Consumo abre una investigación a empresas que gestionan cientos de pisos turísticos
El Ministerio considera que podrían estar incurriendo en «prácticas engañosas» y otras infracciones de la ley
Pablo Bustinduy. | Eduardo Parra (Europa Press)
Consumo ha abierto una investigación a las grandes empresas que gestionan y administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas, ya que podrían estar incurriendo en «prácticas engañosas» y en otras infracciones de la ley para la defensa de los consumidores.
Esta nueva investigación, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se centra en operaciones de pisos turísticos que, aún teniendo licencia, podrían estar siendo gestionados de forma irregular por empresas de intermediación que trabajan en diferentes lugares de España.
Por «prácticas engañosas» se entiende cualquier conducta que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, tal y como explica la ley de competencia desleal.
La misma ley menciona algunos supuestos que se considerarían «engañosos», como por ejemplo afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario.
Esta es una nueva investigación del ministerio que dirige Pablo Bustinduy, a través de la Dirección General de Consumo, sobre los conocidos como pisos turísticos que se suma a la que ya abrió en junio. En esa ocasión se examinaron los anuncios que publican algunas plataformas para ofertar este tipo de viviendas como enclaves turísticos sin disponer de licencia para ello, una práctica que también supondría una infracción de la ley de defensa de los consumidores.
El pasado mes de octubre, los técnicos de la referida Dirección General examinaron algunas agencias inmobiliarias que podrían haber ejecutado «prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler», según Consumo. Estas prácticas van desde obligar a los consumidores a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o a aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa.
Estas iniciativas van al hilo de las intenciones de Bustinduy de atajar la crisis de la vivienda en España, y por eso este mismo jueves, antes de participar en un congreso sobre derechos humanos, ha querido destacar la importancia de esta investigación pues «la perversión de algunos modelos de negocio de los alojamientos turísticos está cercenando el derecho a la vivienda en España».
Esa es la opinión del ministro, quien cree que «no puede ser que haya unos pocos que se enriquezcan mientras las familias en España viven al límite con la vivienda, ni que haya instituciones que reconozcan abiertamente que el 90% de los pisos turísticos en su territorio operan ilegalmente y no hagan nada al respecto».
«Hay bastantes pruebas de que esas conductas están cercenando el derecho a la vivienda en España», ha insistido el titular de Consumo quien ha asegurado que actuará en materia de vivienda para asegurar que «ninguna empresa esté por encima de la ley». Para ello, a su juicio, hay que intervenir políticamente el mercado de la vivienda, prohibir su compra en zonas tensionadas y aplicar la ley en esa materia, algo que, según ha sostenido, se niegan a hacer las comunidades del PP y permite, sin embargo, topar los precios de los alquileres.
«Hay que poner coto a un modelo de negocio de los pisos turísticos que está vaciando nuestras ciudades», ha incidido Bustinduy que ha recordado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya ha anunciado que en breve presentará medidas en relación a los pisos turísticos.
«Son líneas (las de los dos Ministerios) perfectamente compatibles y remamos en la misma dirección», ha remarcado en sus declaraciones en las que ha compartido «una sensación generalizada entre la ciudadanía», que «el descontrol que se ha producido en este ámbito es algo que no es asumible, no es aceptable en ningún sector».
Sin desvelar el número de empresas a las que se estaría investigando, sí ha avanzado que de demostrarse estas prácticas ilegales estarían castigadas con sanciones contempladas en la ley de defensa de los consumidores, y que las multas irían en relación a los beneficios ilícitos obtenidos y dependerían de los tipos de faltas.
