Robles tiene un último gesto con el general al que puso tres años en un destino «ficticio»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tenido un último gesto con el general auditor Alfonso Barrada, ascendido hace más de tres años para facilitar su entrada en la presidencia del Tribunal Militar Central y que, ante la falta de renovación del órgano de los jueces, estuvo todo ese tiempo en la Asesoría Jurídica General de la Defensa sin destino alguno. Una insólita situación que fuentes militares consultadas por THE OBJECTIVE tildaron de «escandalosa» en su momento.

El Boletín Oficial de Defensa (BOD) publicó este miércoles la renovación de la comisión de servicio a favor de Barrada para que prolongue hasta el 31 de mayo, fecha de su pase a retiro, su cargo de director del curso de Alta Gestión Administrativa y de la Organización que imparte el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden).

De esta forma, el citado general pasará sus dos últimos meses en activo en un puesto en el Ceseden que fue «un invento y un bluf total» -en palabras de un responsable del área jurídica del ministerio- de la actual secretaria de Estado, Amparo Valcarce, hace unos años para mantener en activo -y con el mismo sueldo- a Jerónimo Domínguez Bascoy, otro general jurídico en la reserva que pasó a retiro en septiembre del año pasado. Lo más grave, a juicio de la citada fuente, es que Barrada no tendrá ningún cometido concreto de aquí a finales de mayo porque el citado curso -impartido a distancia en su mayor parte- ya ha concluido.

El caso del general Barrada ha provocado enorme malestar dentro del Cuerpo Jurídico Militar en los últimos años porque su ascenso en junio de 2021 se hizo sin una vacante que ocupar y penalizando a otros coroneles. Fue un destino «ficticio» que desveló el digital Fuentes Informadas en marzo de 2023, con la agravante de que no se pasaba a trabajar por la Asesoría Jurídica General, en la sede del Ministerio, sino que acudía a un despacho del Juzgado Togado Militar Territorial número 2 sin estar allí destinado.

A raíz de conocerse esta irregular situación, prolongada durante dos años en los que Barrada mantuvo intacto su sueldo «sin dar palo al agua», en palabras de un compañero suyo, Robles ordenó que se le buscase un despacho en la séptima planta del Ministerio de Defensa, donde está el máximo órgano en el ámbito del asesoramiento jurídico de su departamento. Allí estuvo más de un año sin hacer ruido.

La parálisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio en febrero del año pasado una oportunidad a la ministra para encontrar una salida a este caso enquistado. El órgano de control de los jueces publicó entonces una lista de vacantes a cubrir dentro de la justicia militar en comisión de servicio. En total, fueron 11 plazas. La más importante era la de vocal togado en el citado Tribunal Militar Central (TMC), a la que se podía presentar cualquier general auditor en servicio activo. Y el único que estaba en esa situación y sin destino en aquel momento era Barrada, por lo que sus compañeros pensaron que ese puesto ya tenía dueño.

Pero no fue así para sorpresa de propios y extraños, pues el general auditor no presentó su candidatura. La plaza volvió a quedar vacante y el CGPJ nombró en abril vocal togado en funciones del TMC a la coronel auditor Inmaculada Benavente Cózar, que era la presidenta del Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla) y que se convirtió en la primera mujer en formar parte de la Sala de Justicia de este órgano.

La elegida para esta vacante en el TMC tuvo unas polémicas declaraciones a principios de años tras llamar «mierda de gente» a los magistrados de la Sala Militar del Tribunal Supremo por revocar una sentencia de marzo de 2023 y dictar una nueva en la que se aumentó a seis años la pena de cárcel que ella impuso a un sargento por un delito de homicidio imprudente. Benavente Cózar será sustituida con toda probabilidad por Begoña Aramendía, quien precisamente este miércoles fue ascendida a general consejero togado y ha presentado su candidatura al Tribunal Militar Central.

Los jueces afines a Robles

Barrada forma parte del grupo de jueces afines a Margarita Robles junto a José Alberto Fernández Rodera y Fernando Marín Castán, dos magistrados de la Sala Quinta del Supremo que apenas han tenido trabajo estos últimos años ya que el TMC casi no ha generado sentencias, al estar «en cuadro» por la parálisis del CGPJ. La «aspiración» del primero siempre ha sido ocupar una plaza en dicha sala del Supremo antes de pasar a la reserva en junio. De ahí el movimiento de Robles de llevarle al Ceseden con un nombramiento oficial en el BOD, pues hasta septiembre el año pasado solo había sido ascendido a general… pero no tenía un destino asignado. «Sus apoyos son Fernández Rodera y la propia Robles, que mueven varias fichas en el nuevo CGPJ», avisaron las citadas fuentes en septiembre, cuando se conoció la primera comisión de servicio.

Barrada ha presentado candidatura a la Sala de lo Militar del Alto Tribunal junto a José Luis García Castell, Antonio Pulido y Ángel Turienzo, pero tiene pocas posibilidades ante sus rivales y en Defensa ya se da por hecho que no saldrá elegido por «sus años ociosos» y la mencionada conducta que tuvo en la Asesoría Jurídica General. De ahí que la ministra haya querido tener un último gesto con él prolongándole su estancia en el Ceseden hasta finales de mayo, momento de su pase a retiro.