Los sindicatos respaldan a Díaz, pero temen retrasos en la aprobación de la jornada laboral
Las centrales sindicales creen que la falta de apoyos y las dudas del PSOE aplazarán la medida a 2026
Yolanda Díaz con los líderes de CCOO y UGT
Los sindicatos celebran con la copa medio vacía el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo sobre la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas. La ministra Yolanda Díaz quiso escenificar este viernes el pacto firmado con Comisiones Obreras y UGT. Sin embargo, la sensación que se percibe en las centrales sindicales es que el texto puede ser «papel mojado» si finalmente el Congreso de los Diputados no aprueba la modificación del Estatuto de los Trabajadores. Todo se dirimirá en el Congreso, donde Díaz carece hoy en día de los apoyos necesarios. Como publicó este diario, la ministra tiene prisa y apuesta por elevar al hemiciclo la norma antes del verano, pero quedan dudas sobre el visto bueno del PSOE.
Yolanda Díaz llegó el viernes al Ministerio de Trabajo respaldada por todos los ministros del área de Sumar. Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego se sentaron en la primera fila de la sala en la que Díaz escenificó la firma del documento de los líderes sindicales, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT). Las centrales sindicales han decidido aceptar la invitación de Díaz para intentar forzar un acuerdo que rechaza la patronal, y sobre el que duda el Ministerio de Economía. Después de fotografiarse con Díaz, los líderes sindicales incidieron en la necesidad de lograr un apoyo de la patronal a través de un diálogo social que no arranca.
La patronal mantiene su no a la medida. La CEOE ha acusado a lo largo de estos meses a Díaz de faltar al respeto a los empresarios y de imponer una agenda política por su necesidad personal. En el sindicato no niegan ese enfoque. Los sindicatos describen a una ministra deseosa de relanzar su figura política en un momento de «debilidad». Los sondeos señalan que Sumar ha perdido la mitad de los apoyos que logró en las últimas elecciones generales del 23-J.
Apoyos parlamentarios
Desde el frente sindical inciden en la importancia de involucrar a los empresarios en el acuerdo. Son ellos los que deben aceptar una reducción de la jornada laboral, y que eso no repercuta en otros mecanismos como las pagas extras de los empleados. El frente del no, sin embargo, parece difícil de romper. El Partido Popular se alinea con la patronal. Y PNV y Junts per Catalunya también insisten en su negativa. Sin esos apoyos, la medida estará destinada a fracasar en el Congreso.
Esa fragilidad parlamentaria es lo que limita el enfoque de Díaz y que, según las fuentes sindicales consultadas, impide encontrar el respaldo explícito del área socialista del Gobierno. Concretamente, del ministro de Economía Carlos Cuerpo. Pero también del presidente Pedro Sánchez, a quien Díaz intenta convencer para elevar la cuestión al Congreso aunque no tenga los apoyos cerrados.
En Sumar inciden en que a lo largo de esta legislatura, debido a la elevada fragmentación, ninguna medida legislatura tiene la seguridad de pasar el filtro del Congreso. Y reprochan al PSOE agarrarse a esta situación para no aplicar una medida que, según dicen, tiene una amplia aceptación social y que formó parte del acuerdo de gobierno.
El ministro Cuerpo pide a Díaz una aplicación pausada de la norma. Economía quiere una calendarización más suave. Pero Trabajo pisa el acelerador, consciente de que la estabilidad del Gobierno pende de un hilo. Díaz quiere una medida social de impacto que le sirva para consolidar su liderazgo. En las pasadas elecciones generales, presumió de haber aprobado medidas como la reforma laboral. Esa medalla le sirvió para reivindicar ante los votantes un perfil gestor del que carecían, según subrayan en Sumar, dirigentes como Pablo Iglesias.
Tiempos inciertos
La reforma pasa por rebajar de 40 a 37,5 horas la jornada semanal de los trabajadores sin que haya recortes salariales. Pero el acuerdo modificaría la jornada reducida y los contratos a tiempo parcial. En el caso, por ejemplo, de los empleos que ya son de 37,5 horas, se deberán convertir «automáticamente en contratos de trabajo a tiempo completo». Otra novedad atañe al registro horario obligatorio para las empresas, que deberá ejecutarse de forma diaria y digital, con sanciones que pueden alcanzar los 10.000 euros por trabajador.
Más allá de las cuestiones técnicas, el escollo que debe sortear Díaz tiene que ver con los apoyos parlamentarios y los tiempos de aplicación de la norma. Si, por ejemplo, Trabajo no llega a resolver la cuestión en el Congreso antes del verano, todo apunta a que la hoja de ruta dibujada este viernes no se podrá cumplir. Es decir, que la promesa de que las empresas tengan que adoptar la nueva normativa antes del 31 de diciembre de 2025 no se concretará.
En ese caso todo se aplazaría a 2026, permitiendo a Economía ganar tiempo. Y todo ello en un escenario de elevada inestabilidad debida, entre otras cosas, a la dificultad del Gobierno de sellar los presupuestos del próximo año. En definitiva, en el sindicato reconocen que la firma del documento con Díaz tiene más que ver con una operación de marketing político («fuego artificial») para demostrar la acción de Trabajo, que con un planteamiento sólido capaz de entrar en vigor el próximo año. Una «puesta en escena» de la ministra para tener «algo de cancha». «Todo se demora en la práctica a 2026, y ya veremos entonces», apuntan desde las centrales sindicales con cierto escepticismo.
