El suplicatorio de Ábalos se votará a finales de enero en un pleno extraordinario del Congreso
La Comisión del Estatuto del Diputado se reunirá el viernes 27 de diciembre para cumplir el trámite parlamentario
El exministro, José Luis Ábalos.
La Mesa del Congreso calificó este viernes el suplicatorio de José Luis Ábalos enviado por el Tribunal Supremo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Fuentes del órgano rector consultadas por THE OBJECTIVE explica que la notificación enviada por el Alto Tribunal, y a la que ha tenido acceso este periódico, fue calificada de forma telemática. Simultáneamente, se ha convocado el viernes 27 de diciembre la reunión de la Comisión del Estatuto del Diputado para que se dé cumplimiento al trámite parlamentario con la mayor celeridad posible. De hecho, fuentes gubernamentales y socialistas desvelan a este periódico que el suplicatorio de Ábalos se votará, previsiblemente, a finales de enero en un pleno extraordinario.
El escenario más probable es que el pleno extraordinario tenga lugar la última semana del mes de enero, previsto por el Gobierno para convalidar el decreto con el impuesto a las energéticas, tumbado por el PP y Junts este pasado jueves en el Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros lo aprobará vía decreto el próximo lunes, en la última reunión del órgano colegiado de Gobierno antes de fin de año, tras la cual el presidente Pedro Sánchez hará su particular balance de año, según confirman fuentes gubernamentales. De esta forma, el Ejecutivo tiene de 30 días hábiles para la convalidación parlamentaria de este real decreto, lo cual está previsto a finales de enero, apurando los plazos.
En el escrito de la presidencia del Supremo se remite a las Cortes la decisión de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal para «instar al Cuerpo Legislador la autorización para dirigir el procedimiento penal contra el diputado Sr. D. José Luis Ábalos Meco», dada su condición de aforado. Para ello, se adjunta el auto del juez, Leopoldo Puente, quien considera que existen «indicios bastantes» de la presunta integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Las diligencias quedan en suspenso, añade el escrito, hasta que se resuelva este suplicatorio al Parlamento, cuyo procedimiento está previsto que se determine en algo más de un mes.
Fecha tope: 27 de enero
Como informó este periódico, si se apuran al máximo los plazos, se podría acortar a la mitad el plazo máximo de 35 días que fija el reglamento del Congreso de los Diputados para la concesión de este trámite parlamentario. Una vez notificado a la presidencia de la Cámara Baja, la Mesa del Congreso deberá remitir la solicitud del Tribunal Supremo a la Comisión del Estatuto del Diputado en un plazo de cinco días. Dos pasos que ya se han dado este mismo viernes, y que han desembocado en la convocatoria del citado órgano parlamentario el próximo viernes 27 de diciembre. Según establece el artículo 12 del reglamento parlamentario, Ábalos podría solicitar una audiencia en la comisión del Estatuto del Diputado, de forma oral o escrita, para defender su inocencia. Tanto en el PSOE como en el PP creen que es altamente improbable que esto ocurra, porque supondría tener que exponerse a un nuevo examen parlamentario en un momento en el que el PP ha fiado toda su estrategia a este caso de corrupción que afecta al PSOE y al Gobierno.
Si renunciara a ese derecho que le confiere el reglamento, la Comisión del Estatuto del Diputado tendría un plazo máximo de 30 días para elevar sus conclusiones finales al pleno del Congreso para su votación, con lo cual la fecha tope no podría exceder del 27 de enero de 2025. Una sesión en la que también podría intervenir el exministro socialista, como hizo la anterior afectada por un trámite de suplicatorio, la diputada de Junts Laura Borrás, condenada por corrupción política. Sobre la base de ese precedente, el PSOE también duda de que Ábalos quiera intervenir en la sesión, incluso asistir a ella, porque recuerdan que «a Borrás le perjudicó intervenir en el pleno. Fue un error».
De «quien la hace la paga» al «no hay pruebas»
De lo que no cabe ninguna duda a ambos lados del arco parlamentario es que será un suplicatorio que «contará con 350 votos a favor» porque «nadie puede asumir el coste de votar en contra. Por ello, y pese al evidente pacto de silencio entre Ábalos y la cúpula del Gobierno y el partido, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, confirmó algo ya sabido por todos: que el PSOE votará a favor de ese suplicatorio. Poca novedad al respecto, como recuerdan fuentes de Moncloa, porque «jamás se ha votado en contra de un suplicatorio». Lo contrario implicaría obstrucción a la justicia, algo contradictorio con un PSOE que ha dejado caer a su ex número tres para evitar que se escalen las responsabilidades.
La idea defendida por Pedro Sánchez hace meses, cuando se le dio un ultimátum de 24 horas a Ábalos para que entregara el acta –«quien la hace, la paga»– ha dado paso a un nuevo giro discursivo a tenor de las amenazas de Víctor de Aldama: «No hay pruebas».
En cualquier caso, la imputación de Ábalos no implica la entrega de su acta. El artículo 21 del reglamento del Congreso establece que el diputado sólo será suspendido cuando, «concedida por la cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva», o cuando exista «una sentencia firme condenatoria». De esta forma, y salvo que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, decidiera decretar la prisión preventiva sin fianza del exministro, éste seguiría como diputado. Llegados a este punto, en Moncloa ya no se descarta ningún escenario, pero el más probable es que Ábalos siga siendo parlamentario durante, al menos, unos cuantos meses más.
