Sumar pide graduar los importes de las multas de tráfico a los ingresos de los infractores
El diputado de IU Enrique Santiago ha asegurado que países como Finlandia, Suecia o Dinamarca aplican estos criterios
Varios coches circulando por la carretera A3. | Dirección General de Tráfico (DGT)
El grupo parlamentario Sumar ha presentado este viernes una iniciativa para reformar el actual régimen sancionador de la Ley de Tráfico, de forma que la cuantía de las multas no solo se gradúe e incremente en función de la gravedad de la conducta, sino que también tenga en cuenta los ingresos y la renta los infractores.
Según ha recogido EFE, el secretario general del PCE y diputado de IU en el grupo Sumar, Enrique Santiago, ha dado cuenta en rueda de prensa en el Congreso de esta proposición de ley registrada con el objetivo de que la capacidad económica de una persona se considere en una sanción administrativa en materia de tráfico al igual que este criterio ya se aplica en la recaudación fiscal.
Actualmente, las multas establecen su cuantía en función de la gravedad, de forma que las conductas leves conllevan una sanción de 100 euros y las graves pueden superar los 500 euros en términos generales. La capacidad económica del infractor solo puede ser tenida en cuenta por un juez cuando la infracción es penal.
«Multas que arruinan el mes»
«Es fácil entender que pagar una multa de 100 euros no supone el mismo esfuerzo para quien cobra más de 5.000 euros que para quien cobra el salario mínimo. No puede ser que una multa arruine el mes a la mayoría de la gente y que para unos pocos la misma multa sea calderilla», ha defendido Santiago, que ve «justo» y «de pura lógica democrática» que una infracción tenga las mismas consecuencias, pero en función de su capacidad. Y ha apostillado: «quienes cuentan con poco pagarán menos, quienes cuentan con mucho pagarán más».
Santiago ha señalado que desde hace una década diferentes organismos como el Instituto Nacional de Administración Pública están en esta línea de incorporar este criterio a la regulación de las multas que aplican países como Finlandia, Suecia o Dinamarca, y en algunos casos Reino Unido.
«Hay un principio en el ámbito europeo que es que los ricos no deben poder comprar el derecho a violar o a saltarse la ley», ha aseverado el parlamentario antes de dejar claro que resulta «poco disuasorio» el importe de la multa para determinados infractores, en tanto que «desproporcionado» para otros. Además, ha subrayado que el artículo 31 de la Constitución contempla que «todos los ciudadanos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica».