Moncloa respira: «no hay ruptura total» con Puigdemont aunque no habrá Presupuestos
Fuentes gubernamentales sugerían esta semana en Moncloa que «no es un drama no aprobar los Presupuestos»
Pedro Sánchez junto a Santos Cerdán.
El Gobierno respira aliviado. La declaración de Carles Puigdemont en Bruselas no es una buena noticia, pero tampoco es mala. Porque detrás de sus amenazas se esconde el intento del expresident fugado de «recuperar posición y visibilidad mediática». Y porque, al final, «parió una gallina». Según fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE, «no hay ruptura total» sino simplemente un toque de atención y una convocatoria de una reunión urgente al más alto nivel. En realidad, el nivel es el habitual, su interlocutor habitual, Santos Cerdán, y el especialista en intervenir en situaciones límites, José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE obedece y prepara el encuentro a sabiendas de que, en realidad, «Puigdemont le está hablando a los suyos». Y la intención es demostrar que manda. Si se trata de visualizar que él pone las normas y el Gobierno obedece, el PSOE acepta.
Pero, en realidad, el PSOE presume de no haber tenido que admitir a trámite la proposición no de ley de Junts instando a Pedro Sánchez a presentar una cuestión de confianza: una prerrogativa constitucional del presidente del Gobierno que PSOE y Sumar consensuaron no aceptar pero tampoco rechazar el miércoles por la tarde. El debate se ha pospuesto, pero no se ha resuelto y los estrategas gubernamentales y socialistas trabajan con los mismos escenarios de hace 48 horas. Junts debe mover ficha: o reformulación o retirada. Dos posibilidades que, como adelantó este diario, ya ofreció el negociador Santos Cerdán en las conversaciones in extremis antes de la reunión de la Mesa el jueves. A cambio, el Gobierno trabaja para ofrecer a Junts pruebas de su confianza. Aunque no concretan, esas demostraciones versarán sobre las tres exigencias fundamentales: la utilización del catalán en las instituciones europeas, el traspaso de las competencias de inmigración y la llamada ‘amnistía política’, es decir, la normalización de Puigdemont como actor político pese a ser un fugado de la justicia.
Sánchez ya prometió en diciembre que «evidentemente» se reunirá con Carles Puigdemont en los próximos meses, tras su reelección como líder de Junts a finales de octubre. De hecho, fue una de las posibilidades que el Gobierno sacó esta semana como zanahoria para forzar un acercamiento. Pero tanto Junts como Sumar explican al Gobierno que «a Puigdemont ya no le vale sólo la foto, que quiere contenidos». Como dijo el viernes en Bruselas: «Que nadie piense que este movimiento lo estamos haciendo porque Sánchez no se ha reunido conmigo. No pasa nada, podemos vivir perfectamente sin reunirnos». En el Palacio de la Moncloa han puesto todas las esperanzas en un pronunciamiento inminente del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, la utilización de nuevo de la corte de garantías para corregir el criterio del Tribunal Supremo de no aplicar la medida a los delitos de malversación. Un escenario que está más cerca tras la decisión del TC de apartar a José María Macías de las deliberaciones sobre la medida de gracia.
«La censura es improbable» por las encuestas de Junts
«Llegará un momento en que Puigdemont será amnistiado pese a los intentos de Vox, PP y los jueces de derechas». Y ahí, confía el Gobierno, se suavizará la sensación de agravio permanente del expresident fugado. Puigdemont podrá volver a España y se disipará la ficción de una eventual moción de censura entre PP, Junts y Vox. En el Gobierno no descartan absolutamente esa posibilidad, aunque la consideran remota en el momento presente: «La moción aún es improbable. No se dan los elementos para ello».
Algunos consideran que mucho más importante que la ruptura es la estrategia de simular una ruptura que, en términos demoscópicos, podría estar siendo rentable para los convergentes. La capacidad mediática y política de Puigdemont de mostrarse como la llave de la gobernabilidad le ha permitido una mejora en sus proyecciones de voto de Junts hasta los 9-11 escaños, desde los 7 actuales. Jugar a la contra tiene rendimientos tangibles, contantes y sonantes. Y en Junts son también conscientes de que su fuerza podría acabar el día en que aprueben los presupuestos generales del Estado, porque ese día Sánchez tendrá garantizada la duración de la legislatura. Por eso, quizá nunca lo hagan. Este viernes, Puigdemont se comprometió a no sentarse a negociar las cuentas públicas si el Gobierno no cumple con sus compromisos y mostró sus discrepancias con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su oposición a traspasar competencias exclusivas del Estado, como la inmigración, pese a que el Gobierno pactó con Junts su cesión integral».
Malos mimbres para una negociación presupuestaria que no comenzará hasta después de Semana Santa, habida cuenta de que la presentación de las cuentas públicas no se espera hasta el segundo trimestre del año. La responsable de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, dijo el viernes «respetar» la posición de Junts, «como no puede ser de otra manera y como es lógico en democracia», pero siguió el guion lógico al «transmitir nuestra voluntad decidida de seguir apostando por el acuerdo, por el diálogo».
«No es un drama no aprobar los presupuestos»
Sin embargo, esta semana fuentes de Moncloa admitían en los corrillos posteriores al Consejo de Ministros que «no es ningún drama no aprobar los presupuestos». Y se empieza a plantear la duda de si sería adecuado presentarlos en las Cortes si no hay visos de aprobarlos. Las fuentes consultadas por este periódico creen que aún hay posibilidades de aprobar las cuentas antes del verano, pero si llegado el momento ven que no es posible, consideran recomendable renunciar a su presentación por segundo año consecutivo. En enero de 2024 el Gobierno anunció que renunciaba a presentar los PGE tras anunciarse el adelanto electoral en Cataluña, lo cual paralizaba cualquier posibilidad de acercamiento durante un periodo de seis meses.
«¿Para qué vamos a ir a perder?», se preguntan otras fuentes gubernamentales. Sostienen que «ya no hay ninguna posibilidad de aprobar presupuestos y, cuando se confirme, anunciarán que empiezan a trabajar en los de 2026». De ficción en ficción para estirar el chicle de una relación que empezó con la aprobación de la amnistía y acabaría con la aprobación de unas cuentas públicas. De momento, la siguiente batalla será el 4 de febrero, cuando tenga lugar la siguiente reunión del órgano rector del Congreso. Prueba de fuego para el Gobierno: si para entonces no ha logrado concretar algún avance y suavizar a los posconvergentes, la portavoz, Míriam Nogueras, podría forzar que se eleve al pleno a finales de mes, cuando Junts tiene cupo parlamentario para presentar iniciativas.
