Armengol ha intentado arrastrar al Senado a su cruzada contra la prensa, pero Rollán se niega
El Congreso se escuda en un informe de un colectivo de periodistas para limitar el acceso de los medios
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán | Alberto Ortega (Europa Press)
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha intentado que el presidente del Senado, Pedro Rollán, se sumara a su intención de modificar el criterio para conceder las acreditaciones a los medios de comunicación que cubren la información en la Cámara Baja, pero este se ha negado, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes solventes. El Grupo Socialista también presionó en su momento presentando un escrito en la Mesa del Senado, que después retiró. Armengol pretende limitar las autorizaciones a los periodistas delegando la tarea en varias asociaciones profesionales y en Colegios de Periodistas en la órbita de la izquierda.
El intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de controlar a los medios de comunicación se ha convertido en un leit motiv de su mandato, como así se desprende de los dos anuncios hechos para limitar su trabajo. Por una parte, ha puesto en el punto de mira a los medios de comunicación nativos digitales que están desvelando los casos de corrupción que afectan a su Gobierno y su entorno familiar. Por otro, desde el Congreso de los Diputados ha encargado a la presidenta socialista de la Cámara, Francina Armengol, que cambie las normas para acreditar a los periodistas.
El 17 de julio el presidente del Gobierno anunció durante una intervención en el Congreso de los Diputados lo que llamó Plan de Regeneración Democrática. Un conjunto de medidas, basadas, según Sánchez, en un Reglamento europeo, entre las que se encuentra «limitar la financiación de las administraciones públicas que puedan dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores y para asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes». Además, repartirá 100 millones de euros a las empresas convencionales para la digitalización.
La segunda batalla se libra en el Congreso de los Diputados. Armengol ha creado un grupo de trabajo, al frente del cual ha colocado al vicepresidente primero, Alfonso Gómez de Celis, para intentar consensuar unos nuevos criterios en la concesión de las acreditaciones a los periodistas. El PSOE ha querido extender esta guerra al Senado e incluso ha llegado a presentar un escrito a la Mesa que posteriormente ha sido retirado.
Armengol ha pedido al presidente del Senado, Pedro Rollán, que apoye su cruzada, ya que, según sostiene, sería extraño que solo se cambiaran estas normas en el Congreso y no en el Senado. La respuesta de Rollán, del Partido Popular, ha sido la de rechazar cualquier intento de limitar la presencia de los periodistas en la sede de la Plaza de la Marina Española.
El PSOE se ha quedado, de momento, solo en esta batalla, apoyado en la Mesa del Congreso de los Diputados por Sumar, ya que el Grupo Popular ha rechazado cualquier intento de modificar las normas actuales para el acceso de los periodistas al Congreso. Eso sí, Armengol cuenta con el apoyo de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), que sostiene que se está produciendo una «alteración del desarrollo de las ruedas de prensa, conversaciones con representantes políticos y accesos a parlamentarios que se ven alterados por comportamientos inadecuados desde hace ya demasiado tiempo». Una queja que, sin embargo, no es compartida por otros profesionales de los medios de comunicación que realizan su trabajo en el Congreso y están en desacuerdo con la nota de la APP.
En este contexto de enfrentamiento ha aparecido casualmente un informe de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, la mayoría bajo el control de la izquierda, aportando su visión sobre cómo debería hacerse el cambio. Las fuentes parlamentarias consultadas temen que Armengol esgrima este informe como argumento para el cambio.
THE OBJECTIVE ha accedido al informe con fecha 11 de noviembre firmado por los colegios profesionales de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco. En el documento, de quince páginas y bajo el epígrafe Reglamento de uso y Código de Buenas Prácticas para el otorgamiento de credenciales de prensa en las Cortes Generales (Senado, Congreso de los Diputados y otras dependencias), se señala que los medios que pueden tener acreditación son solo aquellos que publiquen «información propia» y el 50% de la plantilla sean «profesionales licenciados en periodismo». Fija un cupo de una o dos credenciales por medio e incluye sanciones para quienes no cumplan las normas, sobre lo que tendrán competencia tanto la Mesa de la Cámara como representantes del Consejo General del Periodismo.
