Los socios de Aldama: el piso de Castellana fue «un regalo para Ábalos tras dejar el Ministerio»
«Víctor nos dijo que era un pago en especie. Y Ábalos se enfadó porque quería el dinero»
Alejandra Svriz
El contrato de alquiler con «opción a compra» del piso de Castellana 164, firmado entre José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, fue un «contrato ficticio» que perseguía ocultar «un regalo» para el entonces ministro de Transportes de Pedro Sánchez, según informan múltiples fuentes a THE OBJECTIVE. Los socios del cabecilla del caso Koldo y la trama de los hidrocarburos oyeron hablar de este inmueble hace más de tres años, cuando Aldama les dijo que el piso de lujo era «un regalo de un empresario» en pago por los «servicios prestados». Según estas fuentes, se trataba de un inmueble que «el ministro tenía apalabrado para cuando dejara el ministerio», siendo consciente de que no había forma de camuflar una propiedad valorada en casi 2 millones de euros cuando su salario apenas sobrepasaba los 6.000 euros mensuales.
«Víctor nos dijo que era un pago en especie», dicen varios de los empresarios de la trama de los hidrocarburos a este periódico. «Y Ábalos se enfadó porque quería el dinero. Le dijo que a ver cómo justificaba él que se había comprado un piso de lujo en la Castellana» de un importe inasequible para su remuneración pública. Por este motivo, el ministro dijo que «no se podía poner a su nombre» el inmueble; esa es la razón de que se ideara la fórmula del alquiler con opción a compra, un «contrato de fiducia», como explicó De Aldama en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo, como garantía de que recibiría el inmueble cuando abandonara el Ministerio de Transportes. De ahí que el contrato suscrito entre Aldama y Ábalos en abril del 2019 expirara el 14 de febrero de 2024. En ese mes de abril de 2019 hubo elecciones generales, motivo por el cual ambos contaban con poder ejecutar el traspaso de la vivienda en 2023, un año antes de que finalizara el plazo.
La adquisición la hizo «un empresario, a través de Aldama». Los socios de Aldama relatan que, según la versión del comisionista, «Ábalos se enfadó mucho porque dijo que no podía tener propiedades y él quería tener el dinero Literalmente nos dijo que ‘qué hacía él con ése piso cuando lo que necesitaba era dinero’». Y recuerdan que el cabecilla de la trama siempre hablaba de que «Koldo y Ábalos le pedían siempre dinero, decían que para el partido» porque «no dejaba rastro». El exministro también habló del piso de la Castellana a personas de su entorno, a quienes explicó que era una vivienda «ocupada», que era propiedad de Aldama y que, posteriormente se traspasaría cuando abandonara el Gobierno. Se refirió a la casa como un «piso de lujo con vistas que tenía apalabrado». En el contrato del inmueble, de 250 metros en el Edificio Feygon II del Paseo de la Castellana, se estableció un alquiler mensual de 2.500 euros al mes durante cinco años.
El mismo ‘modus operandi’ que el chalé de Cádiz
Se optó por la fórmula de un alquiler con opción a compra, el mismo modus operandi que el empleado para la adquisición del chalé de la urbanización de La Alcaidesa en Cádiz. Como relató la compradora del inmueble, la empresaria Carmen Pano, ante las cámaras de este periódico, ella adquirió el inmueble por órdenes de Koldo García Izaguirre, en una reunión con Aldama en la que el asesor del ministro le informó de que «había que comprarle al ministro un chalé» a cambio de las gestiones para otorgarle una licencia de operadora de hidrocarburos a la empresa Villafuel SL, administrada por María Luisa Rivas, hermana de Claudio Rivas, socio principal de Aldama.
Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, Ábalos negó que la casa de Cádiz fuera una compra encubierta, diciendo que era un alquiler durante tres meses que pagó, y que puede acreditarlo. Pero no explicó por qué fue la empresa Have Got Time, administrada por Leonor González Pano (hija de Carmen Pano), la que hizo la compra justo antes del contrato de arrendamiento y después de que Koldo García le enviara un anuncio de venta de ese mismo chalé antes de que se realizara la adquisición, según consta en la información incautada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y recogida en su último informe.
Según la documentación que obra en poder de este periódico, el entonces titular de Transporte firmó un contrato de arrendamiento de una vivienda en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz) con opción a compra. El convenio estipulaba que la renta mensual debía ser de 2.500 euros. Sin embargo, el apartado decimotercero establecía: «El arrendatario-optante podrá ejercitar la opción de compra al cumplirse cinco años del arrendamiento, el 1 de julio de 2026 o en un plazo anterior a estos cinco años, siempre de mutuo acuerdo».
El PSOE intenta evitar que Pano declare
Según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, una vez que el dueño recibía el pago mensual en el banco, retiraba el dinero en efectivo y se lo entregaba personalmente a Aldama. A su vez, Aldama se encargaba de hacer llegar ese dinero nuevamente a Ábalos. En el momento en que el exministro decidiera adquirir la vivienda, se descontarían hasta 150.000 euros de su valor. Sólo unas semanas después de la adquisición, Ábalos firmó un contrato con opción a compra con la sociedad propietaria del chalé, el 1 de julio de 2021. Apenas nueve días después de este acuerdo, el exministro fue destituido fulminantemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En su entrevista exclusiva con THE OBJECTIVE, Carmen Pano no sólo reveló que fue Koldo quien le comunicó que debía comprar una propiedad como pago a la concesión de la licencia a Villafuel SL, sino que le especificó concretamente cual sería en su ultima reunión en el Ministerio de Transportes: «El ministro quiere una casa en Sotogrande».
El PSOE intenta desde esta semana que Carmen Pano no acuda a declarar y así lo solicitó en su escrito de personación en el Caso Koldo, alegando que su testimonio a THE OBJECTIVE, en el que describe el presunto cohecho a Ábalos en relación a la compra del chalé y al pago de 90.000 euros en la sede de Ferraz por orden de Víctor de Aldama, «ha sido cuestionado y negado por otros miembros de la trama». Sin embargo, el juez que instruye la causa de los hidrocarburos, Santiago Pedraz, pidió este viernes verificar en los teléfonos incautados los pagos en la sede del PSOE avanzados en exclusiva por este periódico.
