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Política

Vox lleva al Senado una moción para endurecer las penas por 'okupación' e 'inquiokupación'

Los de Santiago Abascal piden desahuciar a los que han ocupado ilegalmente una vivienda en menos de 48 horas

Vox lleva al Senado una moción para endurecer las penas por ‘okupación’ e ‘inquiokupación’

Edificio ocupado. | Agencias

Vox ha visto una oportunidad política. Tras la aprobación del decreto ómnibus del Gobierno por parte del Partido Popular, los afectados por la okupación cargaron contra los de Alberto Núñez Feijóo. Con el objetivo de hacerse con la bandera de la lucha contra este delito, la formación que lidera Santiago Abascal ha presentado este jueves una moción en el Senado instando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a desarrollar políticas de «tolerancia cero a la ocupación ilegal», modificando el Código Penal para endurecer las penas para el delito de usurpación, así como crear un tipo específico para las bandas organizadas que llevan a cabo estos delitos, y así acelerar el proceso de desalojo de los okupas.

Vox es consciente de que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, y que la okupación genera un especial rechazo, aunque el Gobierno de Sánchez tilda de «bulo y desinformación» lo referido al fenómeno. Sin embargo, los datos no mienten: el Ministerio del Interior registró 15.289 denuncias o hechos conocidos como allanamiento en 2023. Además,durante los tres primeros trimestres de 2024, los juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas se incrementaron un 55% (1.782 demandas interpuestas).

En 2023, el número de demandas fue de 2.261 y en 2022 de 2.785. Aun así, estos datos que ofrece el CGPJ son también parciales puesto que se refieren a «procedimientos tramitados por los Juzgados de Primera Instancia, que permiten, en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas, a la persona física, que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, a las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento», según la definición que este órgano expone. 

Por lo expuesto, la moción presentada por Ángel Pelayo Gordillo, senador de Vox, denuncia que «el problema del acceso a la vivienda no puede trasladarse de la Administración Pública a los propietarios, en muchos casos familias vulnerables y ancianos que tenían en una vivienda puesta en alquiler un ingreso con el que subsistir y que la okupación les arrebata». «Este drama se ha incrementado aún más si cabe con la promulgación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, cuya Disposición Final Quinta consagra la inquiokupación prescindiendo de solventar los perjuicios que tiene para los propietarios y creando una insoportable seguridad jurídica», abunda el texto.

Vox denuncia la «inexistencia de protección legal de la propiedad privada frente a la okupación», ante la cual propone endurecer las penas por usurpación, «dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mayores medios en la lucha contra la ocupación ilegal; y civil, agilizando el proceso de desahucio de okupas y ampliando tanto el objeto como los sujetos amparados bajo este procedimiento más rápido de recuperación de inmuebles».

Las propuestas de Vox

En concreto, Vox solicita modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos penales frente a la ocupación ilegal dotando de mayores medios y herramientas legales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desalojar inmuebles ilegalmente ocupados además de garantizar el desahucio de los que han ocupado ilegalmente una vivienda en menos de 48 horas.

Otra de sus propuestas es la de modificar la Ley de bases del régimen local para así evitar que los okupas puedan empadronarse en una vivienda ocupada, eximir a los propietarios de viviendas ocupadas del pago del IBI durante el periodo de ocupación ilegal o cesar la prórroga o ampliación de la suspensión de desahucios y abstenerse en un futuro de facilitar tanto la ocupación ilegal de viviendas así como la «inquiocupación» combatiendo este fenómeno y dejando sin vigor cualquier medida que facilite este fenómeno.

Por último, desde el partido que lidera Abascal promueven, además, la creación de un servicio de asistencia integral a las víctimas de la ocupación ilegal de sus viviendas. 








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