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Política

Transportes se niega a averiguar si las mascarillas de la 'trama Koldo' están caducadas

En los almacenes del ministerio aún queda material sanitario adquirido por la trama, pero hay que abrir los palés

Transportes se niega a averiguar si las mascarillas de la ‘trama Koldo’ están caducadas

Cargamento de mascarillas llegados a Baleares, imagen de archivo. | CAIB

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se niega a averiguar si las mascarillas que todavía almacena de la ‘trama Koldo‘ se encuentran caducadas porque, para conocerlo, necesita abrir los palés. Tal y como indican los datos de Transparencia a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, «no se puede comprobar la fecha de caducidad de todas las mascarillas almacenadas sin poner a un equipo de empleados a comprobarlo in situ en los almacenes al estar todas empaquetadas en palés, lo que impide el acceso a las fechas de caducidad de las cajas individuales sin desmontar todos los palés y comprobarlo caja por caja». Además, señalan que «no puede indicarse la cantidad exacta -de mascarillasque ha sido consumida o que se encuentra actualmente en los almacenes del ministerio».

En lo relativo a otro material sanitario que fue adquirido en grandes cantidades durante la pandemia, como el gel hidroalcohólico y guantes de látex, se apunta que «no se trata de material inventariable y que su adquisición se va produciendo cuando se agota el stock disponible».

Según el registro de los gastos para la compra de este tipo de material, existe un expediente de contratación del año 2020 por un importe de 18.077,88 euros y siete compras por caja fija por importe total de 11.030,57 euros para la adquisición de gel hidroalcohólico. Asimismo, están recogidos tres gastos de caja fija para la obtención de material sanitario de prevención (guantes, buzos desechables, etc.) por un importe total de 4.225,52 euros.

Caso Koldo

El caso Koldo, también conocido como ‘operación Delorme’ o ‘caso Ábalos’, es una presunta trama de corrupción relacionada con la contratación pública de mascarillas durante la pandemia de la covid en España. El nombre del caso proviene de uno de los principales implicados, Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos en tiempos del virus.

La investigación se centra en la posible adjudicación irregular de contratos públicos para la adquisición de material sanitario, especialmente mascarillas (imprescindibles en la situación pandémica), a cambio de comisiones fraudulentas. Se sospecha que, durante la primera etapa de la pandemia, Koldo García utilizó su influencia y conexiones políticas para beneficiar a ciertas empresas en la consecución de contratos públicos, recibiendo a cambio comisiones que no se correspondían con su actividad oficial.

En febrero del pasado año, la Guardia Civil llevó a cabo una serie de detenciones relacionadas con el caso, incluyendo a Koldo García y a su entonces esposa. Se sospecha que García Izaguirre aumentó considerablemente su patrimonio durante el período 2020-2022, realizando adquisiciones inmobiliarias de alto valor, como tres apartamentos en Benidorm valorados en 1,5 millones de euros. Además, se investiga la posible implicación de su hermano, Joseba García, que también habría visto un incremento significativo en su patrimonio.

Lo cierto es que la investigación ha revelado conexiones con otros altos cargos y figuras políticas. Un ejemplo de ello es la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, que declaró que Ábalos le consultó acerca de la contratación de personal en Ineco, empresa en la que trabajaban la expareja de Ábalos y el hermano de García. Otra figura destacada es el empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario de la trama, quien frecuentaba el Ministerio de Transportes.

Pero no queda ahí, ya que hay más señalados por el caso Koldo. Algunos de ellos son Salvador Illa, Ángel Víctor Torres, Francina Armengol y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este último no a título personal sino por las reuniones que mantuvo su esposa, Begoña Gómez, con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, con quien hizo gestiones para importar mascarillas durante los primeros días de la pandemia.

El caso ha enfrentado varios obstáculos legales y procesales. En febrero de 2025, se informó de un error en la cadena de custodia que comprometió los registros, tras la aparición de una caja con documentos en la Audiencia Nacional un año después de las primeras inspecciones. Este error podría cuestionar la validez de algunas pruebas y los registros efectuados en domicilios de los implicados.

A pesar de las complicaciones, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ha decidido este pasado mes de febrero mantener la investigación durante al menos otros seis meses, debido al abundante material incautado que aún está siendo analizado y que podría derivar en nuevas imputaciones.

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