Moncloa pospone la 'Ley Begoña' mientras amarra la abstención clave de Junts
Fuentes parlamentarias desvelan que el Gobierno ha frenado la calificación de la iniciativa este martes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez. | RRSS
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará máxima prioridad a la Proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, también conocida como ‘Ley Begoña’. Fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE desvelan que el Gobierno ha frenado la calificación de la iniciativa este martes en la Mesa del Congreso, lo cual implicaría el inicio de su tramitación parlamentaria con la máxima celeridad en la primera reunión ordinaria del órgano rector de la Cámara Baja, en el inicio del nuevo periodo de sesiones. El motivo es doble: tener margen negociador para amarrar el voto de Junts y ‘disimular’ tras dos meses bloqueando la iniciativa de Carles Puigdemont sobre la pseudo cuestión de confianza.
Además, Sánchez presidirá este martes la reunión del grupo parlamentario socialista en el Congreso. Presencia que pretende fijar las prioridades parlamentarias de este nuevo periodo de sesiones tras el periodo inhábil del mes de enero, durante el cual se anunció esta iniciativa parlamentaria. Algo que hace poco aconsejable la calificación por parte de la presidencia de Francina Armengol este mismo martes, redundando en la consabida utilización partidista de la presidencia del Congreso en beneficio del Gobierno. Y más después del forcejeo de la Mesa con Junts, al que se le bloqueó su proposición no de ley sobre una cuestión de confianza desde principios de diciembre, pese a que los servicios jurídicos permitían su calificación.
Fuentes gubernamentales consultadas por este periódico confirman que la intención del Ejecutivo es acelerar esta iniciativa, con carácter de Ley Orgánica, pero no antes de amarrar las conversaciones con Junts, con el que se llegó a una entente la semana pasada en la Mesa para calificar su iniciativa. El pacto del Gobierno y Junts fue que los de Puigdemont reformularían su contenido para que la norma no tenga «efectos jurídicos» sino simbólicos, en línea con lo expresado por los letrados de la cámara a mediados de diciembre. Sin embargo, Moncloa confía en que la ley no llegará siquiera a someterse a votación y se limitará a una palanca de presión en mitad de la negociación sobre el resto de la legislatura.
La ‘Ley Begoña’ desplaza a los PGE
En esa negociación, los socialistas parecen haber desplazado de su prioridad los presupuestos generales del Estado situando esta iniciativa en el ranking de las aspiraciones parlamentarias para este periodo. Así como las cuentas públicas generan recelos y dudas en el seno del Gobierno, esta iniciativa que pretende acotar la acusación particular y que tendría efectos directos en la investigación sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, en caso de ser aprobadas antes de que se cerraran las causas, genera optimismo en el Palacio de la Moncloa.
En el núcleo duro de Pedro Sánchez deslizan la palabra clave: abstención. Y explican que, pese a tratarse de una Ley Orgánica, su tramitación final, en segunda vuelta, depende de que el proyecto legislativo en cuestión obtenga más síes que noes, lo cual sólo requeriría de una abstención de Junts en caso de que conseguir el voto a favor del PNV, que consideran más factible y fiable en una negociación. En ese caso, los 174 votos del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG superarían a los 172 que suman PP, Vox y los dos diputados del Grupo Mixto de CC y UPN. Un estrecho margen que, según barajan en Moncloa, dejaría la luz verde de la aprobación a expensas del botón amarillo de los posconvergentes.
Aprobación en tres meses por vía de urgencia
Esto sólo serviría para el proceso final de la tramitación parlamentaria, al elevarse al pleno la consideración definitiva del dictamen y tras su paso por el Senado. Antes de ello, la presidencia del Congreso, en manos de la socialista Francina Armengol, ha de decidir si la proposición de Ley del PSOE se tramita por el procedimiento de urgencia como es la intención del Ejecutivo, lo cual supondría acortar a la mitad los plazos de tramitación también en el caso de la Cámara Alta. En un procedimiento ordinario, el dictamen de la iniciativa dispone de dos meses de tramitación en el Senado; por la vía de urgencia, se reduce a 20 días naturales. En total, el Gobierno estima que la norma podría estar en vigor en aproximadamente tres meses, en torno al mes de mayo.
Por ello, pese al retraso táctico de esta semana, la intención de Moncloa y Ferraz es pisar el acelerador y que la ‘Ley Begoña’ sea calificada la semana próxima en la Mesa del Congreso por vía de urgencia, y elevar la decisión al pleno cuanto antes. Una forma de anticiparse a las resoluciones judiciales sobre sus familiares directos que el entorno del presidente califica abiertamente de «cacería judicial». El cuestionamiento de los jueces es permanente, también por parte de Sánchez, que este lunes cuestionó directamente la «formación» de los mismos en los casos sobre violencia de género.
Lo que ahora se pretende es una victoria moral que sirva de ariete contra el poder judicial en su intento de derrocar al Gobierno. Entre las dudas sobre la continuidad de la legislatura y la aprobación de los presupuestos, Sánchez está decidido a dar luz verde a esta norma para ganar a los jueces la batalla en los casos que afectan a su familia. Tras el varapalo gubernamental de los dos rechazos a las querellas de la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado, el jefe del Ejecutivo quiere dar un paso más y mantener el pulso al poder judicial.
