Anticorrupción y la UCO fueron alertadas del intento de soborno a la testigo Carmen Pano

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fueron alertadas de las maniobras llevadas a cabo por un despacho cercano al PSOE para sobornar, presuntamente, a la empresaria Carmen Pano, que dice haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede de los socialistas en Ferraz. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y el instituto armado hace aproximadamente 15 días, antes de su declaración ante el Tribunal Supremo, por la presunta comisión de un delito de obstrucción a la justicia, en su tipificación específica de coacción a un testigo.

Sin embargo, los agentes del instituto armado decidieron «esperar», ya que, por el momento, los hechos son «indemostrables». Fuentes cercanas a las negociaciones consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que ninguno de los involucrados pudo grabar las conversaciones, ya que «les requisaron los teléfonos» antes de la reunión.

Los hechos se remontan al 21 de febrero, cuatro días antes de que Carmen Pano tuviera que declarar como testigo ante el Tribunal Supremo, en el marco del caso Koldo. En el interrogatorio, Pano iba a ser preguntada por las dos bolsas con 45.000 euros en cada una de ellas que fueron entregadas en la segunda planta de la sede del PSOE, así como sobre el chalé en Cádiz, adquirido por la trama de los hidrocarburos para el exministro José Luis Ábalos a cambio de la obtención de una licencia que les permitiera comercializar combustible en España. Según audios y conversaciones a través de WhatsApp, a los que este periódico ha tenido acceso, se demuestra cómo Leticia de la Hoz, directora del departamento jurídico de IDBO Consultant, se reunió con Pano y un socio de ésta el viernes a las 20:00 horas en la sede de su despacho de abogados, ubicada en la calle Serrano número 32.

El encuentro se prolongó durante hora y media, y las condiciones quedaron claras. Según testigos presenciales, De la Hoz exigió «amoldar la declaración de Carmen Pano». La intención era sembrar dudas sobre su testimonio y poner en entredicho la veracidad de sus palabras ante el magistrado Leopoldo Puente. Para ello, se le pidió que modificara de forma sustancial lo declarado previamente ante los agentes de la UCO, el 16 de diciembre de 2024, cuando fue detenida. Le indicaron que «testificara que, en la sede del PSOE, llevó un sobre DIN A4 que le entregó Víctor de Aldama, pero que desconocía si el sobre contenía dinero». Además, le sugirieron que dijera que «podría haberlo supuesto, ya que había transportado dinero anteriormente a Aldama, pero no lo vio». También le pidieron que omitiera cualquier mención al PSOE y que no nombrara a Santos Cerdán. Por último, le pidieron que no implicara a Ábalos en su declaración; «eso no le conviene al partido», aseguraron.

Más de 200.000 euros

Tras escuchar sus exigencias, Pano y su socio se interesaron por saber qué ofrecían a cambio. A sabiendas de la precaria situación económica de Pano, cuyas cuentas han estado bloqueadas por la justicia hasta hace pocas semanas, y que adeuda varias mensualidades del alquiler de su vivienda en las Rozas, De la Hoz preguntó: «¿Cuáles son tus necesidades básicas?». El acompañante de la empresaria explicó la precariedad económica en la que se encuentra Pano ante la inminencia de la boda de su hija, Leonor González Pano, cuyas cuentas y las de su pareja también fueron bloqueadas por orden judicial durante meses imposibilitando el pago de un crédito de 17.000 euros para la celebración matrimonial.

Motivo por el cual se concretó la cifra de 50.000 euros «de momento», entre «25.000 para la boda, los alquileres tres meses y otro de margen», y otra parte para el segundo participante de la reunión. En otro momento de la conversación, se contempló la posibilidad de costear el alquiler de la vivienda de Carmen Pano durante los siguientes cinco años, un coste superior a los 200.000 euros. Aunque esta oferta a futuro quedó a expensas «de cómo se desarrollen los acontecimientos», es decir, que la empresaria se comprometiera a mantener su silencio en su próxima declaración ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el próximo miércoles 19 de marzo, y en sucesivas comparecencias.

