Madrid se opone a la propuesta del Gobierno de reformar la ley de extranjería: «No es la fórmula»
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso exige un «sistema de repartos de menores inmigrantes real y no uno escondido»
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. | Archivo
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, se ha opuesto a cambiar un artículo de la ley de extranjería, tal y como propone el Gobierno central para solucionar la crisis migratoria y para repartir de manera más equitativa entre comunidades a los menores inmigrantes no acompañados que llegan al país. Así lo expresó este martes tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en unas declaraciones en las que acusó al Gobierno central de generar un «caos migratorio».
«La fórmula es un acuerdo con un sistema de repartos real y no un sistema en el que luego hay un reparto que está escondido y desde luego no es la fórmula el cambio de un artículo de la ley de extranjería», comentó Dávila, que acusó al «Gobierno de Pedro Sánchez de culpar a otros partidos políticos de la grave situación de caos».
El artículo de la ley de extranjería que se pretende cambiar es el 35, cuya redacción actual expone que «las comunidades autónomas podrán llegar a acuerdos con las comunidades autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración». La propuesta del Gobierno es que, en vez de ser una opción, se convierta en una obligación siempre y cuando se produzca una sobreocupación del 150% respecto al número de plazas disponibles en el sistema de protección de personas migrantes menores de edad no acompañadas.
En este sentido, Dávila ha acusado al Gobierno de estar haciendo un «reparto escondido», en referencia a la acogida de menores migrantes en los centros temporales de Carabanchel y Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, tras el anuncio hace un par de semanas de la Delegación de Gobierno de que se iba a incrementar el número de plazas: 400 en el de Carabanchel y 110 en el de Alcalá. A estos dos centros, comentó Dávila, «se está trasladando no solo a mayores, sino también a menores de forma absolutamente descoordinada y disimulada».
Reunión para el reparto
Estas declaraciones se produjeron dos días antes de la reunión a tres bandas entre el Gobierno central, el Partido Popular y el Gobierno de Canarias que tendrá lugar este jueves. En ella se tratará de desbloquear la reforma de la ley de extranjería para poder derivar a los menores migrantes a otras comunidades autónomas de forma obligatoria.
En este sentido, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Riego, defendió que la propuesta fundamental es la reforma del artículo 35 por ser «lo más garantista», una fórmula que no comparte Dávila.
La consejera ha insistido en la «postura de solidaridad» de la región y ha pedido a la ministra trabajar en «una planificación, no solo de la acogida y de los perfiles de los menores que se atienden, sino también de los recursos». «Hemos incrementado un 200% las plazas en este último año y vamos a alcanzar una inversión de 40 millones de euros este año», ha remachado.
«Facilitar el trabajo de las mafias»
Además, ha acusado al Gobierno central de «facilitar el trabajo de las mafias que trasladan tanto a menores como a mayores que se hacen pasar por menores». «Ya son más de 1.000 los que hemos recibido a través del aeropuerto de Barajas en esos aviones patera que está consintiendo el gobierno de España», ha lanzado.
El rifirrafe entre el Gobierno central y las comunidades autónomas del Partido Popular por el reparto de migrantes lleva meses sobre la mesa. A finales de julio, los populares, junto a Vox y a Junts, tumbaron en el Congreso la reforma de la ley de extranjería mediante la cual se buscaba repartir de forma obligatoria menores migrantes no acompañados.
En lo que va de año, 41.425 migrantes han llegado a Canarias por vía marítima, lo que supone un 17% más que en estas mismas fechas del año anterior, según el último balance del Ministerio de Interior.
