Sánchez ya aprobó en 2024 un decreto único donde solo subió pensiones con apoyo del PP
Feijóo propone dos medidas para actualizarlas con carácter de urgencia y renovar los abonos del transporte

Pedro Sánchez en una foto de archivo, en Davos. | Europa Press
El presidente del Gobierno aseguró este viernes en su visita a Fitur que no tiene intención de presentar, como le piden el Partido Popular y otros grupos, un decreto único y consagrado a la actualización de las pensiones conforme a los datos de IPC registrados en 2024. Pedro Sánchez ha apelado a la «lógica política» y ha criticado a la oposición por causar «dolor social» como arma arrojadiza, después de ver cómo dos de sus grandes decretos ómnibus no lograban la aprobación del Parlamento.
Sin embargo, en 2024, el Ejecutivo formado por el PSOE y Sumar no tuvo inconveniente en presentar un real decreto monográfico, el Real Decreto-Ley 11/2024, en el que se actualizaban las pensiones y, en términos generales, se proponía la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. El Gobierno tuvo entonces el respaldo de los populares. Pero Sánchez no está dispuesto ahora a repetir esa fórmula y quiere volver al modelo ómnibus. Desde la Feria Internacional de Turismo ha vuelto a reivindicarlo, porque en ese decreto ley -defiende- «hay muchas medidas sociales».
En este marco de estrategias políticas, el PP insiste en que Sánchez puede contar con su respaldo si de verdad quiere revalorizar las pensiones y lo hace de manera urgente, «como hizo al cambiar la dirección de Telefónica», en un decreto ley que contenga exclusivamente esa iniciativa. Tanto es así que Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que llevará la próxima semana al Senado la actualización de pensiones y la reanudación de las ayudas al transporte, para que al menos sean aprobadas por la Cámara Alta.
Lo que no quieren los populares -mantienen fuentes de su dirección nacional a THE OBJECTIVE– es aprobar un decreto como el que pretendía Pedro Sánchez, que implique, al tiempo que se revalorizan las pensiones, «subidas de impuestos (ya que no se prorrogan las bajadas de IVA que se hicieron a causa de la inflación, cuando aún hay niveles altos, por encima de la media UE); regalar un palacete al PNV en París, dar mayor protección a los okupas o recortar la financiación de las comunidades autónomas (sanidad, educación y políticas sociales/dependencia)».
La «estrategia» política de las pensiones
Pero el Gobierno no quiere oír hablar de esta propuesta que le salvó de revalorizar las pensiones en 2024. Y la prueba es que no han llamado después al PP para negociar, confirman las fuentes. El Ejecutivo insiste en que hay que meter las mismas medidas en un mismo paquete ómnibus, porque, en su opinión, ese decreto está «a favor de la gente y de la mayoría social». De cualquier modo, Podemos advierte al Gobierno de que sería «nefasto» seguir la estrategia de demorar la aprobación de un nuevo real decreto que recupere las medidas sociales que tumbaron en el Congreso PP, Junts y Vox, solo con el afán de que la «gente se dé cuenta de lo mala que es la derecha».
A la espera de que el Ejecutivo mueva ficha esta semana y desvele qué táctica o clave electoral va a utilizar para aprobar o no ese Real Decreto-Ley o si, por el contrario, va a agotar plazos para ir de la mano de los sindicatos a las movilizaciones anunciadas para el 2 de febrero, el Partido Popular ha arrancado una campaña de recogida de firmas para poder decir sí a la subida de las pensiones, apoyar las ayudas por la dana de Valencia y bonificar de nuevo el transporte público.
Las organizaciones sindicales se han puesto claramente al lado del Ejecutivo. Más allá de que se troceen los decretos y se vuelvan a negociar, hacen responsables, con el mismo guion que el del presidente Pedro Sánchez, a unos partidos políticos (PP, Vox y Junts) «que por dar un bofetón en la cara del Gobierno finalmente se lo han dado en la espalda de millones de personas, que además son vulnerables y están en situaciones de dificultad económica».
Dos salidas para salvar las pensiones
Pero el PP mantiene sus argumentos y afirma que el discurso de Sánchez se ha materializado en un decreto-trampa, que mezcla asuntos imprescindibles como la subida de las pensiones, las ayudas a Valencia por la dana y la prórroga de los descuentos del transporte público, con otros inaceptables, como la subida del IVA a los alimentos básicos y a la luz, mayor protección a los okupas y el regalo de un palacete al PNV. Por eso -defienden-, «el primer partido de España no va a someterse jamás a este tipo de chantajes y, de hecho, la mayoría del Congreso tumbó la normativa».
Los de Génova defienden dos salidas para frenar en seco esta situación y que los pensionistas cobren esta prestación revalorizada en febrero. La primera de las iniciativas -a la misma velocidad con la que se cambió al presidente de Telefónica- consiste en aprobar de una manera inminente, mañana mismo, un Real Decreto-Ley que incluya solo la revalorización de las pensiones. Esto -indican a THE OBJECTIVE- permitirá el voto de la mayoría del Parlamento.
Como segunda opción, el PP plantea una proposición de ley de carácter urgente para que en un plazo de dos o tres semanas, como máximo, esté aprobada. De otro modo -declaró Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP-, «un gobierno que pierde votaciones como ésta, porque no tenía el apoyo de sus socios, solo tiene una salida: convocar elecciones ya».
Madrid prolonga las ayudas, de momento
Este pasado viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, indicó que su Gobierno no puede asumir «eternamente» las ayudas al transporte, pero que hará «todo lo que está en su mano» para prolongarlas. «Nosotros vamos a asumir durante un tiempo estos precios, pero, evidentemente, no puede ser eternamente, porque estamos realizando grandes infraestructuras, tenemos gastos eléctricos, nuevos vagones y la modernización de uno de los mejores transportes del mundo», explicó en Fitur en el Día de Madrid.
La presidenta del Ejecutivo madrileño resaltó que la culpa «no es de las autonomías», y cargó contra un Gobierno que «está buscando culpables todo el rato en su debilidad parlamentaria».