España se suma a última hora a un texto de 17 países europeos contra Rusia por Navalni
No había firma española el domingo en el primer comunicado en el que se criticaba al régimen de Putin
Homenaje a Alexei Navalni tras su fallecimiento. | Foto: EFE
En plenas negociaciones diplomáticas sobre el futuro de la guerra en Ucrania, España se ha sumado a última hora a una iniciativa liderada por el Reino Unido contra Rusia en el primer aniversario de la muerte de Alexéi Navalni y que contó inicialmente con el apoyo de 17 países europeos y tres socios británicos de la Commonwealth: Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
La lista publicada el domingo tuvo veinte firmantes iniciales: Australia, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Rumania, Suecia, Islandia, Bulgaria y Reino Unido. Es decir, estaban las principales potencias europeas junto con los países bálticos y la mayoría de los centroeuropeos -a excepción de Hungría y Eslovaquia, que defienden los postulados de Rusia en la UE- y de los nórdicos. Por tanto, destacaba sobremanera la ausencia de España en la extensa lista.
«En el aniversario de la muerte de Alexéi Navalni, tras años de persecución por parte del Kremlin, expresamos nuevamente nuestro más sentido pésame a su familia. Reiteramos que la responsabilidad última de su muerte recae en las autoridades rusas. Un año después, el terrible historial de Rusia en materia de derechos humanos continúa deteriorándose», se indicó de inicio en el comunicado conjunto, en el que se ataca con dureza al régimen de Vladímir Putin.
«El Kremlin aplasta la disidencia pacífica, mantiene un clima de miedo y socava el Estado de derecho. Todo para servir a sus propios intereses. Mientras reflexionamos sobre el legado perdurable de Navalni, seguimos apoyando a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos que trabajan incansablemente para construir un futuro mejor para Rusia frente a un inmenso riesgo personal», prosiguieron los veinte países firmantes.
En el comunicado se subrayó que hay más de 800 presos políticos en Rusia, «muchos de ellos encarcelados por denunciar la invasión ilegal de Ucrania por parte del Kremlin y la brutalidad mostrada hacia el pueblo ucraniano». A juicio de los firmantes, «los informes del Relator Especial de la ONU ilustran cuántos presos políticos son torturados, cómo se les niega tratamiento médico adecuado y se les somete a detención psiquiátrica forzada». Por ello, hicieron hincapié en su señalamiento el Gobierno de Putin. «Somos claros: las autoridades rusas deben cumplir con sus obligaciones internacionales y liberar a todos los presos políticos».
THE OBJECTIVE preguntó este lunes al mediodía al Foreign Office por las causas de la ausencia española y si se había consultado el texto a Madrid, pero desde Londres se remitieron a lo que dijese la diplomacia española. Este diario preguntó a continuación a la Oficina de Información Diplomática (OID) por los motivos de no estar entre los firmantes. Antes de recibir una respuesta, se incluyó a España en el comunicado promocionado por el Reino Unido (ver abajo).
La ausencia inicial de España en el comunicado sobre el primer aniversario de la muerte de Navalni contrastaba con las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en febrero del año pasado cuando se produjo el deceso del opositor ruso en prisión sin que las autoridades locales aclarasen los motivos. En aquel momento, el jefe de la diplomacia trasladó la solidaridad de España a la viuda y su apoyo «a los que defienden la libertad y la democracia».
Tres días antes, cuando se conoció la muerte de Navalni, Albares aseguró que era «totalmente injustificado y nunca debería haberse producido», al tiempo que agregó que «el responsable último es evidentemente quien le puso injustificadamente en prisión por motivos políticos», en alusión a Putin. En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al embajador ruso en Madrid, Yuri Klimenko, para pedirle explicaciones por la muerte bajo custodia del opositor en un penal próximo al Ártico. Y el entonces jefe de legación en la embajada española en Moscú, Marcos Gómez, asistió al sepelio del opositor el 1 de marzo.
La detención de los abogados de Navalni
Amnistía Internacional exigió este domingo «verdad y rendición de cuentas» a las autoridades rusas por Navalni, quien murió el 16 de febrero de 2024 cuando se encontraba cumpliendo una pena de cerca de 30 años de cárcel por «extremismo y fraude» en una condena que el activista denunció como la culminación de una larga persecución política orquestada por Putin.
El activista de 47 años, que figuraba en la lista de individuos y organizaciones involucradas en actividades terroristas o extremistas en Rusia, llevaba encarcelado desde su detención en enero de 2021 cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose de un envenenamiento que él y los gobiernos occidentales atribuyeron al servicio de seguridad del presidente ruso. Moscú rechazó las críticas por su muerte y pidió esperar a los resultados oficiales de la autopsia. Sergei Narishkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, achacó la muerte del opositor a «causas naturales».
Un año después, Amnistía Internacional «sigue haciendo campaña por su memoria y por la suerte que corran sus abogados, hoy en prisión por defender a su cliente». La secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, aseguró a Putin que «no van a desaparecer» ni las preguntas sobre la muerte de Navalni «ni las peticiones para la rendición de cuentas». Esta ONG recordó que Antonina Favorskaya, Sergei Karelin y Konstantin Gabov fueron detenidos tras ser acusados de «participar en una comunidad extremista» por trabajar con proyectos de medios de comunicación fundados por el opositor.
Además, Amnistía condenó con firmeza el enjuiciamiento penal de los abogados de Navalni -Aleksei Lipster, Vadim Kobzev e Igor Sergunin-, encarcelados por cargos de extremismo «simplemente por defender a su cliente». Por ello, pidió la libertad inmediata e incondicional de todos ellos e instó a la comunidad internacional «a intensificar la presión sobre el Gobierno ruso para que ponga fin a estos y otros enjuiciamientos de motivación política».
