El PSC se autoconcede 82.500 euros a través de una consejería de la Generalitat de Cataluña
Vox detecta dos subvenciones del ‘Govern’ al partido que lo preside y no descarta llevar el caso a la Oficina Antifraude

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. | EP
La consejería de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, dirigida por Mónica Martínez Bravo, una economista fichada por Salvador Illa, concedió en 2024 dos subvenciones por un total de 82.500 euros al PSC, el mismo partido que preside el Govern, en concepto de «proyectos sociales». Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la primera ayuda se otorgó el 12 de julio por valor de 43.081,70 euros y la segunda el pasado 18 de diciembre por 39.508,69.

De los 16 departamentos que componen la Generalitat, el de Derechos Sociales es el que más presupuesto maneja. En 2024, concedió un total de 1.147.231.316,98 euros a más de tres millones de beneficiarios. Con tantos adjudicatarios, además, parecía fácil que dos concesiones al PSC se perdieran como lágrimas en la lluvia.
Sin embargo, ha sido Vox Cataluña quien ha detectado estas ayudas. María García Fuster, diputada conservadora en el Parlament, denuncia que «es un escándalo que el PSC reciba subvenciones de la Conselleria de Derechos Sociales mientras dicen que no hay dinero para las becas comedor, no hay dinero para ayudar a pagar el alquiler o no hay dinero para contratar más médicos en la sanidad pública».
Mientras «sangran a los catalanes con impuestos y su derroche es infinito, creen que pueden hacer lo que quieran con el dinero público sin que nadie proteste», señala la representante de Vox. Ignacio Garriga, el líder del partido en la región, ha reaccionado en X a la noticia: «Si esto no es reírse de los catalanes, que baje Dios y lo vea». También ha anunciado que la formación conservadora va a investigar a fondo estas subvenciones y que quizá lleve el caso a la Oficina Antifraude.
Las ayudas se concedieron sin contraprestación, a través de convocatoria ordinaria, en el marco de las subvenciones a «proyectos y actividades del ámbito de políticas sociales». Aunque será la Oficina Antifraude la que, previsiblemente, determine si es lícito, son los ciudadanos los que deben determinar si es ético y/o estético.