Moncloa quiso usar la reforma judicial para controlar la sala del TS que juzgaría a García Ortiz
Buscaba que la Sala de lo Penal fuera presidida por la magistrada que se considera más cercana al PSOE: Ana Ferrer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras intervenir en un acto. | Eduardo Parra (Europa Press)
El Gobierno quiso usar la reforma judicial que anunció este martes para hacerse con el control de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo, la misma que juzgaría al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Así, el Ejecutivo, en un borrador de esta reforma, planteaba que “no podrán ser nombrados aquellos magistrados que, por el tiempo que les falte para la jubilación, no puedan cumplir completo el mandato de cinco años”. De esta manera, tras finalizar la presidencia de Manuel Marchena, la plaza sería para la magistrada que se considera más cercana al PSOE: Ana Ferrer, ya que el otro candidato, Andrés Martínez Arrieta, tiene prevista su jubilación para dentro de dos años, según han adelantado varios medios. No obstante, la reforma finalmente no incluye esta medida.
Ferrer es miembro de Jueces y Juezas para la Democracia y el Gobierno ya quiso impulsarla como presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ meses atrás.
Martínez Arrieta, por su parte, es de momento presidente en funciones de la Sala que tiene atribuida la competencia para las investigaciones penales de los aforados, a la espera de que las negociaciones en el Poder Judicial le permitan presidir la Sala oficialmente durante los próximos dos años y medio.
Este mismo martes, el Gobierno planteó una reforma judicial drástica que permitirá nombrar a cientos de jueces sin hacer oposición y castigar su asociacionismo. El anteproyecto para modificar la ley del Poder Judicial, del año 1985, contempla un sistema público de becas de cuatro años de duración por el valor del salario mínimo interprofesional (SMI) para los opositores que quieran acceder a la carrera judicial y prohibirá también la financiación privada de las asociaciones judiciales, dejándolas dependientes únicamente del dinero público. Asimismo, el Ejecutivo quiere que una de cada cuatro plazas se cubra por juristas de reconocida competencia, lo que abre la puerta al acceso de jueces sin necesidad de hacer una oposición.
Tres de las cuatro asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)– ya han avisado de que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) anunciada por el Gobierno puede servir para «meter» jueces sustitutos por la «puerta de atrás».