Denuncian por acoso sexual a un alto cargo español en la Secretaría Iberoamericana
El organismo iberoamericano toma «precauciones internas» en su sede de Madrid tras conocer este caso el lunes
Imagen de la última cumbre organizada por la SEGIB en Ecuador. | Foto: Casa de S.M. el Rey
Una empleada de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha denunciado por un presunto caso de acoso sexual a un alto cargo español de este organismo internacional, cuya sede se encuentra en Madrid, según revelan fuentes diplomáticas a THE OBJECTIVE. Una situación de la que el Ministerio de Asuntos Exteriores ya está informado.
«El pasado lunes se recibió una llamada telefónica por parte de una persona no vinculada a la Secretaría para alertar de un posible caso de acoso por parte de un funcionario de la SEGIB», confirma a preguntas de este periódico una portavoz de este organismo iberoamericano que dirige el exministro chileno de Exteriores Andrés Allamand desde 2022.
«Según su relato, los hechos -en caso de haber ocurrido- habrían tenido lugar fuera del ámbito laboral. Cabe destacar que en la conversación, la SEGIB puntualizó y se aseguró que la persona conocía acabadamente los mecanismos a su disposición para canalizar la denuncia que en su caso pudiera responder», señala la portavoz del organismo iberoamericano, quien añade a renglón seguido que «se han tomado las precauciones internas respectivas acordes a la información recibida».
Las citadas fuentes subrayan que se trata de una denuncia interna por escrito, en la que la trabajadora explica que el presunto acoso de índole sexual sucedió hace algunos años. La denunciante también incide en que ha dado el paso de denunciar a su superior jerárquico, cuyas iniciales son F.G.L, al verse animada por las denuncias que varias mujeres están publicando en las redes sociales en las últimas semanas y que dieron lugar al llamado caso Íñigo Errejón, que desembocó en la dimisión del portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados.
La persona señalada en la denuncia lleva trabajando más de una década en la SEGIB. Previamente estuvo destinado en la Moncloa como asesor de Presidencia de Gobierno durante los ocho años de gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, según las fuentes diplomáticas.
La SEGIB cuenta con un protocolo «contra el acoso sexual y/o por razón de sexo en el ámbito de trabajo». En él se especifica que dicho acoso «se define como cualquier comportamiento, físico o verbal, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo».
Cualquier trabajador que «se considere víctima de acoso sexual o de acoso por razón de sexo» podrá presentar una denuncia verbal o por escrito ante la Asesoría Confidencial. Este departamento dará «conocimiento inmediato y por escrito» del resultado de las actuaciones previas a la Dirección de Administración y Recursos Humanos y a la jefatura máxima».
Entre las medidas cautelares que se incluyen en el protocolo está «el alejamiento inmediato de la persona denunciante y la persona denunciada del acoso» con el objetivo de impedir que la «supuesta situación lesiva para la salud e integridad de la persona denunciante continúe produciéndose».
«Siempre que sea posible se podrá establecer un cambio de lugar de trabajo o de puesto de ocupación, dando prioridad a la persona denunciante para elegir. En caso de que se investiguen hechos considerados como muy graves en el presente Protocolo, se podrá suspender con pago a ambas partes hasta que se termine el proceso. Estas medidas, u otras que se puedan plantear, en ningún caso podrán suponer para la persona denunciante un perjuicio o menoscabo en las condiciones de trabajo, ni modificación sustancial de las mismas», se añade en el documento interno de la SEGIB al que ha tenido acceso este diario.
Además, todo el personal involucrado en el proceso deberá garantizar «la máxima rigurosidad y confidencialidad de todas las denuncias», así como la celeridad a fin de mantener los plazos establecidos, bajo apercibimiento de sanción en caso de que no se respeten estos principios, a determinar por el /la secretario/a general».
