El Congreso rechaza reprobar al fiscal general por las filtraciones como pedía el PP
Esta propuesta ha sido desestimada con 176 votos en contra y 171 a favor
Álvaro garcía Ortiz, fiscal general del Estado. | Europa Press
El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles reprobar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como pedía el Partido Popular a través de una moción que ha sido apoyada por Vox. En concreto, el PP pedía en una moción no vinculante que la Cámara Baja reprobase la «participación» del fiscal general del Estado en acciones destinadas a difundir información confidencial de personas investigadas por la Fiscalía «por motivos de relato político».
Esta propuesta de reprobación, rechazada con 176 votos en contra y 171 a favor, se refería a la investigación contra el fiscal general por presunto delito de revelación de secretos sobre el supuesto fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tal y como se señala en la exposición de motivos de la iniciativa. El pleno del Congreso ha rechazado todos los puntos de la moción, un total de siete, votados de forma separada.
El texto también pedía instar al Gobierno a «cesar en sus ataques a jueces y magistrados que deciden con independencia sobre la aplicación o no de los beneficios individuales de la ley de amnistía» o reclamaba al Gobierno abandonar su «práctica de veto generalizado por razones económicas a las proposiciones de ley».
Enrique Belda ha sido el diputado del PP encargado de defender la moción con argumentos como que el Gobierno busca «ganar impunidades presentes y futuras» con la reforma de la acusación popular, que los de Alberto Núñez Feijóo han apodado como «ley Begoña».
Sin embargo el PP ha recibido críticas incluso de Vox, pese a que este grupo ha apoyado la iniciativa. El diputado Javier Ortega Smith ha defendido que la degradación institucional y la «corrupción política» llevan décadas y las ha achacado al «bipartidismo del PPSOE» y a una «casta política profesionalizada».
El PSOE por su parte ha defendido, con la intervención de Arnau Ramírez, que el PP no tiene «ninguna legitimidad para hablar de deterioro democrático» porque «el que ensucia no se puede quejar de la porquería» y que la Justicia «estaría menos colapsada» si las «señorías del PP no hubieran delinquido».
A los reproches al PP se han unido aliados parlamentarios del Gobierno como el PNV, EH Bildu o Sumar, que en boca de su diputado Enrique Santiago ha acusado al PP de haber «organizado una persecución judicial al fiscal general con la excusa de una filtración procesal que ha sido diseñada desde la Puerta del Sol», sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Los mayores reproches han llegado del diputado de Junts Josep Pagès i Massó, que considera a los populares «palmeros de la dictadura de las togas», y ha cargado contra lo que considera la «soga nostra», los jueces del Supremo que no han aplicado la amnistía a Carles Puigdemont y otros magistrados a los que ha mentado por su nombre.
