Montero no dejará el Gobierno hasta que se convoquen elecciones en Andalucía

Fue su primer acto de campaña: cuando ya era un secreto a voces que Pedro Sánchez la había elegido para sustituir a Juan Espadas al frente del PSOE andaluz, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permitió flexibilizar la deuda del Ayuntamiento de Jaén para permitir que el PSOE se hiciera con los mandos del consistorio a través de una moción de censura. Un hecho que ha granjeado las críticas de la oposición por «comprarse una alcaldía» y la petición de que Montero abandone el ministerio, y concretamente el control de la Hacienda pública, en cuanto sea proclamada nueva secretaria general del PSOE andaluz.

Pero no es eso lo que está en la mente del presidente del Gobierno. Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que la número dos de Sánchez seguirá en el Ejecutivo «hasta que se convoquen elecciones en Andalucía», y no antes.

Cuestión distinta es su cargo de vicesecretaria general del PSOE en Ferraz. Desde la dirección federal sostienen que «no hay ningún problema en que siga», pero lo dejan a la voluntad de la propia Montero. Sin embargo, desde el PSOE andaluz sí consideran «incompatible» ser la número dos del partido y la líder de su federación más numerosa.

Estatutariamente, no existe incompatibilidad alguna, desde la reforma que el propio Pedro Sánchez hizo en el 40 Congreso Federal de Valencia para incluir al entonces barón extremeño, Guillermo Fernández Vara, en su Ejecutiva Federal. Desde entonces, el artículo 10 de los Estatutos Federales establece que «un afiliado sólo podrá tener un cargo orgánico ejecutivo salvo que sean inherentes o derivados del cargo o función principal» y «en todo caso será incompatible simultánea un cargo en las Comisiones Ejecutivas provinciales, Insulares, regionales, de Nacionalidad o Autonómicas con ser miembro de la Comisión Ejecutiva Federal. El respectivo Congreso a propuesta de la Secretaría General podrá excepcionar el cumplimiento del presente artículo hasta en un 10% de sus miembros».

En ese porcentaje estaba, en primer lugar, el hasta ahora líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, por su doble condición de secretario general del PSOE-A y portavoz del PSOE en el Senado, dado que los portavoces parlamentarios (Congreso y Senado) son miembros natos de la dirección federal. Pero también hay muchos otros casos que son excepciones de la norma general, como el de la ministra Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE y secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades hasta dos meses antes del 41º Congreso Federal de Sevilla, cuando anunció su renuncia al puesto en la Ejecutiva para centrarse en el territorio. Fue sustituida en la cuota valenciana por la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, que compatibiliza la Secretaría de Igualdad en Ferraz, la secretaría de área Institucional en el PSPV-PSOE y la vicepresidencia de sectores estratégicos en la ejecutiva local del PSPV-PSOE de Valencia. Por el mismo territorio, están en situación de excepción otros cargos orgánicos como Alejandro Soler; y por otras federaciones, el ministro Óscar Puente mantiene la secretaria general del PSOE de Valladolid y su puesto como vocal de la Ejecutiva.

El PSOE-A: «Si no deja Ferraz, alimenta la perspectiva de derrota»

Sin embargo, desde el PSOE andaluz creen que, pese a que la vicesecretaría general del PSOE «apenas tienen funciones reales, es poco estético» mantenerse como número dos del partido si aspira a liderar Andalucía. En primer lugar, porque conociendo la resistencia que la propia Montero ha tenido a asumir la candidatura del PSOE andaluz, «alimenta la perspectiva de derrota anticipada» y da la sensación de que «se guarda una carta para cuando pierda las elecciones frente a Bonilla», que todos asumen como lo más probable. Por contra, los socialistas andaluces defienden su permanencia en el Ejecutivo como vicepresidenta y ministra de Hacienda porque sostienen que «es necesario utilizar la plataforma de visibilidad del Gobierno».

Una permanencia que podría convertirse en un hándicap en el caso de que no consigan aprobarse los presupuestos generales del Estado (PGE). Hay quien piensa en el PSOE que la elección de Montero tiene una lectura interna relacionada con la precariedad y debilidad de la legislatura: «Su candidatura es la constatación de que no habrá Presupuestos, y cuando no los haya, podría utilizarla como chivo expiatorio para responsabilizarle del fracaso». El congreso regional del PSOE andaluz tendrá lugar el 22 y 23 de febrero en Armilla (Granada) y la presentación de las cuentas públicas no será hasta después de la Semana Santa, a finales de abril. De aprobarse, los PGE no verían la luz como pronto hasta antes del verano, pero el pesimismo crece cada día en los círculos gubernamentales.

El control de Hacienda y la Agencia Tributaria

Desde el Palacio de la Moncloa niegan tajantemente que el fracaso en las cuentas públicas vaya ligado a la salida de Montero del Consejo de Ministros: «Sería aplicarle un castigo que no tendría sentido, porque eso sería antes de que se celebraran elecciones en Andalucía y no saldrá del Gobierno hasta que Juanma Moreno convoque a las urnas». Pero no niegan que el escenario de aprobación presupuestaria se antoje cada día más complicado, a tenor de la presión añadida de Podemos, sumada a la de Junts. La prioridad de la ministra de Hacienda de aprobar los presupuestos para encarrilar la legislatura no parece compatible con las nuevas tareas en el PSOE andaluz, que en los próximos meses le obligarán a hacer un complejo encaje de bolillos para conformar su ejecutiva regional en una federación que acumula tensiones y agravios entre agrupaciones y familias.

Pese a ello, Moncloa niega una salida de Montero, que mantendrá el control del Ministerio de Hacienda, y concretamente de la Agencia Tributaria, hasta la convocatoria de elecciones en 2026, si el presidente de la Junta de Andalucía no decide antes disolver las cortes autonómicas. El detalle no es menor, a ojos de la oposición del PP, donde señalan a Hacienda como el origen de la filtración sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, al menos internamente en el seno del Gobierno, y antes de que interviniera el papel del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por filtrar presuntamente datos de un contribuyente en aras de «combatir públicamente un bulo».