Alcaldes del PP pondrán en marcha un servicio de acompañamiento a afectados por okupación
Los ‘populares’ piden a Sánchez que desbloquee la ley antiocupación aprobada por mayoría en el Senado
El vicesecretario de Política Muniipal del PP, Elías Bendodo, presentando la XXVII Intermunicipal del PP. | Diego Crespo (PP)
El cónclave municipal que celebra este fin de semana el Partido Popular en Valladolid tiene como objetivo «servir de escaparate para trasladar propuestas en materia de vivienda que se irán presentando en las próximas semanas», según aseguran a THE OBJECTIVE fuentes populares. Una de estas iniciativas que se van a anunciar es la puesta en marcha de un «servicio de acompañamiento a los afectados por la okupación», según estas fuentes. Igualmente, para intentar solucionar el problema de la vivienda, los alcaldes populares plantearán «movilizar suelo para viviendas de alquiler a precios asequibles».
Tras una semana de debates en torno a los problemas que afectan a los ayuntamientos, con mesas redondas que han tenido lugar en Burgos, Segovia, León y Salamanca, la Semana Municipalista del PP se clausura este domingo en Valladolid. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, pondrá el colofón a la XXVII Intermunicipal en la que se han dado cita alcaldes y concejales de toda España.
Uno de los problemas abordados ha sido el de la okupación, que se ha convertido en uno de los grandes ejes de la intermunicipal. Entre las propuestas que han surgido de este debate se encuentra la intención del PP de poner en marcha «un servicio de acompañamiento a los afectados por la okupación; puede ser un teléfono de denuncias cuando una vivienda es tomada por unos delincuentes, un correo al que los afectados puedan enviar su situación o un portal institucional con servicio de información». A través de estos canales «se presentará un servicio de asesoría jurídica, la creación de un registro de viviendas ocupadas o la conexión con policías locales».
Todos los alcaldes del Partido Popular exigen «a Sánchez que desbloquee la ley antiocupación aprobada por mayoría en el Senado», ya que consideran que «desde que los socialistas gobiernan en España se han incrementado los delitos de ocupación en un 40% y ya hay en nuestro país un total de 78.800 viviendas ocupadas, el equivalente a que ciudades como Palencia o Ciudad Real estuvieran ocupadas en su totalidad».
Otro de los debates ha sido el del problema de la vivienda. En el PP se considera fundamental «la movilización del suelo público para construir viviendas y eso lo saben los ayuntamientos. Por ese motivo, las corporaciones locales gobernadas por el PP se comprometen a movilizar suelo destinado a redes públicas de vivienda, tanto patrimonial como demanial, con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible. Se trataría también de solicitar suelo y viviendas que pertenezcan a la administración general del Estado, empresas públicas y organismos dependientes, como Sareb, Invied, Giese, Sepes, Segipsa, ADIF o Renfe para destinarlo a vivienda social y vivienda asequible».
Los populares presentarán su propia Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, «alternativa a la Ley del Suelo del Gobierno
La reforma de la Ley del Suelo es inaplazable para evitar que los tribunales sigan declarando la nulidad integral de planes urbanísticos debido a defectos de forma o a la falta de informes sectoriales. La propuesta del Partido Popular pasa por favorecer las condiciones para dinamizar los mercados de vivienda en propiedad, vivienda en alquiler, rehabilitación y suelo urbanizado».
Para ello, el PP promoverá una Proposición de Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda que modifica cuatro leyes existentes. Algunos aspectos destacados de esta normativa es la «modificación de la ley del suelo. Con ello pretendemos evitar la nulidad del planeamiento por defectos de forma, y las nulidades en cascada por razón de sentencias anulatorias. Así como impedir el ejercicio de la acción pública con fines espurios en litigios urbanísticos».
También quieren modificar la «ley reguladora del procedimiento contencioso-administrativo. El objetivo es garantizar que los cambios en la Ley del Suelo tengan su adecuado reflejo en las normas procesales que han de aplicar jueces y tribunales». Igualmente, cambiarán «la ley del contrato de concesiones de obra pública. Los informes sectoriales, especialmente los estatales, son una de las mayores causas de retraso en la tramitación urbanística, por lo que proponemos que se emitan los informes en plazo».
Finalmente, cambiarán «la Ley de Vivienda para derogar los aspectos que más perjuicio están ocasionando al mercado de la vivienda: el tope al incremento de los alquileres, la declaración de zonas de mercado tensionado y el índice de precios».
