La abogada que ofreció un pacto a Carmen Pano tiene relación con el PSOE desde 2018

La relación entre el PSOE y la directora jurídica del despacho IDBO, Leticia de la Hoz, se remonta a mayo del año 2018. En esas fechas, De la Hoz representaba legalmente a la familia de Juan Cuatrecasas, cuyo hijo había sido víctima de abusos sexuales en el colegio Gaztelueta de La Rioja. Junto a otras familias de víctimas de abusos de diversa índole se celebró una reunión con el PSOE en las dependencias del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, en el número 40 de la Carrera de San Jerónimo y de la cual consta la instantánea a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Un encuentro al que asistió Rafael Simancas y Meritxell Batet, apenas un mes antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018.

Según fuentes presenciales, Cuatrecasas y De la Hoz acudieron con la intención de canalizar las denuncias de todo tipo de abusos a la infancia, con especial atención a los de tipo sexual en el seno de la Iglesia Católica. La impresión de las fuentes consultadas es que el encuentro «tenía un fin político», como se evidenció en las múltiples muestras de «admiración y afinidad» expresada por sus promotores. Un fin político que se consumó un año más tarde con el fichaje de Juan Cuatrecasas como número dos de las listas electorales del PSOE por La Rioja en las generales de noviembre de 2019.

Tras ese primer encuentro, Cuatrecasas y De la Hoz acordaron establecer las bases para una fundación llamada Infancia Robada, que aunaba a víctimas del colectivo entre las cuales se encontraban algunos de los representados legalmente por la letrada de IDBO en su despacho de la calle Serrano, 32 de Madrid. La letrada se erigió en una suerte de portavoz del colectivo, presidido por Juan Cuatrecasas. Amparada por su condición de diputada en Cortes, De la Hoz logró un altavoz institucional en el Congreso para su fundación, según diversas fuentes consultadas por este periódico: «En cuanto crearon la fundación, entraba por el Congreso como Pedro por su casa, promocionada por el PSOE».

Asesora del Defensor del Pueblo

Este fue el principio de «un vínculo permanente con el PSOE», según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, que relatan cómo el grupo socialista la eligió en junio de 2020 como ponente en la Comisión de Derechos de la Infancia durante la elaboración de la Ley Integral de Protección a la Infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada un año más tarde, en junio de 2021. Acudió varias veces más al Congreso de los Diputados a reunirse con el grupo socialista. Infancia Robada también se reunió con otras formaciones, aunque De la Hoz sólo se fotografió con el grupo socialista con quien siguió afianzando su relación. En 2022, fue nombrada asesora del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y se incorporó en junio del ese año al equipo que redactó el informe sobre abusos en el seno de la Iglesia.

Esta relación profesional entre el despacho de la consultora financiera IDBO y el grupo socialista, a través del diputado nacional y presidente de la fundación Infancia Robada, germinó hasta el momento actual en que Leticia de la Hoz asumió la defensa letrada de la mujer de Koldo, Patricia Úriz, su hermano, Joseba García, y Jesús de Gregorio, vinculado a la organización criminal de los Miami, salpicado en la trama de los hidrocarburos. Este es el contexto en el que se produjo el pasado 21 de febrero la reunión entre Leticia de la Hoz y Carmen Pano en la sede del despacho IDB en Serrano, 32, en la cual se le hizo una oferta para rectificar su testimonio sobre la entrega de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz a cambio de 50.000 euros, para sus «necesidades básicas» en un primer momento, ampliable a más de 200.000 en concepto del pago de su alquiler mensual durante cinco años «en función de como se desarrollen los acontecimientos».

El intento de soborno: de 50.000 a 200.000 euros

Según audios y conversaciones a través de WhatsApp, a los que tuvo acceso este periódico, se demuestra cómo Leticia de la Hoz y su socio, Ángel Prieto, se reunieron con Pano y un socio de ésta el viernes 21 a las 20 horas por espacio de hora y media. La letrada de IDBO le exigió «amoldar la declaración» y modificar lo declarado previamente ante los agentes de la UCO, el 16 de diciembre de 2024, cuando fue detenida. Se le indicó que «testificara que, en la sede del PSOE, llevó un sobre DIN A4 que le entregó Víctor de Aldama, pero que desconocía si el sobre contenía dinero», que dijera que «podría haberlo supuesto, ya que había transportado dinero anteriormente a Aldama, pero no lo vio». Y, ante todo, que «no mencionara a Santos Cerdán y desvinculara al partido».

Fuentes presenciales relatan a THE OBJECTIVE que «Leticia entraba y salía del despacho, manteniendo conversaciones telefónicas con los abogados del PSOE. Se escuchaba a la otra parte cuando quitaba el micrófono». Tras obtener el visto bueno de sus interlocutores socialistas, De la Hoz volvió al despacho: «Lo de Carmen me han dicho que sí, que lo tuyo sí». En los días posteriores, su socio Ángel Prieto telefoneó al acompañante de Pano, el sábado a las 13 horas, para asegurarle: «Estamos preparando el dinero. El lunes nos vemos». La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fueron alertadas de estos hechos hace aproximadamente 15 días, apenas 24 horas antes de la declaración de Carmen Pano en el Tribunal Supremo el martes 24 de febrero, por la presunta comisión de un delito de obstrucción a la justicia, en su tipificación específica de coacción a un testigo.