El PP exige reformar la Ley de Transparencia y más sanciones por ocultar información
El Grupo Popular presenta una iniciativa parlamentaria para que el Congreso presione al Gobierno
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado. | EP / Eduardo Parra
El Grupo Parlamentario Popular quiere que el Gobierno reforme la Ley de Transparencia para mejorar el control y las sanciones de aquellos organismos del Ejecutivo y de la Administración que oculten la información que se les pide. Para conseguir este objetivo, ha registrado una Proposición no de Ley, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, para su debate en el pleno del Congreso de los Diputados, en la que, entre otras medidas, propone «la destitución inmediata de cualquier cargo público» implicado en un caso de corrupción.
Esta iniciativa parlamentaria del PP, registrada el 18 de diciembre de 2024, se pone en marcha días después de que el Ministerio de Sanidad se negara a facilitar al Portal de Transparencia los datos del número de asesores, tras la pregunta realizada por un particular. Después de elevar esta cuestión al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la ministra de Sanidad, Mónica García, se vio obligada a desvelar los nombres y los sueldos de este personal de confianza. En total, este departamento ministerial cuenta con 29 puestos de asesores nivel 30, el de mayor rango, de los cuales 27 estarían ocupados. De estos, ocho son de carácter eventual en la actualidad, es decir, la duración de su puesto está vinculada a la dirección del cargo que le designó.
Para evitar situaciones como esta, los populares quieren que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a «reforzar el cumplimiento de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, asegurando que todos los sujetos obligados, especialmente la Administración General del Estado, cumplan con sus objetivos de transparencia activa y pasiva».
Además, plantean «promover una reforma de la Ley de Transparencia que incorpore mejoras significativas en términos de control y sanción para aquellos sujetos obligados que no cumplan con los principios establecidos en la Iey, estableciendo medidas de transparencia y rendición de cuentas que vayan más allá de los mínimos establecidos en la legislación actual».
Otra medida es «fortalecer el papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dotándolo de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para ejercer con mayor eficacia su función de supervisión y control del cumplimiento de la Ley de Transparencia. Asimismo, garantizar la independencia efectiva de este organismo, evitando cualquier interferencia política que pueda comprometer su labor».
Igualmente, quieren «fomentar una cultura de Gobierno Abierto, adoptando políticas activas de formación y sensibilización entre los empleados públicos y la ciudadanía en general sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que se interioricen estos valores en la gestión diaria de la Administración y en la vida política y social».
Finalmente, abogan por «impulsar una política de tolerancia cero frente a la corrupción, a través de la destitución inmediata de cualquier cargo público implicado y asegurando que cualquier caso que se detecte sea investigado de forma exhaustiva, con la máxima celeridad, colaboración y bajo el principio de transparencia».
En la exposición de motivos de la proposición, que justifica su presentación, señalan que «el Ejecutivo ha demostrado su inclinación a ocultar información, dificultar el acceso a datos relevantes y evitar los mecanismos de fiscalización que la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno estableció con la intención de fomentar la apertura y el control ciudadano sobre la acción de los responsables públicos».
El PP afirma que «en las últimas décadas, España ha avanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas, consolidando la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Dicha ley se aprobó con el objetivo de hacer más accesible la información pública, fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción. Sin embargo, pese a los avances que hemos experimentado en esta materia, aún persisten graves deficiencias en su cumplimiento. Desde la llegada al poder del actual Gobierno, hemos presenciado un alarmante retroceso en materia de transparencia y un deterioro en la calidad democrática de nuestras instituciones».
Los populares destacan que «los informes resultantes de las distintas evaluaciones realizadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno han señalado graves incumplimientos por parte de este Gobierno, que ha adoptado una actitud deliberadamente opaca. Entre las áreas más preocupantes están la falta de información clara y accesible sobre los contratos públicos, las subvenciones otorgadas, las decisiones de gasto, y, en particular, las agendas y actividades de los altos cargos. Estas evaluaciones revelan que la Administración General del Estado sigue incumpliendo, en numerosas ocasiones, aspectos esenciales de la ley tales como la publicación proactiva de información relevante para la ciudadanía o la tramitación diligente de las solicitudes de acceso a la información pública».
El Grupo Popular advierte de que «esta negativa a ser fiscalizados se ha extendido también a los trámites parlamentarios, donde se percibe una estrategia constante de evasión por parte del Ejecutivo, que elude las preguntas incómodas, desatiende las solicitudes de información y se niega sistemáticamente a comparecer cuando es requerido para dar explicaciones. La respuesta del Gobierno a estos escándalos ha sido, en muchos casos, el silencio, la inacción o, lo que es aún más grave, la negación a permitir investigaciones efectivas. Las comisiones parlamentarias que se han creado para investigar algunas de estas situaciones han sido boicoteadas mediante tácticas dilatorias y falta de colaboración por parte del Ejecutivo, socavando así la función de control que corresponde a este Parlamento».
A la que consideran «preocupante situación de falta de transparencia» suman «los múltiples casos de corrupción que, lamentablemente, han sacudido al Gobierno en los últimos tiempos. Estos escándalos han evidenciado, una vez más, la necesidad de contar con mecanismos robustos de control y supervisión, así como con un compromiso firme por parte del Gobierno de rendir cuentas ante los ciudadanos. En este contexto, es inadmisible que el Gobierno actual continúe sin adoptar las medidas necesarias para garantizar una gestión pública íntegra y transparente».
El Partido Popular afirma que «siempre ha defendido la necesidad de un gobierno que actúe conforme a los principios, actúe de responsabilidad y transparencia. La rendición de cuentas no es una opción, sino una obligación para todo Ejecutivo democrático. No podemos permitir que, a través de prácticas opacas, se ponga en riesgo la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Un Gobierno que oculta información, que se demora en responder a las solicitudes de transparencia y que no publica de forma proactiva datos clave para el control ciudadano, mina la credibilidad de la democracia».
La proposición subraya que es «necesario reforzar la rendición de cuentas y fomentar una auténtica transparencia activa, que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a conocer cómo se gestionan los recursos públicos y cómo se toman las decisiones que afectan a sus vidas. Además, existe una necesidad imperiosa de que el Gobierno se someta a la fiscalización parlamentaria y deje de escabullirse de su obligación de dar explicaciones ante las Cortes».
«La democracia española no puede permitirse más opacidad, ni más intentos de ocultar la verdad. Solo con un gobierno verdaderamente abierto y transparente podremos recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones y garantizar un futuro de mayor prosperidad y justicia para todos», insisten.
