La carta con la que Alvise quiso salvarse de la Justicia con la ayuda del 'Pequeño Nicolás'
La misiva pide al dueño de Madeira unificar declaraciones y que dijese que los 100.000 euros eran para «un fin privado»
El 'Pequeño Nicolás' (izq), Alvise Pérez (c) y 'Luis Cryptospain' (dch). | Ilustración: Alejandra Svriz
«Apuntes a la declaración de Romillo». Así empieza la carta de dos folios que Francisco Nicolás Gómez, conocido como el Pequeño Nicolás, envió el pasado 17 de noviembre en nombre de Luis ‘Alvise’ Pérez al equipo legal de Álvaro Romillo, el empresario de criptomonedas que denunció al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) ante la Fiscalía Anticorrupción.
La misiva del Pequeño Nicolás, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se remitió a Romillo 72 horas antes de que el fundador de Madeira Invest Club (MIC), conocido en el mundo de las criptomonedas y el blockchain con el seudónimo de Luis Cryptospain, declarase en calidad de imputado en la Audiencia Nacional.
Este último no hizo caso a la carta del intermediario de Alvise y confirmó al juez José Luis Calama los documentos de la denuncia enviada a la Fiscalía en septiembre. También indicó que entregó 100.000 euros en metálico al eurodiputado para recibir favores futuros del dirigente y también beneficiarse de su influencia en la red social Telegram.
Romillo aseguró este jueves en el programa Conspiranoicos de La Sexta que el Pequeño Nicolás «trabaja» para SALF y desveló la existencia de esta carta, en la que se le ofrecía unificar su declaración con la de Alvise ante el magistrado con la intención de que ambos lograsen ser desimputados: «Qué es lo que tengo que decir y cómo para que Alvise se libre de ir imputado», resumió el dueño de Madeira en la citada entrevista, en la que criticó «el nivel de perversión y mentira» del líder de SALF al decir que había vuelto a mentir «diciendo en sus redes sociales que yo he dicho que los audios están manipulados, lo que es falso».
La misiva del Pequeño Nicolás al equipo legal de Luis Cryptospain es la primera iniciativa que se conoce por su parte para ayudar a Alvise, con el que ya ha aparecido en varias imágenes desde el éxito electoral del 9-J. Empieza incidiendo en que la investigación penal que se ha abierto contra este último y el eurodiputado recae sobre dos tipos penales «muy concretos»: el artículo 304 bis por el que se investiga a Alvise y el 304 ter que afecta a Romillo.
El primer artículo señala que una persona será castigada con una multa «del triplo al quíntuplo de su valor» si se demuestra que recibe «donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores» al margen de la ley. De ahí que el líder de SALF se arriesgue a una condena de un máximo de 500.000 euros por el dinero recibido en mano justo antes de la campaña electoral del 9-J.
Mientras, el artículo que afecta al dueño de Madeira tiene una condena más severa, ya que estipula que será castigado «con la pena de prisión de uno a cinco años, el que participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido por la ley».
La carta del Pequeño Nicolás -leer abajo- subraya que la línea de defensa de ambos investigados «puede confluir hasta tal punto que, de declarar en la misma línea, conduciría al archivo de las actuaciones para los dos investigados». Para ello, le insiste en declarar que los 100.000 euros entregados en manos y sin tributar a Hacienda se explique como una «aportación dineraria» que se realizó «para un fin privado es lo que excluiría la conducta de los injustos penales en cuestión».
En este sentido, la defensa de Alvise plantea a Romillo las posibles preguntas que le podía hacer la Fiscalía. Por ejemplo, si Alvise le pidió 300.000 euros para financiar su aventura política. La respuesta ‘pactada’ sería la siguiente: «Nuestra colaboración era simplemente privada, yo le expresé que solamente conseguiría inversiones para ganar visibilidad, pero el mundo político no estaba dentro de mis intereses».
Y si el fiscal inquiría al empresario por las «100.000 gracias» que le dijo Alvise tras recoger el dinero, el eurodiputado le pedía a Romillo que hablase en estos términos: «No puedo saber por qué me dijo eso. Lo que sí puedo decir es que la entrega de dinero se le hizo para una colaboración privada. Queríamos ganar visibilidad y él quería defender el mundo de las ‘cryptos’». También se planteó una posible pregunta de la Fiscalía -«¿Usted le entregó el dinero para financiar su partido?»- con su correspondiente respuesta: «No. La única entrega dineraria que se le hizo fue para colaborar y ganar visibilidad del negocio a través de su Telegram y los impactos que él podía ofrecer. No se le da ningún dinero para su partido ni para fines políticos».
Luis Cryptospain no respondió a las preguntas de la defensa de Alvise en su comparecencia judicial, aunque la misiva incluía dos posibles cuestiones. En primer lugar, que explicase la finalidad de la relación entre ambos. La respuesta propuesta era la siguiente: «Mi fin era colaborar con él. Yo tenía un negocio al que quería darle visibilidad y él podría dar respuesta a ello con los impactos que podía generar a través de sus redes sociales». Y la segunda pregunta era sobre un audio aportado por Romillo en la causa, en el que el inversor viene a decir que la cesión de dinero en efectivo no tenía fines políticos. «El dinero que se le facilitó al Sr. Pérez era para colaborar con él. En ningún caso fue una aportación para fines políticos, ni para SALF ni para la campaña. Así se lo expresé claramente», le instan a responder.
En el apartado de conclusiones se insiste a Romillo en que diga que su interés en Alvise era «que sus proyectos tuvieran un impacto en las redes sociales de Pérez». Que los 100.000 euros entregados en metálico eran «una inversión» a futuro «a cambio de una serie de impactos en la comunidad del Sr. Pérez (charlas, compartir enlaces, etc.)». En definitiva, que dejase claro que el dinero «se destinó a un fin privado, a una colaboración y no a financiar un partido político ni su campaña electoral». Pero el dueño de Madeira no hizo caso a la misiva del Pequeño Nicolás, por lo que la carta que llegó a manos de su equipo legal quedó en papel mojado.
