejerce como secretario de la junta de contratación, tras recibir una notificación del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el que se impone esta medida provisional tras recibir un escrito de impugnación de una empresa, que no detalla. Previamente, se había ampliado el plazo de presentación de ofertas hasta finales de diciembre, según ha adelantado El Confidencial Digital y ha podido confirmar THE OBJECTIVE.
La complejidad del contrato ha obligado a Tierra a detallar con meticulosidad cómo tiene que ser cada prenda del uniforme castrense, desde las boinas y los zapatos hasta las polainas o la ropa interior. Pero la sorpresa fue la inclusión de un anexo de 26 páginas -el número II- en el que se enumeraban todas las unidades de destino en el Ejército y sus efectivos en cada una de ellas.
Dicho documento era, en realidad, el Orbat -Orden de Batalla en la jerga militar- que cada Ejército guarda bajo siete llaves con la relación pormenorizada de sus unidades y organismos. Tierra colocó en el polémico anexo un porcentaje de efectivos en cada unidad, con el fin de camuflar la cifra exacta que aparecía en un documento previo, pero no resultaba complicado saber de cuántos miembros se trata, ya que es conocido el número total de personas que tiene el Ejército -los citados 74.000-, según coincidieron los mandos consultados por THE OBJECTIVE.
En el documento se detallaba, por ejemplo, la composición de las agregadurías militares en embajadas españolas en el extranjero, así como la presencia militar en las bases de uso conjunto con Estados Unidos -Rota o Morón de la Frontera- o en las instalaciones de la OTAN en España como las de Bétera (Valencia) o Torrejón (Madrid). También en la Casa Real o el Departamento de Seguridad Nacional adscrito a Presidencia del Gobierno. Sin embargo, la información más delicada era la que afectaba a Ceuta y Melilla, así como a las principales unidades militares repartidas por el territorio nacional.
A raíz de aquella noticia, Tierra apartó de sus funciones a un teniente coronel y ordenó abrir una investigación interna para aclarar por qué se puso al acceso de cualquier internauta una información tan sensible. El oficial caído en desgracia pertenecía a Intendencia, el cuerpo encargado del planeamiento y administración de los recursos económicos y de las tareas de carácter logístico dentro del Ejército.
Una civil ajena a las Fuerzas Armadas
La investigación descubrió en primer lugar que el teniente coronel encargó la elaboración de dicho anexo a una civil ajena a las Fuerzas Armadas que tuvo acceso al Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa (Siperdef), la base de datos de todo el personal militar en activo, en la reserva o en servicios especiales de las Fuerzas Armadas. El Siperdef es un sistema de acceso limitado dentro del ministerio y que se actualiza cada lunes, por lo que la polémica filtración proporcionó una foto fija -y reservada- del número de efectivos que tenía Tierra a finales de agosto, subrayan las citadas fuentes.
El Ejército indagó también si dicha civil trabajaba para una UTE que iba a competir por el contrato, lo que agravaría la responsabilidad del militar señalado ante un posible caso de corrupción, o si se trataba de una secretaria de confianza del oficial fuera del ámbito castrense. En ambas opciones, esa persona tuvo que entrar en la base de datos para recopilar el número de efectivos que había en cada unidad militar y que terminó en el anexo II de la convocatoria del contrato. De ser así, se estaría ante una «manifiesta irregularidad», a juicio de las citadas fuentes, ya que se necesita tener una autorización expresa o una «habilitación en regla» para ello.
