El Gobierno crea un registro de 'lobbies' del que excluye a sindicatos y patronales

El Gobierno ha acordado este martes remitir al Congreso de los Diputados el “Proyecto de Ley de Transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés“. La iniciativa es una más de las que están contenidas en el plan de regeneración democrática de Moncloa de la que ya se ha dado luz verde a una ayuda de 125 millones de euros para digitalizar medios de comunicación y a un plan para que equiparar el derecho a réplica y rectificación de la prensa con los usuarios relevantes de las diferentes redes sociales.

En el caso de la ley de ‘lobbies‘ -un proyecto del que ya se había aprobado en noviembre de 2022- el Gobierno indica que es la primera vez que se regulan, en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), “las relaciones entre los denominados ‘lobbies‘ y los titulares de puestos públicos en la AGE, susceptibles de recibir influencia, con el fin de garantizar una mayor transparencia, participación en la toma de decisiones públicas y prevención de conflictos de intereses”.

El Portal de Transparencia y el sitio web de la Oficina de Conflictos de Intereses albergarán un Registro de Grupos de Interés, que mostrará con detalle su actividad, especialmente qué reuniones mantienen con los altos cargos o los funcionarios que participan en el proceso de elaboración o diseño de las normas. Estas actividades también quedarán reflejadas en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo de cada norma para constituir una huella que permita comprobar quiénes, en qué momento y sobre qué materia han participado a la hora de diseñarla o elaborarla.

Registro obligatorio

La inscripción en el Registro es obligatoria y debe identificar los ámbitos de interés de los lobbies, su finalidad, objeto social y la información financiera relativa al último ejercicio contable, indicando de forma expresa la parte imputable a la actividad de influencia. Los grupos registrados deberán cumplir, además, un código de conducta, y se establece un régimen sancionador en caso de infracción. Aquellos grupos que no estén inscritos en este registro no podrán contactar con el personal público para ejercer actividades de influencia.

La norma considera grupos de interés a aquellas personas físicas y jurídicas, agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal público. Como ya estaba previsto, no tendrán la consideración de grupo de interés las administraciones públicas y su sector público institucional, los organismos y las autoridades públicas internacionales (incluidas las misiones diplomáticas y embajadas), los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y los colegios profesionales en el ejercicio de funciones públicas.

Se consideran personal público susceptible de recibir influencia los altos cargos de la AGE, los asesores de los gabinetes, los cargos directivos públicos y el resto del personal público que participe en la toma de decisiones, en la elaboración de disposiciones normativas y en la ejecución de las políticas públicas. La normativa establece un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para aprobar las disposiciones necesarias para el funcionamiento del Registro y el nuevo Estatuto de la Oficina de Conflictos de Intereses.

‘Lobby’ de Acento

Se da la particularidad de que el proyecto ha estado a cargo del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública de Óscar López, que tiene como número dos a Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y uno de los fundadores de Acento, una de las mayores agencias de lobby de España.

Antonio Hernando fundó junto con Pepe Blanco, exministro de José Luis Rodríguez Zapatero, la consultora Acento Public Affairs a finales de 2019 y dos años después volvió a Moncloa tras cesar de todos sus cargos, incluyendo el de administrador y dejando de tener la condición de socio. Durante su paso por el sector privado, el ahora secretario de Estado formó parte de la compañía que hizo lobby a favor de grandes empresas manteniendo una gran interlocución con el Gobierno a través de carteras como el Ministerio de Industria o el de Transportes.

Hasta la fecha en la que Hernando fue parte de Acento la agencia tuvo como uno de sus principales clientes a Huawei y se vio involucrada directamente en asuntos clave como la primera fusión de Air Europa con Iberia, el rescate de Duro Felguera de la SEPI, la negociación de AENA y los alquileres de los locales comerciales de los aeropuertos