El Govern calcula que la mitad de los docentes incumple la inmersión, pero evita sancionarles
El Ejecutivo aprobó hace tres años un decreto que preveía multar a los profesores que usaran el castellano
Un profesor dando clase a niños.
La Consejería de Educación no ha abierto ningún expediente a un profesor por no impartir las clases en catalán pese a los avisos de que lo harían. El anterior Gobierno de Pere Aragonès aprobó hace tres años un decreto para esquivar el 25% de castellano en los colegios y que, entre otras medidas, establecía la posibilidad de sancionar a aquellos docentes que incumplieran el plan lingüístico de su centro y no se dirigieran en lengua catalana a sus alumnos. Sin embargo, según avanzó Rac1, no se ha impuesto ninguna sanción por este asunto en todo este tiempo.
El Gobierno catalán aprobó el Decreto Ley 6/2022 para blindar el catalán en institutos y colegios. Este decreto fijaba que no se podían aplicar porcentajes en la enseñanza y que cada centro debía tener en cuenta el entorno sociolingüístico para desarrollar sus planes lingüísticos. Además, se reservaba la posibilidad de sancionar aquellos docentes que incumplieran con dichos planes. El pretexto para impulsar esta medida coercitiva era que, según sus propios cálculos, menos del 47% de docentes de educación secundaria admite hablar siempre o casi siempre en catalán a sus alumnos. Es decir, que el 53,2% se salta la inmersión en mayor o menor grado.
Si el Govern de ERC no abrió expediente -y, en consecuencia, tampoco sancionó- por este motivo pese a avisar de que lo harían, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE ven difícil que ahora se empiece a hacer con el Govern del PSC. Si bien los socialistas han asumido las tesis de ERC en materia lingüística y educativa, es poco probable que quieran ser más expeditivos en este asunto.
«Retroceso» en el catalán de los docentes
En 2021 la Consejería que entonces dirigía Josep González Cambray hizo público un informe, junto a la Consejería de Cultura, que refleja que solo el 46,8% de los profesores de cuarto de la ESO se dirigen siempre o casi siempre en catalán al alumnado. Es decir, más de la mitad del equipo docente (el 53,2%) admite que utiliza el castellano -de forma ocasional o frecuentemente- para comunicarse con sus estudiantes. Se trata del informe más actualizado que hay de la cuestión lingüística.
Según el propio informe, los alumnos que se comunican en catalán con sus profesores en este último año de educación obligatoria es todavía más bajo: el 39,4% de estudiantes se dirigen siempre en catalán a sus profesores.
Estos datos representan «un retroceso» respecto a 2006, cuando el 63,7% afirmaba hablar siempre en catalán. Si bien no se entró en las razones ulteriores de esta evolución, la inmigración de los últimos años y la situación de «emergencia» que, dicen, atraviesa el idioma catalán podría estar detrás de que muchos docentes reconozcan no poder impartir íntegramente sus asignaturas en esa lengua.
Sanciones por otros motivos
La Inspección de servicios es la sección del Departamento de Educación que tiene potestad para abrir expedientes a los profesores. De acuerdo con la información avanzada por Rac1, en 2022 y 2023, esta Inspección ha abierto alrededor de 130 expedientes a profesores por mala praxis. De estos, 49 fueron por faltas de asistencia no justificadas u otros incumplimientos, y 41 culminaron en sanciones.
La Inspección puede abrir expediente y sancionar por varios motivos. Por lo que respecta el catalán, en la mayoría de planes lingüísticos de los colegios se establece que debe ser la lengua de uso en todas las asignaturas salvo en la de lengua castellana y el inglés.
Con el fin de proteger a las direcciones de los centros, el citado decreto fijaba que la Consejería de Educación pasaba a asumir «la responsabilidad legal» de los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC). Asimismo, en un intento de evitar la intervención de los tribunales, también establecieron que los proyectos lingüísticos no se podrán cambiar a mitad de curso e identificaban el catalán como «lengua normalmente empleada como vehicular».
Otra de las medidas fue la de que los docentes acrediten el C2 de catalán para poder opositar o ser interinos. En caso de que no cumplan con los planes lingüísticos de sus respectivos centros se podrían enfrentar a sanciones o «responsabilidades disciplinarias» y «contractuales».
