Hacienda se niega a revelar el dinero defraudado con el IVA de los hidrocarburos
Se escuda en que la Ley de Transparencia no le obliga a desvelar la información si se precisa elaboración previa
Oficina de la Agencia Tributaria. | Europa Press
El llamado fraude de los hidrocarburos o del diésel es sólo uno más de los que han revoloteado en la órbita del Gobierno en los últimos años. Si bien ninguna prueba apunta a que miembros del Ejecutivo estén directamente implicados, el papel protagonista en esta trama del comisionista Víctor de Aldama y de Claudio Rivas —y la acreditada conexión de ambos con José Luis Ábalos— le otorga a este caso una mayor visibilidad. A esto se le suma el fraude de cientos de millones que pasó inadvertido durante años a los ojos de Hacienda.
Pues bien, es precisamente la Agencia Tributaria la que no parece dispuesta a rendir cuentas de su falta de vigilancia a lo largo de estos años, al negarse a detallar el dinero que le consta que ha sido sustraído a las arcas públicas por estas prácticas fraudulentas. THE OBJECTIVE presentó una solicitud a través del Portal de Transparencia en la que preguntaba por cuánto dinero había detectado Hacienda en fraudes al IVA en hidrocarburos entre 2014 y 2024, desglosado por años. La Agencia Tributaria ha inadmitido esta solicitud de información.
La respuesta de Hacienda a instancias de este periódico saca a colación la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En su artículo 18.1, la citada norma establece que se inadmitirán a trámite las solicitudes «relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración».
Hacienda no sabe cuánto dinero se ha defraudado
En este sentido, la Agencia Tributaria se excusa al señalar que los datos pedidos por este diario no se encuentran disponibles, ya que la información de la que este organismo dispone en sus bases de datos «no está estructurada de forma que, ejecutando una única acción, se pueda obtener de forma directa, sin realizar un trabajo previo de reelaboración».
A continuación, tras apelar al mencionado artículo 18.1 de la Ley de Transparencia, la resolución firmada por la directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad Fernández Doctor, defiende su negativa apoyándose en jurisprudencia. Así, aporta dos sentencias, la primera del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la segunda de la Audiencia Nacional, en las que en el pasado no se ha concedido información pública basándose en esta misma norma para apoyar su postura.
Seguidamente, la Agencia Tributaria ahonda en esta justificación. Así, afirma que la información que se ha pedido no está disponible, que «no está parametrizada informáticamente para su explotación y extracción directa», tal y como este periódico la solicita, y que, para llegar a ella, «habría que establecer un proceso previo de reelaboración, haciendo uso de diferentes herramientas de análisis de información, dada la especificidad de la petición formulada». Por todo ello, resuelve inadmitir la solicitud.
Estas son las razones en el ámbito legal para que Hacienda se niegue a revelar la cantidad de dinero defraudada. Sin embargo, cabe preguntarse si el hecho de que la Agencia Tributaria no disponga actualmente de estos datos es una buena noticia. De ser así, supondría que el organismo encargado de perseguir el fraude desconoce cuánto dinero se ha desfalcado a la Hacienda pública a través del fraude de los hidrocarburos en los últimos diez años. La otra posibilidad es que sí le sea posible computar la cifra con la información que tiene en su poder pero que no se haya molestado en hacer los cálculos.
La trama de Aldama: 182 millones defraudados
El fraude del diésel ha revelado la existencia de redes organizadas que evadían impuestos y manipulaban la distribución de combustibles, generando pérdidas millonarias para el erario público. Un caso reciente es el del empresario Víctor de Aldama, detenido en octubre de 2024 por liderar una trama que supuestamente defraudó 182 millones de euros a Hacienda mediante el impago de impuestos sobre hidrocarburos y el blanqueo de capitales a través de empresas pantalla.
La operación incluyó registros en Madrid, Sevilla, Toledo y Zaragoza, y desembocó en el arresto de personas clave como Carmen Pano, su hija Leonor María González y Luis Alberto Escolano. Estas personas formaban parte de una red que manipulaba la trazabilidad de los hidrocarburos, distribuía productos bonificados como diésel regular y utilizaba facturas falsas para evadir impuestos. También se blanqueaban fondos mediante operaciones internacionales con empresas ficticias.
