El Gobierno exige a las comunidades un pacto para reparto de menores inmigrantes
Emplaza a los presidentes a sumarse a sus iniciativas y a «una política migratoria responsable y solidaria»
XXVII Conferencia de Presidentes, en el Palacio de la Magdalena, Santander. | Xuan Cueto (Europa Press)
El Gobierno ha instado a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes de Santander a «acordar de una vez» una solución compartida al reparto de menores inmigrantes, uno de los principales escollos en esta materia, a la vez que les ha emplazado a sumarse a sus iniciativas y a «una política migratoria responsable y solidaria».
Según han detallado fuentes de Moncloa, el Gobierno ha hecho estas referencias a las comunidades dentro de la Conferencia de Presidentes que se está desarrollando en Santander, donde la inmigración es uno de los principales temas en el orden del día.
En este contexto, el Gobierno ha propuesto a los presidentes autonómicos «que se sumen a una política migratoria responsable y solidaria, basada en la ciencia y no en los prejuicios, y responsables con las necesidades demográficas y laborales» de España. Del mismo modo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha apelado a «acordar de una vez una solución compartida al problema del reparto de los menores no acompañados a través de criterios objetivos, apelando a la solidaridad de todas las comunidades».
Precisamente, este es uno de los principales escollos en la negociación sobre política migratoria después de que no hayan prosperado las reuniones entre el Gobierno central, el PP, Canarias y Ceuta para el reparto de los menores inmigrantes. Al hilo, Canarias y País Vasco han consensuado una propuesta común para el reparto de menores inmigrantes, que plantearán en esta Conferencia de Presidentes para tratar de llegar a un acuerdo sobre este tema, aunque sea de mínimos.
Con todo, el Gobierno ha pedido a las comunidades «que se unan» a las iniciativas del Ejecutivo de Sánchez «para fomentar la migración regular», sumándose a los acuerdos internacionales de inmigración circular, «fomentando las alternativas laborales regladas, y contribuyendo al Plan de Integración y Convivencia Intercultural que el Gobierno presentará próximamente».
País Vasco y Canarias piden un mecanismo extraordinario
El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente canario, Fernando Clavijo, han pedido en la Conferencia de Presidentes que se active «un mecanismo extraordinario» de distribución de menores extranjeros no acompañados y se dote de más recursos ante la «situación dramática» en la que se encuentra la red de acogida de País Vasco y Canarias, como «frontera Norte del Estado» y «Fontera Sur», respectivamente.
Además, han defendido que es urgente que se aplique «la solidaridad y corresponsabilidad territorial» que vinculan al Gobierno de España y a los ejecutivos de las Comunidades Autónomas. De esta forma, plantean que cada territorio asuma una carga proporcional según la solidaridad y acogida desarrollada hasta ahora, si población, PIB per cápita y el desempleo que tenga.
Estas reclamaciones se recogen en la propuesta de acuerdo del Gobierno de Canarias y el Gobierno Vasco sobre la aplicación del principio de solidaridad territorial en la gestión de la crisis de los menores inmigrantes no acompañados que han llevado para su debate y aprobación a la Conferencia de Presidentes que se celebra en el Palacio de la Magdalena de Santander. La postura fue consensuada este pasado jueves en la reunión de trabajo entre los equipos de los Gobiernos vasco y canario, celebrada en Vitoria, y que incluyó un encuentro entre Pradales y Clavijo.
La propuesta conjunta destaca que la llegada al Estado español de menores extranjeros no acompañados en el último año y medio «ha sumido en una profunda crisis el sistema de acogida existente, obligando a abrir recursos de urgencia para la atención de niños, niñas y adolescentes no acompañados que han entrado en territorio español y, en consecuencia, europeo».
«Esta dramática situación que están viviendo las Comunidades Autónomas situadas en la Frontera Sur, pero también País Vasco, Frontera Norte del Estado, ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de aplicar de manera efectiva la solidaridad y corresponsabilidad territorial, tal como está recogido en el ordenamiento jurídico», ha añadido.
A su juicio, «es un principio y una obligación que vincula al Gobierno de España y a los gobiernos de las Comunidades Autónomas en una actuación activa para asegurar la cobertura de necesidades básicas y derechos fundamentales de los y las menores, sin que la situación geográfica o la carga inicial sea asumida de manera desproporcionada sobre una sola Comunidad Autónoma o en algunas especialmente».
En este sentido, destaca que en el actual ordenamiento constitucional del Estado, con una distribución competencial «conforme a los principios de colaboración, cooperación y coordinación para las actuaciones de las distintas administraciones, resulta común en los distintos niveles territoriales el deber de ejercer las competencias de manera supeditada al interés superior del y la menor».
Por ello, subraya que en la situación actual es «urgente que el Gobierno de España active un mecanismo extraordinario para resolver la situación que viven Canarias y País Vasco, que permita la distribución de las y los menores migrantes no acompañados y garantice sus intereses superiores».
Para los Gobiernos vasco y canario, el Ejecutivo del Estado «tiene la responsabilidad de promover de manera eficaz la distribución equitativa de los y las menores, cooperando activamente y aportando los correspondientes recursos materiales y económicos, para garantizar que todas las y los menores tengan acceso a un entorno seguro, adaptado a sus necesidades y derechos».
En esta línea, reclaman una distribución para esas finalidades de fondos estatales y europeos, así como que se ejerza una acción conjunta de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «para la mejor respuesta ante esta crisis migratoria». Según apuntan, esa asignación de recursos financieros extraordinarios a las Comunidades «debe poder asegurar que los servicios de acogida, tutela, y reintegración sean eficientes y se adapten a las necesidades específicas de cada menor».
«La respuesta a este desafío no solo es una cuestión de distribución de recursos, sino también de cohesión social y política, que exige que todas las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus capacidades, contribuyan a la solución», argumentan. A su juicio, «aplicar el principio de solidaridad territorial fortalece el Estado de bienestar y refuerza el compromiso con los Derechos Humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales».
