Dos activistas denuncian otro caso de policía infiltrado: «No hubo sexo; sí apoyo emocional»
Dos mujeres vinculadas a movimientos sociales en la Comunidad Valenciana presentan una querella por tortura
Activistas en Valencia informan de la querella contra un policía infiltrado. | CCMA
Las querellas contra policías infiltrados en movimientos sociales llegan a la Comunidad Valenciana. Dos mujeres vinculadas a grupos de activistas de la región han emprendido acciones legales contra un policía, sus superiores jerárquicos y el Ministerio del Interior por un presunto nuevo caso de infiltración policial. En la querella presentada exponen que «si bien no hubo sexo» con el querellado, se produjo «un grado alto de afectividad, convirtiéndose el agente en un soporte emocional en momentos difíciles», según han explicado en rueda de prensa este jueves en la plaza Benimaclet de Valencia.
El episodio que relatan guarda paralelismos con otro caso vinculado a colectivos izquierdistas de Cataluña, donde hasta ocho mujeres explicaron haber tenido relaciones íntimas con un policía nacional sin saber que lo era. Si bien en este caso han querido matizar que no hubo sexo, interpretan que los hechos sufridos son de la misma naturaleza y que serían constitutivos de los delitos de tortura, contra la integridad moral, de lesiones y de descubrimiento y revelación de secretos.
La acción jurídica que representa a las dos activistas está impulsada por el colectivo Alerta Solidària, vinculado a la izquierda catalana independentista. En el escrito consideran que el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska es responsable civil subsidiario de este presunto espionaje. Ambos casos fueron destapados por el digital La Directa, que ha expuesto la identidad real o las imágenes de algunos de estos agentes que habrían estado infiltrados desde 2020, tras salir de la promoción policial de 2019.
«Daños psicológicos»
Las dos activistas tenían una participación activa en algunos colectivos que fueron presuntamente objeto de la operación policial. Se trata del «movimiento popular y antifascista» de Valencia, así como de Cuidem Benimaclet, el CSOA l’Horta, la red de alimentos Grama o el grupo de apoyo a los jóvenes migrantes. Según la información periodística que ha sustentado la querella, el policía también estableció vínculos con militantes de Acció Antifeixista Valencia.
La querella especifica que ambas mujeres han necesitado tratamiento psicológico para reducir «su nivel de ansiedad». Una vez conocida su identidad real, les ha causado daños psicológicos haber mantenido una relación afectiva. «Fue el querellante quien alimentó las relaciones, si bien no hubo sexo, sí hubo en ambos casos un grado alto de afectividad, convirtiéndose el agente en un apoyo emocional en momentos difíciles», explican en su escrito.
La abogada defensora, María Josep Martínez, ha sostenido que se ha producido un «daño moral» evidente porque las estrategias usadas por el agente habrían «vulnerado la intimidad y privacidad», además de generar «un daño a la dignidad de la persona». En la rueda de prensa le acompañaba una de las querellantes, María P., y Marta Sanchis, portavoz de la asamblea vecinal Cuidem Benimaclet, colectivo afectado por la presunta infiltración.
«Señalamos a Grande-Marlaska, al Ministerio de Interior y a toda la estructura policial que han sobrepasado los límites legales propios de un estado llamado democrático; las infiltraciones responden a una estrategia planificada con la que buscan desestabilizar y controlar un barrio activo», aseguró Sanchis.
Repercusión política
Cuando se conoció el primer caso, en 2023, el grupo de ERC en el Congreso, conjuntamente con EH Bildu, Junts per Catalunya, la CUP, BNG y PDeCAT, registraron una solicitud de comparecencia del titular de Interior sobre «el agente del Estado infiltrado en el movimiento popular e independentista de Barcelona durante tres años».
Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, intervino en la Comisión de Interior del Congreso para aclarar que la misión de los -hasta entonces- nueve infiltrados conocidos, y el resto que sigue cumpliendo su trabajo, es «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana». Y habló también de que actuaban como «agente de inteligencia» por la necesidad de captar información.
¿Más o mejor regulación?
En ese año, Marlaska también aseguró en el Senado que existían «bulos» contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cuando le preguntaron por el agente infiltrado, defendió el «buen nombre» de los policías: «Se persiguen hechos». Como informó este periódico, la exposición pública de estos jóvenes policías encubiertos abrió un debate sobre la necesidad de regular su trabajo para dotar de seguridad a sus actuaciones y a ellos mismos.
El periodista Fernando Rueda, especialista en asuntos de espionaje, explicó que «los agentes de inteligencia tienen amparo legal para la identidad falsa, pero no los cobijan jueces y fiscales» mientras los agentes encubiertos «en todo momento están amparados por un juez o fiscal». Y abrió la puerta a legislar de forma más detallada sobre este tipo de figuras.
Todos estos casos que se están llevando en los juzgados se inspiran en una sentencia del Reino Unido sobre un agente encubierto que mantuvo durante dos años una relación con una activista de los movimientos sociales de Nottingham. El caso, llamado Kate Wilson v. The Commissioner of Police of the Metropolis and National Police Chiefs’ Council, fue enjuiciado en el Investigatory Powers Tribunal e implicó la vulneración de los derechos fundamentales de la querellante.