Durante la negociación, De la Hoz mostró cómo se manejaba el proceso de negociación. «Leticia entraba y salía del despacho, manteniendo conversaciones telefónicas con los abogados del PSOE. Se escuchaba a la otra parte cuando quitaba el micrófono». Tras obtener el visto bueno por parte de los socialistas, De la Hoz volvió al despacho: «Lo de Carmen me han dicho que sí, que lo tuyo sí». El resto, «en interrogante». Aunque los interlocutores socialistas no aprobaron los 20.000 euros destinados al segundo socio de Pano, tampoco hubo un rechazo explícito. La reunión concluyó alrededor de las 21:30 horas, con el compromiso de continuar las conversaciones durante el fin de semana y resolverlo el lunes 24, víspera de la declaración de Pano en el Tribunal Supremo. El socio de Leticia de la Hoz en IDBO, Ángel Prieto, realizó una llamada telefónica al acompañante de Pano, el sábado a las 13.00 horas, en la que aseguró que ya estaban recabando el dinero para proceder al pago. «Estamos preparando el dinero. El lunes nos vemos», afirmó.

La ruptura del pacto

Sin embargo, Pano tenía claro que no modificaría «ni una coma» de su testimonio ante la UCO. Así, cuando llegó el momento de declarar en el Supremo, ratificó los pagos realizados en Ferraz y la compra del chalé para Ábalos a través de una sociedad vinculada a Claudio Rivas y cuya administración recae en su hija, Leonor González. No obstante, Pano omitió mencionar a Santos Cerdán ni al ministro Ángel Víctor Torres, aunque el magistrado le preguntó por ellos.

Cabe recordar que, tal como adelantó este periódico, Víctor de Aldama y sus socios mantuvieron varias reuniones con Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, para tratar de establecer una refinería en Tenerife, cuyo objetivo era importar directamente combustible a España, sin necesidad de pasar por la República Dominicana, como era habitual en ese momento. Al menos se celebraron cuatro encuentros entre las partes: dos en Madrid y otros dos en Canarias.

El silencio de Pano no sirvió para nada a los abogados de IDBO, y el pacto con los letrados Leticia de la Hoz y Ángel Prieto, encargados de la defensa de Patricia Úriz (esposa de Koldo García), su hermano Joseba y el empresario Jesús de Gregorio, se vino abajo. Tras la declaración en el Supremo, Leticia de la Hoz reprendió al empresario que acompañó a Pano por el interrogatorio en el tribunal y la confirmación de los 90.000 euros entregados al PSOE en dos entregas en octubre de 2020, por orden de Víctor de Aldama. «¿Cómo hacéis eso? Eso no se hace así. ¿Cómo habéis hecho eso?». Luego, concluyó: «Carmen no se va a atrever a mirarme a los ojos otra vez. Ahora ya no podemos hacer nada. No tenemos margen de maniobra».

El miércoles 26 de febrero, se celebró una nueva reunión en el despacho de IDBO, esta vez para hablar de la venta de un negocio que no guardaba relación alguna con el caso. En lugar de De la Hoz, estuvo presente Ángel Prieto, que sugirió la posibilidad de que el acuerdo pudiera mantenerse en vigor para la siguiente declaración de Pano, el 19 de marzo en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, en el contexto de la trama de los hidrocarburos. «Vamos a ver cómo se reconduce esto», indicó Prieto, estableciendo nuevas condiciones. Según testigos presenciales, Pano reaccionó con firmeza: «Aquí las condiciones las pongo yo», dejando claro que no cambiaría «ni una coma» de lo que ya había declarado ante la UCO y el Supremo.

Carmen Pano nunca consideró aceptar el pacto. Fuentes cercanas a su defensa sostienen que fue un «pacto trampa» destinado a «desacreditar» a su cliente, sabiendo que no aceptaría las condiciones y lo haría público para «erosionar su credibilidad» y poner en duda los pagos a Ferraz. Por todo esto, «Carmen nunca responde, pero alimenta el pacto para ver hasta dónde llegan», tras recibir asesoramiento que le indicó que ofrecer dinero a un testigo en el caso contra José Luis Ábalos constituía un intento de «obstrucción a la justicia» a través de la coacción de un testigo, tipificado en el artículo 172.2 del Código Penal, y castigado con penas de uno a tres años de prisión.