El fiscal del caso de fraude con fondos UE rechaza que la UCO pida el expediente
El juez le encargó a la Guardia Civil que lo requisara en Hacienda, ya que los denunciantes lo consideran la prueba clave
Las ministras María Jesús Montero y Sara Aagesen, junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. | EP / A. Pérez Meca
La instrucción del caso sobre un presunto fraude de fondos europeos, que lleva a cabo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora está provocando inquietud en los autores de la querella. Hasta la fecha, y ya han pasado tres años desde que el 7 de diciembre de 2021 se interpusiera la denuncia, ha sido imposible para el juez conseguir el expediente que le reclamó la Unión Europea al Ministerio de Hacienda, pieza fundamental para desentrañar el caso. El pasado día 2 de octubre, la Fiscalía Provincial de Zamora, señaló que esa documentación que el juez le había reclamado a la UCO, «no es necesaria», en una comunicación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, según interpreta la representación jurídica de los empresarios que han presentado la querella.
El 23 de marzo de 2022, este periódico publicó una información en la que desvelaba que la Unión Europea, a través de la OLAF (Oficina antifraude), vigilaba seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción en la concesión de subvenciones con cargo a los fondos de la Unión Europea. Uno de ellos se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla», una iniciativa impulsada por un grupo empresarial de Castilla y León que se enteró por THE OBJECTIVE de esta investigación.
Los empresarios habían denunciado el 12 de octubre de 2021 ante la Fiscalía Europea este posible fraude. Esta denuncia llevó a la OLAF, Oficina antifraude de la Unión Europea, a solicitar información al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda. Este organismo europeo reclamaba, antes del 15 de diciembre de 2021, información sobre «si el proyecto ha recibido financiación europea o si el proceso de solicitud para su obtención está en curso de tramitación.
En el caso de estar tramitándose, «se ruega se comunique en el momento que se cofinancie». Igualmente, quiere saber si «el proyecto es único o corresponde a proyectos diferentes (Barcial del Barco, por un lado, y el de La Robla, por otro); así como «si en el caso de haber recibido información europea» se le remita «información referente a la identificación del proyecto, beneficiario, situación actual, periodo de implementación y detalle de la financiación europea recibida».
Los empresarios aseguraban en su denuncia ante la Fiscalía Europea que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona». El posible montante de esta subvención podría alcanzar, presuntamente, los 500 millones de euros.
Los denunciantes reclamaron a la juez que instruye la causa «que «sea requerida una investigación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al objeto de que se puedan investigar las transferencias realizadas desde los Ministerios de Transición Ecológica y Hacienda en favor de empresas del grupo Acciona (Acciona Energía S.A., Acciona Industrial S.A., Acciona Construcción S.A., Acciona Concesiones S.L., Acciona Concesiones de Infraestructuras S.L) y también Incus Capital Advisors S.A. (Incus Capital, empresa que ha publicitado ser la financiadora del proyecto La Robla Green), así como terceros, durante los años 2021, 2022 y 2023, a los efectos de poder localizar la materialización o transferencia de las subvenciones desde dichos órganos nacionales y que pudieran corresponder al proyecto propiedad de mi cliente. Se solicita en base a los múltiples indicios y la solidez de los mismos, y dado que es perfectamente presumible que se hayan ejecutado presuntas adjudicaciones en fraude, de forma ilícita y mediante técnicas de ingeniería financiera de difícil seguimiento».
La respuesta del titular del juzgado se produjo en una providencia de fecha 21 de marzo, a la que tuvo acceso este periódico. La jueza que instruye la causa señaló que, «respecto de las pruebas interesadas, se accede a la práctica de lo interesando en el punto 2 (UCO); sobre el resto de diligencias solicitadas por él se acordará conforme al resultado de dicha investigación por la UCO».
Esta indicación de la juez no ha sido atendida, según señalan representantes jurídicos de los demandantes, que presentaron una denuncia contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) por «desobediencia al juez y negación de auxilio», según pudo saber este periódico de fuentes judiciales. En su denuncia, señalaron que la UCO, dentro de la investigación que le ha mandatado el juez, «no ha acatado la orden del juez que le ordenó incautar el expediente en la OLAF y en el Ministerio de Hacienda».
Ahora, se ha sabido que la Fiscal Provincial de Zamora, Belén Fernández Vizán, ha enviado un escrito al juez en el que indica: «El Ministerio Fiscal despachando el traslado conferido y a la vista de la documentación, se opone a lo peticionado por la Policía Judicial que esa documentación no es necesaria en las presentes diligencias de investigación». Los demandantes lo interpretan cómo que no se quiere reclamar el expediente de Hacienda.
