Una exdiputada de Vox denuncia a Garriga por presunta malversación y apropiación indebida

Isabel Lázaro, diputada autonómica catalana por Vox la pasada legislatura, ha denunciado ante la Fiscalía al secretario general de su partido, Ignacio Garriga, y su número dos en el Parlamento catalán, Joan Garriga, por presunta malversación y apropiación indebida, según el escrito registrado este viernes al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

La denuncia, que ahora la Fiscalía tendrá que decidir si la admite a trámite, incluye la acusación contra los dos Garriga de haber diseñado «un doble circuito de apropiación de fondos públicos», a juicio de la demandante. El primero de ellos sería mediante la facturación por servicios ficticios. Ambos denunciados cobraban una retribución directa por el Parlament de 88.973,60 euros, cantidad que comprendía un pago especial por su labor de portavoz y portavoz adjunto, respectivamente.

De forma simultánea, cobraban mediante «giro de facturas» al grupo parlamentario «de la cuenta de asignaciones económicas». Así, Ignacio Garriga facturó 3.700 euros al mes en concepto de «dirección del Grupo Parlamentario» y Joan Garriga un total de 1.063 euros en algunos meses por «servicios prestados».

«Este esquema indica una duplicidad en el cobro de fondos públicos mediante autocontratación. Concretamente, don Ignacio Garriga, habría girado facturas por un importe total de 81.490,59 euros durante los ejercicios 2021 a 2023; mientras que don Joan Garriga, habría girado facturas por un importe total de 4.240 euros durante el ejercicio 2023», señala Lázaro. 

El segundo aspecto incluido en la denuncia es el cobro de las dietas del Parlament para gastos propios en viajes, manutención y reuniones, así como el uso de tarjetas de crédito asociadas a la cuenta del grupo parlamentario, en la que se ingresó la cantidad de más de un millón de euros «para fines personales sin control de ningún tipo».

Con las tarjetas nominadas de ambos políticos de Vox «se realizaron pagos de bienes y servicios sin relación con su actividad parlamentaria, incluyendo gastos de hostelería y restauración (comidas, cafés, cenas); desplazamientos privados (posiblemente dobles cobros si también usaban dietas para ello); vacaciones personales en agosto y gastos familiares (peluquería de los hijos, comida a domicilio)», señala la denunciante en su escrito.

Lázaro indica que mediante la utilización de cuatro tarjetas bancarias a nombre de ambos Garriga, los dos máximos responsables del grupo de Vox en la Cámara catalana dispusieron «de la cantidad total de 105.568,68 euros durante los ejercicios 2022 y 2023». Por lo tanto, la suma de ese supuesto «doble circuito de apropiación de bienes públicos» asciende a 191.299.27 euros.

«Esta práctica evidencia, prima facie, que parte de la asignación parlamentaria destinada al grupo parlamentario Vox se empleaba en pagos ajenos a la actividad parlamentaria.  Además, en aquellos casos en los que dichos pagos encajaban dentro del concepto de dietas, los denunciados obtenían una doble percepción, ya que, por un lado, el Parlament les abonaba directamente las dietas y, por otro, financiaban sus gastos personales con la asignación del grupo. En consecuencia, al no destinar las dietas a los fines para los que fueron concebidas, los denunciados se apropiaban de ellas en su totalidad, lo que podría constituir una utilización irregular de estos fondos, advierte la denunciante.

Sobre el presunto delito de malversación de caudales públicos, Lázaro considera que Ignacio y Joan Garriga «han usado fondos públicos asignados a un grupo parlamentario para fines privados (uso de tarjetas en comidas, vacaciones, etc.) con evidente ánimo de lucro y de forma continuada». Y que ante la existencia de dicho ánimo de lucro personal, «correspondería la aplicación del subtipo agravado, con penas de entre 4 y 8 años de prisión e inhabilitación por un tiempo de entre 10 y 20 años».

En cuanto al delito de apropiación indebida, la exdiputada de Vox y líder del partido en Tarragona hasta mediados del pasado año considera que ambos Garriga «actuaron como únicos administradores de hecho a través de la utilización de sendas tarjetas bancarias, cada uno de ellos, para abonar gastos que no se correspondían con los fines propios de las asignaciones sino de carácter absolutamente personal y ajeno a su actividad parlamentaria».

Garriga devolvió «una pequeña cantidad del dinero utilizado para fines personales». En concreto, 380 euros. «El resto de las cantidades abonadas cuya naturaleza, además de personal y ajena a su actividad parlamentaria, se correspondían a las cantidades que percibían directamente del Parlament en concepto de dietas, configura, igualmente, la apropiación indebida de las mismas», argumenta la denunciante.

«Dado que se trata de múltiples gastos sostenidos en el tiempo es más que probable que se trate de una apropiación indebida por cuantía superior a los 50.000 euros, siendo entonces de aplicación una pena de prisión de entre 2 y 6 años, así como una multa de hasta el triple del valor apropiado», señala en el escrito de denuncia.  

El grupo parlamentario de Vox tenía 11 diputados la pasada legislatura y recibió un total de 1.046.749,56 euros anuales. Posteriormente, en octubre de 2024, la Mesa del Parlament aprobó un incremento de 200.000 euros anuales para todos los grupos con representación en la Cámara autonómica.

El propio Garriga ha reaccionado en las redes con un tuit tras la presentación de la denuncia en su contra. «Aquellos que quieren que Vox no siga avanzando, pues han ido a la Fiscalía con mentiras sin fundamentos y han presentado una denuncia», ha señalado el secretario general nacional de Vox.

«Pues bien, tranquilidad. Vamos por supuesto a presentar una querella contra estas calumnias, contra todos que sigan alimentando las mentiras. Porque lo que de verdad quieren, es que Vox no avance, que Vox no sea ese instrumento que cambie España de arriba a abajo. Nosotros vamos a seguir con la misma ilusión, con la misma determinación», ha subrayado. 

La auditoría interna del Parlament

La Oidora de Cuentas del Parlament catalán, el equivalente a un servicio de auditoría interna, ya apuntó en junio del año pasado que Ignacio Garriga había podido incurrir en posibles gastos irregulares por casi 40.000 euros durante los ejercicios de 2021 y 2022. Las cifras que estaban bajo la lupa de la Cámara catalana eran 39.361 euros en gastos por diversas vías. La más sustancial son 38.496,59 euros cobrados mediante facturas mensuales emitidas por Garriga a su grupo parlamentario como «pago de los servicios de despacho y atención en sede».

El organismo fiscalizador pidió a la Mesa del Parlament que comprobase si el líder de Vox en Cataluña había incluido en su declaración de actividades y bienes de los ejercicios 2021 y 2022 la realización de una actividad profesional. «Recordemos que los diputados deben presentar la declaración de actividades y bienes, de acuerdo con los artículos 18 Incompatibilidades y 19 Declaración de actividades y bienes, del Reglamento del Parlamento de Cataluña», se recuerda en el informe, si bien se añade que cada grupo «no está obligado a presentar las facturas, sólo de forma voluntaria».

Tras ello, Garriga devolvió la cantidad de 380 euros al Parlament tras las acusaciones de presuntas irregularidades en los gastos de la actividad del grupo parlamentario. Desde la formación de Santiago Abascal se indicó que era «falso» que Garriga «haya facturado gastos personales por importe de 38.496,59 euros». Dichos gastos «estudiados» correspondían a «un error en el uso de la aplicación móvil de pago Wallet» y ascendió a un importe de los citados 380 euros, que fueron reembolsados y subsanados.