El PP lleva al Congreso el nexo del PSOE con la trama de los hidrocarburos que desveló TO
Los populares registran una batería de preguntas para saber si Sánchez conocía esta presunta relación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Víctor de Aldama.
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para intentar aclarar los posibles vínculos -desvelados por THE OBJECTIVE– entre la trama de los hidrocarburos y el PSOE. Entre las cuestiones que reclama que le sean contestadas por escrito, a las que ha tenido acceso este periódico, se encuentra una relacionada directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el que se quiere saber si tuvo conocimiento de estos contactos, si es que llegaron a producirse.
Los populares señalan que «según ha trascendido por la publicación de un medio de comunicación, The Objective, miembros del PSOE, a través de intermediarios, podrían haber contactado con empresarios investigados por la Audiencia Nacional en la trama de hidrocarburos». Y añaden: «La trama vinculada a Víctor de Aldama, relacionado con importantes miembros del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez, cometió presuntamente un fraude de más de 180 millones de euros en la compraventa de petróleo, tras haber recibido, de forma sospechosa, la correspondiente licencia como ‘operador’ por parte del Ministerio de Transición Ecológica. En este contexto, una empresaria ha denunciado que llevó a la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz de Madrid, unas bolsas con 90.000 euros que entregó en la segunda planta de dicha sede».
El Grupo Popular apunta a que, «al parecer, desde el entorno del señor Santos Cerdán se ha transmitido a uno de los empresarios imputados que si ‘cooperan y ayudan a desacreditar a los agentes de la UCO, y además involucran a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como impulsora de las pesquisas, podrían lograr una rebaja en la posible pena, a través de la Fiscalía’».
A la vista de este comentario, afirman que «resulta evidente que, de haberse producido tal contacto por el PSOE con empresarios de la trama, hubiese sido necesario el conocimiento y autorización previa por el Gobierno, para, directamente por Pedro Sánchez, o a través del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se hiciese llegar alguna indicación a la Fiscalía, para favorecer tal beneficio penal para los empresarios afectados en la trama de hidrocarburos».
Con el objetivo de aclarar esta situación, plantean seis preguntas. Los populares quieren saber primero si «ha tenido conocimiento y autorizado el presidente del Gobierno, el Ministro de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes, el Ministro del Interior o cualquier otro miembro del Gobierno, que el PSOE lleve a cabo contactos con empresarios investigados en la trama de hidrocarburos; seguidamente, preguntan si «ha tenido el Gobierno conocimiento de que el supuesto acercamiento del PSOE a los empresarios investigados en la trama de hidrocarburos haya tenido como finalidad desacreditar a la UCO y atribuir, falsamente, a la presidenta de la Comunidad de Madrid algún papel oculto y conspirador en el inicio de las investigaciones sobre la trama que afecta al PSOE».
A continuación, interpelan «si ha remitido el Gobierno algún tipo de instrucción o ha trasladado algún tipo de mensaje a la Fiscalía para que impulse un acuerdo de reducción de posibles futuras penas con empresarios de la trama de hidrocarburos». Igualmente, quieren saber «si considera el Gobierno que es acorde al Estado de Derecho y al principio de lealtad institucional, desacreditar de manera falsa y deliberada la labor de la UCO en unas investigaciones que afectan al propio gobierno o su entorno».
Otro tema de interés es «si considera el Gobierno que es democrático que, presuntamente, por parte de un partido se intente coaccionar y manipular las declaraciones de personas investigadas, acusando a la UCO y a rivales políticos con la finalidad de conseguir impunidad para sí mismo». Finalmente, preguntan «si es consciente el Gobierno de que intentar influir directamente sobre el testimonio de investigados para que declaren cosas que no son ciertas, podría suponer un delito de obstrucción a la Justicia».
THE OBJECTIVE publicó que con esta estrategia de involucrar a la presidenta de la Comunidad de Madrid el objetivo sería desviar la atención sobre la corrupción que afecta al PSOE y sembrar dudas sobre la imparcialidad de los cuerpos de seguridad que investigan la trama. El entorno del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría transmitido a uno de los empresarios imputados que si cooperan y ayudan a desacreditar a los agentes de la UCO, podrían lograr una rebaja en su pena a través de la Fiscalía.
