La exención fiscal del Gobierno a la FIFA por el Mundial deja fuera a los residentes en España
Las medidas no favorecerán a las personas que vivan de forma permanente en nuestro país, salvo a los futbolistas
El Mundial de 2030 echa a andar. La FIFA ratificó este miércoles a España, Portugal y Marruecos como organizadores. Un mero formalismo, ya que la decisión estaba tomada desde hace más de un año. El Gobierno se prepara desde entonces para la cita. El Consejo de Ministros ya aprobó el pasado 30 de julio un acuerdo en el que se compromete a beneficiar al órgano rector del fútbol con ventajas para conseguir visados, permisos de trabajo y exenciones fiscales. Las medidas no favorecerán a las personas que residan de forma permanente en nuestro país, salvo a los futbolistas.
El acuerdo que ratificó el Consejo de Ministros en verano asume una serie de garantías específicas requeridas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la celebración del evento. Se trata de las peticiones que dirige habitualmente la FIFA a aquellos países que van a organizar un Mundial. Las fuentes consultadas reconocen que el texto ha sufrido importantes modificaciones, disminuyendo las concesiones que incluía el borrador original.
El documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE no es vinculante, ya que necesita de un desarrollo normativo. El Gobierno se compromete con la FIFA a no exigir permisos de residencia, visados de entrada o de salida a sus miembros y a realizar «exenciones extraordinarias» en materia laboral. La fórmula se utiliza habitualmente para favorecer acontecimientos de excepcional interés público.
Beneficios por el Mundial
La mayor controversia surge con el punto quinto del acuerdo, dedicado a las exenciones fiscales. El Gobierno libra a la FIFA y a sus filiales de pagar cualquier impuesto, aunque reconoce que la Directiva 2006/112/CE puede restringir la aplicación de la exención prevista en relación con el IVA, un impuesto comunitario que grava la compra de bienes y la prestación de servicios en la UE. En ese caso, se compromete a «cooperar amistosamente» para implementar un sistema preferencial de devolución.
«Las personas destinadas que no sean jugadores que entren y salgan de España dentro del periodo que comienza 60 días antes del primer partido y termina 60 días después del último partido estarán totalmente exentas de todos los impuestos sobre personas físicas relacionados con la compensación recibida por dichas personas destinadas en metálico o de otro modo», subraya el acuerdo al que ha accedido este diario a través del Portal de Transparencia.
El texto insiste en que esta exención del impuesto sobre personas físicas no se aplica a las personas que hayan solicitado residir de forma permanente en España. Tampoco beneficiará a «las personas físicas que residan permanentemente», salvo a los futbolistas que disputen el Mundial y tributen en nuestro país. Los juristas sostienen que se trata de una medida lógica porque, en caso contrario, supondría un privilegio para una parte concreta de la población y vulneraría «principios básicos de igualdad fiscal».
Esaú Alarcón, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, considera «una cautela lógica» excluir de las exenciones fiscales a los trabajadores que paguen impuestos sobre personas físicas en España. En su opinión, todos los ciudadanos tiene que contribuir por igual al sistema.
La cuestión del IVA
«Tiene que ver con el concepto de tributación por renta mundial, que se aplica a todos los residentes fiscales de un territorio. En caso contrario, existiría un privilegio fiscal ad hominem entre personas residentes en España», insiste Alarcón. Le secunda Jesús Ruiz, experto en Derecho Tributario y socio director de Ruiz Ballesteros Abogados, que considera «razonable» que la exención incluya a las personas que arrastrará la FIFA para el Mundial de 2030, ya que la amalgama de normas en sus países puede perjudicarles.
Los expertos sostienen que las exenciones prometidas podrían generar un choque entre España y la UE. Miguel Javaloyes, socio director del despacho Javaloyes Legal, afirma que el texto vulnera «principios básicos de igualdad fiscal» y podría afectar de forma sustancial al Derecho comunitario. La fricción puede llegar con la cuestión relativa al IVA, ya que una directiva europea obliga a todos los Estados miembros de la UE y las autoridades son inflexibles al respecto.
César García Novoa, catedrático de Derecho Tributario y Financiero en la Universidad de Santiago de Compostela, reconoce que el Gobierno puede renunciar a cobrar impuestos, pero admite que es posible encontrar obstáculos con algunos convenios de doble imposición y tratados internacionales, como la Directiva 2006/112/CE. Un Mundial de fútbol no se encuentra entre los supuestos que permiten las exenciones, pero el profesor está convencido de que se encontrará alguna directiva que permita la fórmula.
Sin embargo, para Esaú Alarcón la dispensa de impuestos puede entrar en conflicto con una nueva normativa europea, la Directiva 2022/2523. España está obligada a trasponerla en las próximas fechas bajo riesgo de sanción. El texto requiere a los Estados miembros de la UE que exijan una imposición mínima del 15% para multinacionales y grandes grupos. Algo que se contrapone a los privilegios que se pretende dar el Gobierno a la FIFA.
Sedes en el aire
La designación estaba cantada desde el 4 de octubre del año pasado. Ese día, el consejo de la FIFA aprobó una candidatura única de España, Marruecos y Portugal para el campeonato. No obstante, los partidos inaugurales los acogerán Argentina, Paraguay y Uruguay, anfitriona del primer torneo, que en 2030 celebrará su centenario. El órgano rector del balompié ha ratificado este miércoles la decisión, aunque aún queda por aclarar cuáles serán las sedes definitivas.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha pedido seguir pujando «para tener la final» del Mundial, para la que el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid parte como favorito. El torneo supondrá una importante inyección económica para España, ya que reportará más de 10.000 millones de euros. Todo ello en un país en el que el fútbol profesional mueve 8.390 millones en impuestos y entraña el 1,4% del PIB.