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Política

El Gobierno sopesa anticipar la reunión de Sánchez y Puigdemont si Junts retira la moción

Fuentes gubernamentales sostienen que «no hay ningún escenario descartado y aún se sigue negociando»

El Gobierno sopesa anticipar la reunión de Sánchez y Puigdemont si Junts retira la moción

Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. | Agencias

El Gobierno negocia in extremis de cara a la proposición no de Ley de Junts que solicita al presidente Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Desde el Palacio de la Moncloa transmitieron este martes que su intención es que la Mesa del Congreso no califique la iniciativa, impidiendo iniciar su tramitación parlamentaria. Sin embargo, fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que «no hay nada descartado todavía y aún se sigue negociando». El Gobierno sabe que Carles Puigdemont no va de farol. El tenor de las amenazas de su número dos, Jordi Turull, se alinea con los inputs que le llegan de sus interlocutores habituales. Por ello, se han entregado en cuerpo y alma a una negociación en la que se barajan varios escenarios. El primero para Moncloa es que Junts retire su iniciativa, que se posponga a cambio de acelerar los compromisos pendientes de ejecución. Y el que más seduce a los posconvergentes es la celebración de la reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont que el propio Sánchez se comprometió a celebrar «evidentemente», en su último balance del año en diciembre.

En un desayuno informativo en Barcelona, Turull lanzó una estudiada pregunta retórica al auditorio: «¿Por qué a Sánchez le da angustia reunirse con Puigdemont?». Según fuentes gubernamentales consultadas por este periódico, el Gobierno sopesa anticipar este encuentro con el fugado de la Justicia en Bruselas para calmar a su formación política sobre la llamada «amnistía política», es decir, la normalización del líder de Junts tras su reelección en el último congreso de Junts a finales de octubre. Un encuentro que, según Turull, «no va de fotos, sino de reuniones serias para afrontar los retos» y que, a diferencia de la amnistía judicial, que el Supremo rechazó aplicar para los casos de malversación, entre los que se encuentra Puigdemont, sí está en manos del Gobierno de España. «Nosotros hemos cumplido, pero todo son excusas», sentenció este martes Turull, recordando que el catalán sigue sin ser oficial en la Unión Europea y que están pendientes el traspaso de la gestión de la inmigración a la Generalitat de Cataluña y las transferencias y pagos también a la Generalitat.

Pero la posibilidad de adelantar la celebración de esta reunión entre Sánchez y Puigdemont está supeditada a que Junts retire una iniciativa que, a juicio del Gobierno, «no tiene ningún sentido». Fuentes de Moncloa aclaran que bajo ningún concepto Sánchez se someterá a una cuestión de confianza porque se trata de una prerrogativa constitucional del presidente. En este sentido, tildan la iniciativa de Junts de «moción declarativa sin valor jurídico alguno» y que, por lo tanto, sólo importa en la medida en que el propio Carles Puigdemont ha condicionado la legislatura al éxito de esta pseudo cuestión de confianza. En el hipotético caso de que la Mesa del Congreso calificara este jueves la iniciativa, ésta sería una declaración política sin efecto alguno que sitúan al nivel de «una moción de reprobación o el reconocimiento de la victoria de Edmundo González Urrutia».

Los letrados no se oponen

Un argumento que emplearon los letrados del Congreso en diciembre, cuando el órgano rector de la cámara congeló la iniciativa ante las dudas jurídicas que generó. El informe de los servicios jurídicos del Congreso no se opuso a calificar y tramitar la proposición no de Ley de Junts, pero sí aclaró –en línea con los argumentos gubernamentales citados–, que se trata de una iniciativa de «carácter político» que no conlleva vulneración de la competencia constitucional del presidente, la cuestión de confianza recogida en el artículo 112 de la Constitución, y que sería recomendable añadir la aclaración al texto de que no generaría «el deber jurídico de plantear la cuestión de confianza». En cualquier caso, los letrados recordaron que el «único idóneo» instrumento de los grupos parlamentarios para quebrar la confianza del Ejecutivo es la moción de censura, aunque dejó la decisión en manos de la Mesa del Congreso. El órgano presidido por la socialista Francina Armengol tendrá que tomar una decisión que sentara un precedente, dado que, según los letrados, «no habiendo precedentes de proposiciones no de ley similares a la que ahora nos ocupa, corresponde a la Mesa fijar un criterio».

La pelota estaba en el aire hasta que la despejó la portavoz gubernamental desde el Palacio de la Moncloa. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría aseguró que «es una prerrogativa que le corresponde al presidente, los grupos tienen otros instrumentos y herramientas». Terminada la rueda de prensa, fuentes gubernamentales aseguraron que se trata de una decisión «firme» que se sustenta sobre la base de que «no estamos dispuestos a sentar un precedente permitiendo que los grupos recurran a una herramienta constitucional que no les pertenece». Lo que transmitió oficialmente el Gobierno este martes es que el PSOE votará en contra de calificar esta proposición. Una decisión que debería estar secundada por el socio minoritario de la coalición, pero fuentes de Sumar confirman que «aún no hemos decidido nuestro voto». De hecho, otras fuentes gubernamentales y socialistas aseguran a este diario que «la decisión no está aún tomada» y que existen «muchos escenarios y posibilidades abiertas». Uno de ellos podría ser que el PSOE aceptara tramitar la iniciativa para ofrecerle un margen de negociación a Junts hasta que se vote en el pleno, y ya entonces, convencer a Junts de votar en contra de su propia Ley a cambio de unos compromisos.

De hecho, tanto en privado como en público, el Gobierno se pregunta: «¿qué va a votar Junts? Si de verdad, va a retirar la confianza a Sánchez». Una cuestión retórica que responden negativamente porque señalan que «si lo hubieran hecho, ya habrían apoyado una moción de censura con el PP». En un intento de apuntalar esta idea, Alegría utilizó la atalaya de Moncloa para lanzar otra pregunta: «La pregunta que yo les trasladaría es ¿por qué? Porque mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en nuestra mano cumplimos con los compromisos».

Turull: «Lo del jueves no es inocuo»

Desde el Ejecutivo intentan transmitir la imagen de tener las manos atadas en cuestiones como la amnistía. Pero el argumento ya no es aceptable para los posconvergentes. Hace semanas, Puigdemont solemnizó una «pérdida de confianza» en el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien reprochó pretender que el apoyo de Junts fuera un cheque en blanco. Motivo por el cual anunció la presentación de una proposición no de Ley para que el jefe del Ejecutivo se sometiera a una cuestión de confianza, a sabiendas de que esta fórmula parlamentaria sólo es posible a iniciativa del presidente del Gobierno. El Gobierno lleva negociando desde entonces con sus socios posconvergentes mientras éstos amenazaban públicamente con que el rechazo a la misma acarreará graves consecuencias para la legislatura.

Puigdemont ha convocado el viernes a la dirección de su partido para decidir qué pasos tomar tras la decisión de la Mesa del Congreso el jueves. Y este martes, Jordi Turull advirtió que «lo que pase el jueves no es inocuo, no es menor», en un claro aviso a navegantes. «La confianza no se ha restaurado un año después», señaló en referencia a la firma en Bruselas del pacto con el PSOE. «Si no la tramitan [la cuestión de confianza] quiere decir que no son capaces de asegurar la confianza, de restablecerla, y si es así, tendremos que tomar decisiones, decisiones que no le gustarán al PSOE», advirtió Turull en el Fórum Nueva Economía en Barcelona. 

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