El Senado baraja denunciar a Ábalos y Santos Cerdán por mentir en la comisión Koldo
El Código Penal les obliga a decir la verdad y las declaraciones de Aldama contradicen lo afirmado por ellos
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante su comparecencia en el Senado en la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' | EP / Fernando Sánchez
El Senado no descarta denunciar a los comparecientes en la comisión de investigación del caso Koldo que hayan mentido, después de las revelaciones realizadas este jueves por el empresario Víctor de Aldama ante el juez que instruye el caso, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes parlamentarias. Todas las personas citadas en esta comisión están obligadas a decir la verdad, como así recoge el artículo 502.3 del Código Penal.
La declaración, a petición propia de Aldama, ha dado un giro de 180 grados a las reuniones celebradas hasta ahora por la comisión de investigación de la Cámara Alta. Sus miembros comprobaron este jueves que algunas de las declaraciones que han escuchado en las distintas sesiones de la misma entran en abierta contradicción con lo manifestado por el empresario.
Esta circunstancia es analizada con cierto estupor por algunos de sus miembros que, con la reserva de que hay que comprobar la veracidad de lo afirmado por Víctor de Aldama, se sienten engañados por comparecientes como el exministro de Transporte, José Luis Ábalos; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; o el exsecretario de Estado de Transportes y ex número dos de Ábalos, Pedro Saura.
El Código Penal es muy claro sobre la obligación de decir la verdad cuando se comparece ante una Comisión de Investigación; en su artículo 502.3 dice que «si el convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses».
Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que cuando se les manda una citación se les indica que «tienen que decir la verdad, y si no, cometen un delito», y aseguran que a Santos Cerdán se le preguntó si había recibido, o no dinero, y «lo negó todo; uno que mintió». Otro señalado es Pedro Saura, «al que se le preguntó si se había reunido con Aldama, y dijo que no; otro que ha mentido». Sobre Ábalos, miembros de la comisión llegan a afirmar que «ha sido una tomadura de pelo a la comisión».
«Es obvio que han cometido un delito», apuntan. A partir de ahora, la mesa de la comisión de investigación tendrá que evaluar esta cuestión e informar de que posiblemente se ha cometido un delito, y que hay que transmitirlo al Ministerio Fiscal, siempre según la versión de las fuentes parlamentarias consultadas. En cualquier caso, será una decisión que deberán tomar los miembros de este órgano parlamentario.
Esta comisión de investigación ha creado un precedente, porque es «la primera vez en la historia de la democracia que se está realizando en paralelo, o incluso antes, de una investigación judicial, y la controla el partido que no es el Gobierno investigado. No hay precedente ni antecedentes de nada, sobre todo en el caso de solicitarlo a través de un edicto».
La declaración de Aldama se ha producido en plena turbulencia en la citada comisión por la incomparecencia del exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, que se niega a dar explicaciones ante este órgano parlamentario. Hasta ocho veces se le ha enviado una citación y en ninguna ocasión se le ha podido encontrar. Como último recurso se ha optado por un edicto penal publicado en el Boletín Oficial del Estado, para forzarlo a atender el requerimiento.
La cita para que Javier Hidalgo asista a esta comisión está fijada para el próximo día 29. Si no la atiende, el presidente de la comisión de investigación está dispuesto a remitirlo al Ministerio Fiscal por «incomparecencia, que también es un delito de desobediencia». Una vez enviado este edicto penal, Hidalgo ha facilitado un domicilio, que tampoco es tal, sino un despacho de abogados norteamericanos. «Nos está intentando torear, pero ya se le ha dado instrucción al letrado de remitirle el edicto para que se le advierta de todo lo que le puede pasar», insisten las fuentes parlamentarias, que advierten de que el Senado está dispuesto a «llevar hasta el final el Reglamento».
El caso de Javier Hidalgo abre también una vía inédita en el Senado, ya que podría terminar en un conflicto entre esta cámara y la Fiscalía General del Estado. Un enfrentamiento que se suma a los que ya se han producido con el Congreso de los Diputados.
