Hacienda desvela la identidad de 11 de los asesores de Montero y oculta otros dos
Transparencia revela el perfil de las personas que rodean a la socialista después de varias negativas del Ministerio

Ilustración de Alejandra Svriz.
El Ministerio de Hacienda ha desvelado los nombres de los asesores de María Jesús Montero. Tras varios intentos por conocer la identidad de las personas que rodean a la vicepresidenta primera del Gobierno y la negativa del Departamento a revelarlos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha resuelto a favor de este periódico. THE OBJECTIVE ha tenido acceso a la información sobre 11 de los 13 asesores de la ministra andaluza. El organismo público ha autorizado mantener ocultos los nombres de los dos restantes.
Estas dos personas se han opuesto a la divulgación de sus datos por dos motivos concretos. El primero, porque «podría afectar a su vida personal y a la protección de datos del entorno familiar»; y el segundo, por razones de «intimidad y seguridad». Una de ellas, asesor del Gabinete de la Vicepresidencia, percibió en 2023 un salario bruto de 89.714,46 euros. La otra, adscrita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, dirigida por María José Gualda Romero, recibió una retribución de 91.216,42 euros.

Hacienda ha dejado constancia de que «ningún funcionario» designado por la nueva líder del PSOE en Andalucía percibe «retribuciones superiores a las de la plaza que ocupa». Este diario ha obtenido los datos sobre identidad, cargo y salario de estas 11 personas, además de verificar su trayectoria a partir de información pública accesible para cualquiera.
Gabinete de la vicepresidenta
En cuanto al Gabinete de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, son cuatro las personas que asesoran a Montero. En primer lugar se encuentra Jaume Coll Viñas, actual director de coordinación del departamento. Graduado por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Pompeu Fabra, ha trabajado como redactor en la sección de Economía de Cinco Días, diario económico del Grupo PRISA, y como director de Comunicación del Ministerio de Hacienda. En 2023 percibió un salario bruto de 115.237,86 euros.
El segundo asesor es José Antonio Hernández de Toro, que ocupa el cargo de asesor coordinador del gabinete. Con una trayectoria centrada en la gestión de relaciones institucionales y asuntos públicos, ha trabajado tanto en el sector público como en ONG y organismos internacionales. Fue asesor de la ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2010 y 2011; posteriormente, dirigió la Oficina de Perú hasta 2018 y formó parte del Gabinete del Ministerio de Educación de Isabel Celaá hasta julio de 2021. Desde entonces, es asesor de Montero y percibe una retribución bruta de 94.631,02 euros.
El tercer nombre es el de Jaime Diez Bermejo, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Anteriormente, fue asesor de la socialista Reyes Maroto y también formó parte del Consejo de Administración de Paradores. Actualmente, desempeña funciones como asesor de la vicepresidenta primera del Gobierno y al igual que el cuarto integrante del gabinete, cuya identidad no ha sido revelada, su salario correspondiente a 2023 tampoco ha sido desvelado.
Rodeada de fieles en el de Hacienda
En cuanto al Ministerio de Hacienda, la selección de asesores responde a un círculo de confianza estrecho. Incluso uno de los tres nombres vinculados a Montero ha estado a su lado desde su etapa al frente de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía, en 2004. Este es César Veloso Palma, licenciado en Ciencias Económicas, que la acompañó también durante su mandato como consejera de Hacienda en Andalucía (2013-2018) y posteriormente en su llegada al Ministerio. Considerado parte del entorno más próximo de Montero, en 2023 percibió un salario bruto de 108.298,73 euros por sus servicios.
Otra fiel asesora de Montero es María Pilar Rodríguez Martín. Ingresó en 2018 como asesora de prensa de la ministra, y tras casi dos años, pasó a formar parte del gabinete. Desde enero de 2020 ocupa este puesto, aunque también tuvo una breve etapa, de seis meses, como directora del gabinete de Igualdad, donde trabajó junto a Ana Redondo. Sin embargo, regresó a su puesto original en Hacienda. Según los datos del Ministerio, en 2023 recibió un total de 89.298,73 euros.
Figura además Isidro González de Vega Castro, que cuenta con más de 20 años de experiencia en gabinetes ministeriales y parlamentarios. A lo largo de su carrera, ha trabajado para varios ministros socialistas. Fue asesor ejecutivo de las ministras de Vivienda y Agenda Urbana en el Ejecutivo de Zapatero, María Antonia Trujillo y Carme Chacón (años después, volvería a asesorar a Chacón en el ámbito parlamentario, cuando ésta fue ministra de Defensa). Tras diversas etapas en otros proyectos, regresó a la política de la mano de Montero en 2018. Sin embargo, lo más destacado de su trayectoria fue su etapa como asesor en el gabinete de Pedro Sánchez, entre julio de 2021 y julio de 2022. Después de pasar por el equipo de Teresa Ribera, regresó a trabajar con Montero en el Ministerio de Hacienda. Según los datos remitidos a este periódico, recibió en 2024 un total de 91.493,29 euros por su labor durante el año anterior.
El resto, en las Secretarías de Estado
Los otros cinco asesores restantes —sin contar al otro asesor cuyo nombre permanece oculto— forman parte de las Secretarías de Estado del Ministerio. En la de Hacienda se encuentran dos nombres: Julián Manuel Borrego Romero, cuyo salario bruto en 2023 fue de 83.725,02 euros, y María Tejera Migens, quien recibió un total de 71.875,02 euros.
La Secretaría de Presupuestos y Gastos cuenta con el asesoramiento de Luis Santiago Pérez Blázquez, que recibió una retribución de 90.903,02 euros en 2023, y de David Valera Jiménez, cuyo salario bruto ascendió a 77.124,02 euros. Por último, en el gabinete de la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena, se encuentra Diego Delgado Valor, que ganó 71.471,02 euros por sus funciones de asesoría durante 2023.
La falta de transparencia sobre los asesores del Gobierno queda reflejada en la escasa información que se publica de forma proactiva. La Administración solo comparte datos generales, como el número total de asesores o el gasto mensual que representan en conjunto, sin detallar aspectos específicos. La única vía para obtener más información continúa siendo a través de solicitudes de información pública.